Hacia un Nuevo Pacto Social Municipal

La turbulencia que generan las crisis de las pandemias de salud y económica, impondrá severas complicaciones y problemas que marcan la necesidad de reestructurar y armonizar la conducción del quehacer gubernamental; la admisión de nuevos paradigmas en la relación socio-estatal; y la aprobación de un Nuevo Pacto Social, que impulse desde la horizontalidad de una gobernanza activa, la participación ciudadana y una cultura cívica, como eje que vinculen transversalmente la política, la democracia y el quehacer público, y garanticen los vectores de un desarrollo humano con dignidad.

En este contexto, propusimos a partidos políticos, candidatas y candidatos que participan en la próxima renovación de los Ayuntamientos del estado de Hidalgo, construyan un Acuerdo para una Nueva Gobernanza e instauren un Nuevo Pacto Social Municipal, que establezca las reglas que dispongan y organicen nuevas relaciones de convivencia política entre los habitantes, en un Modelo de Gobierno Municipal Colaborativo.

El reto de partidos y candidatos es recobrar la credibilidad y confianza de la sociedad en las instituciones. Este propósito implica prepararse para enfrentar el déficit de concreción; la disfuncionalidad política y administrativa; la verticalidad gubernamental; y los intereses sectarios, partidistas e individuales que secuestran al Ayuntamiento y obstruyen o impiden la operatividad armónica de su funcionalidad sustantiva.

Las propuestas que hemos venido formulando, constituyen elementos centrales para que el Ayuntamiento, como orden de gobierno, edifique un Nuevo Modelo de Democracia Participativa, una Nueva Relación Sociedad-Gobierno, y mecanismos, formas y prácticas que consoliden una robusta gobernanza y una sólida cultura cívica mediante la reglamentación del derecho a la participación ciudadana y vecinal reconocido en el artículo 115 constitucional.

Establecer esta reglamentación, implica articular la participación ciudadana y vecinal con los proyectos de un gobierno de proximidad; concertar el ejercicio y visión gubernamental con las aspiraciones de la sociedad; vincular acciones y prácticas para respetarla, promoverla y protegerla; coordinar gestiones para garantizar su convivencia con las formas comunitarias de pueblos y comunidades indígenas; y armonizar la promoción de mecanismos formativos, informativos y operativos, que impulsen la cultura cívica.

En este contexto, las diversas formas de organización de estructuras institucionales, comunitarias y vecinales propuestas, constituyen la mejor manera de facilitar la gobernanza activa porque acercan el asociativismo y la colaboración ciudadana, con las instituciones públicas. Empero, es necesario que estas estructuras organizadas dispongan mecanismos y apliquen prácticas para detonarla mediante interfaces como los Presupuestos Participativos, la Audiencia Pública, la Contraloría Social, los Testigos Sociales y los Medios digitales o electrónicos, mecanismos que han sido aplicados con éxito y efectividad a nivel nacional e internacional.

El mecanismo de Presupuestos Participativos hace posible que la ciudadanía proponga la aplicación de un porcentaje del presupuesto público destinado a la inversión pública. Esta práctica implica la identificación de necesidades, procesos de diagnóstico, deliberación y construcción de acuerdos al interior de las estructuras comunitarias, con el propósito de mejorar los entornos en que conviven los ciudadanos.

Respecto al mecanismo de Audiencia Pública (aunque ya se viene aplicando), necesita fortalecerse institucional y sistémicamente, como una práctica mediante la cual, las autoridades atienden y garantizan de manera ágil y expedita, el derecho de petición de la ciudadanía.

En la Audiencia Pública, los ciudadanos pueden proponer la adopción de determinados acuerdos o la realización de ciertos actos; recibir información sobre las actuaciones de las diversas dependencias de la administración pública; presentar peticiones, propuestas o quejas en todo lo relacionado con la administración pública; y evaluar con las autoridades, el cumplimiento de los programas y actos de gobierno.

El mecanismo de Contraloría Social también requiere fortalecerse institucional y sistémicamente ya que su aplicación ha sido de manera informal y aislada. Esta práctica implica la participación directa de actores sociales en la verificación del cumplimiento de las acciones que realizan las dependencias gubernamentales encargadas de desarrollar obras públicas y de ejecutar programas de desarrollo social. Puede realizarse de manera individual o colectiva, conduciéndose en todo momento en coordinación y de manera respetuosa con los servidores públicos, sin estorbar ni impedir el desarrollo de las actividades y funciones.

En relación al mecanismo de Testigos Sociales, es una práctica que desarrollan profesionistas de la sociedad civil, está enfocada a supervisar los procesos de contratación, de licitaciones públicas y de los considerados de interés social. Se busca prevenir actos de corrupción y garantizar la verdad, legalidad y regularidad de dichos procesos, eliminando la opacidad y extendiendo el principio de máxima publicidad.

Congruente con los tiempos actuales, proponemos considerar los Medios Electrónicos o Digitales (redes sociales y páginas Web), como mecanismo de participación, donde la ciudadanía puede expresar sus opiniones y propuestas en el diseño de políticas públicas y programas.

Para este propósito, el gobierno municipal deberá establecer canales de comunicación, deliberación y consulta como mecanismo de participación sociedad-gobierno, lo que permitiría a los entes públicos afianzar prácticas de gobierno abierto, rendición de cuentas, denuncia de delitos, de infracciones administrativas, de adicciones, de maltrato, de violencia, de combate a la corrupción, de socialización de la cultura de la legalidad, de la calidad de servicios públicos, entre otros tópicos.

Estas propuestas anticipan a la nueva pluralidad de los próximos Ayuntamientos, que los caídos en estas pandemias sanitaria y económica evidencian que las heridas del tejido social no pueden quedar sin el compromiso de una atención debida y sin un trabajo conjunto que evite mayores sufrimientos.

Paradójicamente, esta circunstancia agravada por la vulnerabilidad en que quedará el Estado a nivel macro y microeconómico, coloca a los Ayuntamientos en la oportunidad estratégica de edificar un Pacto Social Municipal sustentado en un Acuerdo para una Nueva Gobernanza en el que la ciudadana participa en la toma de decisiones que construyen oportunidades de desarrollo humano en una era de crisis e inestabilidad política y social.

Es obvio afirmar que apremia reconstituir las células de integración ciudadana bajo nuevas relaciones políticas sociedad-gobierno municipal y reglamentar desde un Bando de Buen Gobierno, el empoderamiento del Ayuntamiento que garantice nuevas formas de convivencia y un nuevo orden con una dimensión pública donde impere la virtud de la cultura política como premisa ciudadana de comunión municipal.

Agenda                                                          

El Presidente López Obrador rechazó el plan del Consejo Coordinador Empresarial para “suscribir un gran convenio nacional entre gobierno, empresarios, trabajadores y sector social para lograr transitar los siguientes 90 días y proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias; sentar las bases para una recuperación inmediata, evitar que la crisis de liquidez de familias y empresas se convierta en una de solvencia; y contar con recursos para continuar programas sociales actuales“.

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