El Poder Legislativo y la calidad de la democracia

Lunes 12 de abril de 2021. La construcción de leyes de calidad, debe ser un proceso valórico de orden ciudadano para dar respuesta a las necesidades del tejido social, y un piso firme de legitimidad para el ejercicio de gobierno y la funcionalidad institucional.

La complejidad que reviste el secuestro de la función parlamentaria ha desvirtuado el sentido de la labor legislativa y extraviado el valor de los derechos políticos y las libertades civiles, que hacen que la gobernabilidad se sustente en la representación de la participación ciudadana en el ejercicio de gobierno.

¿Cómo asegura la calidad de la democracia?

En un país donde la libertad política es la sustancia de la democracia legislativa, el Parlamento no pueden quedar a merced de la inoperatividad inescrupulosa de una mayoría, que en forma irresponsable demerita el valor de las instituciones públicas, como los ataques al Instituto Nacional Electoral (INE).

La verticalidad intervencionista del Poder Ejecutivo está provocando una crisis en nuestra democracia, que se refleja el quebranto institucional y la erosión de la credibilidad y confianza ciudadana en el sistema político y de partidos; consecuencias de un enfoque de gobierno arbitrario y opresor de las libertades fundamentales que debe preservar.

En este trazo, la calidad de la democracia en el quehacer parlamentario constituye un elemento vital para trascender a la creación de leyes que sean una prescripción certera que contribuya a fortalecer la evolución y desarrollo del Estado de Derecho, Social y Democrático, cuyo paradigma sea la eficiencia de un sistema de justicia cotidiana, pronta y expedita.

No podemos vivir en un régimen de receta política donde la demagogia del púlpito discursivo se reduce a simular avances de planes y programas, convertidos en disfraz de las carencias que tiene el proyecto de nación; despropósito que, en modo alguno justifica o explica esta mezcla tóxica entre gatopardismo y populismo de gobierno.

En este lapidario panorama político, el Poder Legislativo se ha convertido en un comparsa de los apetitos gubernamentales, obstruyendo los avances de una legislación de vanguardia, que haga frente a los problemas de la pandemia, a los de seguridad y a los económicas. Lo único que sobresale es la impericia, las directrices erróneas de las políticas públicas y los hacedores de milagros gubernamentales.

Es un imperativo asegurar la calidad de las prácticas democráticas del Poder Legislativo, lo que equivale a mejorar el diseño en la creación de leyes, de tal manera que den mayor certidumbre no sólo jurídica, por su aceptación y acatamiento social, sino porque edifiquen la eficacia que requiere todo gobierno para concretar los objetivos del quehacer público.

Considerando que el epicentro de la tarea legislativa no se circunscribe a la tarea de crear leyes; la potestad del Poder Legislativo tiene que ir más allá de esta fundamental atribución, y proyectarse en la creación de una dimensión estratégica de acción social, que modere y armonice la dinámica social.

En este sentido, una reflexión de forma y fondo nos la ofrece Giovanni Sartori en “Ingeniería constitucional comparada”, cuando nos expresa que: …el parlamento debe hacer del salto cualitativo para hacer de la Ley, un espacio de ingeniería constitucional, donde la calidad de la democracia se refleje en la concreción, vigencia e impactos de la Ley, que incidan directamente en una eficaz gobernanza activa, capaz de brindar oportunidades y equidad democrática a la población.

La pesadumbre social ante el evidente desfase de la calidad de la democracia legislativa, permite asumir que el Poder Legislativo se ha vuelto antípoda de la dinámica social, lo que hace evidente su falta de legitimidad y su precaria representatividad, por estar divorciado de los intereses sociales; actitud obstruccionista que exige revisar las prácticas legislativas y las implicaciones del juego de poder en las arenas políticas parlamentarias, que han llevado a simular ejercicios de participación ciudadana en parlamentos abiertos, ignorando sin mayor explicación las aportaciones viables, objetivas y valiosas.

El enfoque político que prima en torno al desempeño de una mayoría legislativa como la actual, priva al ciudadano el valorar la importancia de un órgano como el Poder Legislativo, cuyo desempeño estratégico, esencial para preservar y fortalecer la estabilidad democrática de la nación, convierte su soberanía en un despropósito, que impone la “Ley del más fuerte”, y enclaustra y maniata las posturas y propuestas legislativas de las demás fracciones parlamentarias, haciendo prevalecer la tiranía de un sórdido juego, que convierte al ciudadano en un náufrago del ejercicio de gobierno.

De forma y fondo, la respuesta se encuentra en exigirle al Poder Legislativo mayor calidad democrática de sus procesos parlamentarios, que permitan enfrentar la derrota de una democracia secuestrada y las agresiones que erosiona la columna vertebral de las libertades institucionales y democráticas.

La directriz lógica que demanda la calidad de la democracia legislativa, comienza en la conciencia cierta del legislador, ya que como representante ciudadano sabe que su tarea no puede constreñirse a una postura ideológica; por lo que legislar es un ejercicio político de compromiso social, cuya prioridad es constituirse en un interlocutor válido de las aspiraciones sociales, que hacen de la prospectiva del proyecto de nación, la construcción expresa de su pueblo.

Históricamente se han trasgredido con peligro los puentes entre sociedad y gobierno, y esta realidad encuentra explicación y cauce en las anomias de las arenas políticas de los legisladores, que han trastocado el sentido de Parlamento Abierto, dejando al margen la voz ciudadana que hoy, lacónicamente, no encuentra en la figura del legislador ese interlocutor que cataliza el valor de la voluntad del mandato ciudadano.

Ha llegado el momento de repensar el destino de la nación. Admitamos que el rumbo del ejercicio de gobierno debe ser escrutado por las fuerzas políticas y la ciudadanía. No hacerlo se habrá pavimentado el quebranto institucional que plantea sólo dos caminos: “o los demócratas acaban con la crisis del autoritarismo antidemocrático, o el autoritarismo antidemocrático de Estado acabará con la democracia”.

Agenda

  • Son inconcebibles las amenazas vertidas en contra del INE y de sus consejeros, que en cumplimiento de su responsabilidad y de la ley, retiraron 49 registros candidaturas, 2 de gobernador, 25 de diputados federales, 6 de diputados locales y 6 de alcaldes.
  • De acuerdo con un estudio comisionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). México pudo evitar la muerte de 190.000 personas Es el tercer país con más muertes por COVID-19 y ocupa el cuarto lugar en exceso de mortalidad en una muestra en todo el mundo.

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