Consecuencias Jurídicas en el Ejercicio del Presupuesto de Egresos

 

La crisis del sector salud sólo es la punta del iceberg de una realidad que nos amenaza y que el discurso político distorsiona en un intento desmedido por imponer una transformación sólo con la tinta y el papel y desde el escritorio.

La sensatez ha sido sustituida por la omnipotencia del Poder Ejecutivo aplicando una verticalidad política con un discurso cosmético de arenga populista; y una retórica que pretende hacer surgir el crisol de la justicia y la paz social, pero sin la fuerza de la racionalidad y ni apego a lo que dispone el Estado Democrático de Derecho.

Sin diagnósticos, sin planeación democrática, sin programación y sólo con el discurso de suma cero, se generan posturas míticas y mesiánicas que muestran los límites del Estado y depredan la gobernabilidad por la inconsistencia del quehacer público y la incompetencia de las estructuras administrativas.

En este nefasto panorama, los golpes de timón se suceden con celeridad y oscilan hacia múltiples frentes de acción gubernamental. Las impugnaciones de la clase política, servidores públicos, sindicatos, empresarios y académicos al Presidente López Obrador, se multiplican día con día y son el termómetro de la tensión social que va en aumento amenazando con una polarización inusitada, producto de la total “ausencia programática” de un gobierno que está a merced de la conferencia mañanera del Presidente.

El telón de este escenario se configuró con los recortes presupuestales, el desabasto de medicamentos y los despidos de personal en el Sector Salud, que no sólo denunció la precaria y difícil situación por la que atraviesa este sistema, sino los resultados causados por la Política de “Austeridad Republicana Presidencial”, cuya obstinación provoca efectos nocivos por las erróneas decisiones que se toman, sin medir las consecuencias.

Lapidarias resultan las palabras de Diego Fernández de Cevallos frente a este cisma del Sector Salud, expresando que, “La dureza con que los sindicatos (principalmente el del ISSSTE) encararon al Presidente no tiene precedentes cercanos. Todo ello y la difusión mediática de la impaciencia de los pacientes, sin medicinas ni atención, doblegaron a la Divina Terquedad.

La dureza reactiva de las agrupaciones contra las medidas del Presidente López Obrador, no es un arco reflejo espontáneo o aislado. Se trata de una respuesta donde los sectores orgánicos, actores sociales y políticos, están expresando las inconsistencias y precariedades del ejercicio de gobierno, condiciones que auguran polarización, desencuentro y crisis social.

Por si esto fuera poco, la mayor de las paradojas, estriba en que no existe un ejercicio crítico y reflexivo de las acciones de gobierno. Por el contrario, la arenga política y la voluntad mesiánica, se ciernen como razones suficientes para defender lo indefendible y justificar lo injustificable.

El ejercicio de gobierno asemeja al rodaje de una película de terror, donde el final lo conocemos todos. Se trata de una historia fallida, donde las buenas intenciones se pierden por la irresponsabilidad de las acciones y se lucra con la desesperanza histórica de un pueblo que se ha vuelto crédulo de la promesa mesiánica, pero que su crucifixión se acerca sin que nada ni nadie pueda detenerla.

La ciudadanía no puede esperar que el “aura presidencial”, como formulación y proyección del mesianismo populista, sustituya el ordenamiento lógico y causal de la planeación democrática del Estado, porque en ello se cierne el fracaso gubernamental, y sin duda, la derrota de la Nación.

Se está pasando de la violencia discursiva del Estado a la violencia expresa de las acciones de gobierno. Pretendiendo remediar los males, han desatado la furia de la impericia política; el caos de las medidas de escritorio; y las inconsistencias de una programación hecha al vapor y al tenor de las “buenas intenciones”.

Los desatinos de esta irracionalidad obstinada y los problemas ocasionados en perjuicio de los mexicanos, se ubican en la decisión del Presidente de recortar el Presupuesto en Salud, misma que trasciende de la esperanza a la fantasía populista y tiene “consecuencias jurídicas de carácter administrativo y el riesgo de un impacto grave en el presupuesto federal.”

Actualmente no es posible fincar responsabilidad penal al Presidente, porque los recortes al presupuesto en Salud no se encuadran como delito grave del orden común. Empero, los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los de la Secretaría de Salud y los funcionarios que las integran, están obligados a respetar y salvaguardar los Derechos Humanos y a inobservar cualquier medida que los violente, ya que así lo manda el artículo 1 de la Constitución.

Adicionalmente, el derecho a la Salud es un Derecho Humano tutelado en el bloque de la Constitución y los Tratados Internacionales. Cualquier acto de autoridad que lo violente o genere daños, es susceptible de sanción y reparación a favor de las víctimas, incluyendo pagos económicos indemnizatorios.

Esto hace posible la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de los Organismos Internacionales (Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos), que válidamente pueden recomendar u ordenar para el caso de la Corte, el otorgamiento de medidas precautorias o reparatorias; y a través del Juicio de Amparo, los Tribunales Federales pueden ordenar la reparación de daños causados, lo que puede generarle graves inconvenientes al Gobierno por su impacto presupuestal.

Evitar estos riesgos impone la observancia de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en materia presupuestal para garantizar eficacia, eficiencia y economía en la funcionalidad de las instituciones, y dar la certeza de que el presupuesto, se ejerce, como debe ser, en los términos aprobados por la representación popular.

La arbitrariedad de las medidas de “Austeridad Republicana”, calculadas “a ojo de buen cubero” y aplicadas sin medir las consecuencias, seguirá ocasionado severos problemas como el del sector salud, donde tuvieron que admitir que “se nos pasó la mano”.

El cuestionamiento de fondo es saber si la SHCP puede imponer recortes presupuestales y pasar impunemente sobre las disposiciones decretadas por la Cámara de Diputados…

Agenda

  • Frente a la imposición arancelaria propuesta por el Presidente Trump a las exportaciones mexicanas, el Presidente López Obrador convocó, a todos los sectores políticos y sociales a Tijuana a “un acto de unidad para defender la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos”. Empero en el contexto de la reelección de Trump, evitar esta crisis comercial implicó para México “parar la migración de centroamericanos, evitar que lleguen a su frontera, aceptar ser un tercer país seguro y recibir a los que han iniciado su proceso de asilo”.

 

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