La fiscalización de los recursos públicos

Lunes 15 de febrero de 2021. La Cámara de Diputados Federal, de acuerdo al artículo 74 de la CPEUM, tiene la facultad de coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación para revisar y fiscalizar la Cuenta Pública.

La Cuenta Pública es un documento que integra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la información contable, presupuestaria, programática y complementaria de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y de cada ente público del Sector Paraestatal, que muestra el manejo y la gestión de los recursos públicos.

La Auditoría Superior de la Federación, al fiscalizar la cuenta pública, debe evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, para lo cual, ejerce sus atribuciones decidiendo sobre su organización, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispone la ley, y conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

De acuerdo a la misma disposición constitucional, la Auditoría Superior de la Federación fiscaliza los ingresos, egresos y deuda; las garantías que otorgue el Gobierno Federal respecto a los empréstitos de Estados y Municipios; el manejo, la custodia y aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; realiza auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales; y fiscaliza los recursos federales que administran o ejercen las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Concluidas estas actividades, la Auditoría Superior de la Federación formula los informes de la fiscalización de la Cuenta Pública y los entrega a la Cámara de Diputados, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.

Como fácilmente se puede advertir, la facultad de fiscalizar la gestión de los recursos públicos, debería permitir que las estructuras financieras, administrativas, programáticas y presupuestales del gobierno, por el sólo hecho de saberse sujetas a una supervisión permanente, deberían tener un desempeño eficaz; ofrecer resultados; mostrar una actividad financiera y administrativa sin señalamientos de corrupción; ejercer con transparencias y sin sub ejercicios los presupuestos; lograr los objetivos y metas de los programas y proyectos; etc., etc., etc. Sin embargo, la realidad imperante es otra.

Siguen la corrupción, la opacidad, las adjudicaciones directas a mansalva, la violencia, la inseguridad, la falta de empleos, el peor manejo de COVID-19, la falta de inversión, el ejercicio caprichoso del presupuesto y un largo etcétera, que no presenta visos de tener remedio. Nuestras estructuras institucionales parecen disociadas de la realidad que vivimos. Soslayan los problemas que diariamente son evidenciados por los medios y por organizaciones de la sociedad civil y son incapaces de activar los recursos administrativos y penales, que logren que el ejercicio de los recursos públicos se realice con probidad, sin desviaciones y se aplique a la solución de los problemas nacionales.

En este contexto, considero que el próximo proceso electoral en el que elegiremos diputados federales y locales, nos da la oportunidad para pedir a los candidatos que nos digan cuál es su compromiso; los ciudadanos queremos saber que harán una vez electos, cuál es su visión y cuáles son sus propuestas en relación a esta grave problemática.

No podemos permitir que lleguen a ocupar un escaño en las cámaras quienes no sepan que representan y se deben a los ciudadanos que los elegimos.

Tampoco es posible que hoy nadie sepa que han hecho nuestros actuales diputados federales y locales, además de cobrar sus dietas y de protagonizar un sinnúmero de bochornosos escándalos.

Hay que recordarles que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano establece que: El derecho de los ciudadanos para exigir cuentas es irrenunciable, así como la obligación de darlas de parte de los funcionarios cualquiera que sea su cargo.

Digámosle a los candidatos que la fiscalización y la rendición de cuentas son instrumentos que consolidan el sistema de pesos y contrapesos, permiten el control del poder público, equilibran de mejor manera los órganos de gobierno, y fortalecen nuestra democracia. Por todo esto, deben estar atentos y prevenir lo que Montesquieu advirtió con claridad: Todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder.

Los próximos diputados federales y locales, tienen la obligación legal y el compromiso político de ejercer sus facultades y atribuciones en el rescatar la confianza y credibilidad social que han perdido; dar solidez y capacidad a las instituciones que son conquistas ciudadanas; y consolidar la fiscalización, la rendición de cuentas, la transparencia y el derecho a la información pública gubernamental.

Recuerden candidatos que la fiscalización comprueba que el mandato popular de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, se cumpla con honestidad, honradez, eficacia, eficiencia y economía; formula recomendaciones para mejorar el quehacer público; obliga a que los funcionarios a rendir cuentas de los recursos que son de la sociedad; y mantiene la legitimidad y el equilibrio entre los poderes.

Señores candidatos, tomen nota que exigimos materializar el principio de representatividad promoviendo soluciones a las demandas sociales; políticas públicas de colaboración, supervisión y control, de apoyo y cercanía con la ciudadanía y de mejora continua de los servicios públicos; demandamos acciones que garanticen que los recursos del pueblo sean recaudados, administrados y aplicados con honestidad, economía y eficiencia; y reclamamos que verifiquen la capacidad del Estado para cumplir plenamente sus responsabilidades en materia de seguridad, salud, educación, trabajo, vivienda, derechos humanos, medio ambiente, defensa de la soberanía, y todos los aspectos sociales que son su responsabilidad.

Agenda

  • Joaquín López Doriga informó que un Servidor de la Nación, alpedir datos de la credencial de elector para obtener el registro para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, cuándo le preguntaron si iba de parte del gobierno o de MORENA, sencillamente respondió que era lo mismo, que el programa es federal pero que él era mandado por el partido MORENA. Asimismo, condenó la actitud del Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo por su campaña electoral que ofrece vacunas y solicita el voto en apoyo a su candidatura. (https://bit.ly/3rUUrUK)

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