Neo-Corporativismo y Pragmatismo Político contra la Libertad Sindical

Para que la reforma laboral reencause una libertad sindical sin cortapisas ni amarres de fondo, se debe ir más allá de un discurso demagógico, que no disfrace desde la legalidad el control de la fuerza corporativa de los sindicatos para ser usados como armas políticas.

El Neo-Corporativismo es un resabio político que al naturalizarse desde el pragmatismo partidista, intentará controlar la libertad sindical y perfilar la nueva reforma laboral como espejismo para que el trabajo asalariado tenga que seguir un rol contemplativo o de comparsa con los patrones de la empresa industrial o del campo.

Efectivamente, siendo la libertad sindical parte fundamental de la reforma laboral, escamotearla presagia que sólo será una medida cosmética que ahondará los problemas que ya presentan las relaciones laborales.

Así las cosas, es pertinente cuestionarse ¿hasta dónde y hasta cuándo el peso del control político neo-corporativista impedirá el progreso de los trabajadores?

La reproducción de un neo-corporativismo que siga ligado a las élites empresariales, al poder sindical y a las marionetas políticas, hará imposible trazar una verdadera Agenda que resignifique las relaciones laborales; concrete las oportunidades de los trabajadores por mejores condiciones salariales y de superación; y detenga los intentos por hacerlos instrumentos o grupos de choque o prebendas del poder para complacer o castigar, condición que en los tiempos modernos muestra la extrema deshumanización en que vive los trabajadores y la urgencia de impedirlo mediante una puntual implementación de las nuevas disposiciones laborales.

Los diálogos que proyecta establecer la reforma en materia de libertad sindical, pretenden democratizar la participación de los trabajadores para rearticular la vida interna de sus organizaciones y transformar las condiciones laborales que deben primar en un país que intenta hacer frente a los retos y exigencias que plantea la producción de bienes y servicios de los sectores público y privado.

En este sentido, es indispensable puntualizar que la industrialización y la transferencia de tecnología, demandan significativas inversiones y refuncionalizar el trabajo frente al capital; proceso de reconversión que impone la necesidad de que la fuerza de trabajo disponga de una legislación de vanguardia.

Hoy, las lógicas internacionales mantienen relaciones horizontales entre el trabajo y el capital, en las que factores como el salario y la formación del tejido obrero resultan fundamentales para entender que su rezago y anquilosamiento, impiden la competitividad internacional y deterioran la calidad de vida de los trabajadores, que requiere fortalecerse en un contexto de justicia, armonía y entendimiento.

Los nuevos lazos políticos y económicos de la globalización plasmados en la reforma del trabajo, inciden en los comportamientos gubernamentales, ya que tanto Estados Unidos como Canadá, vigilarán que México cumpla el compromiso de que las relaciones laborales y sindicales se desarrollen conforme a la ley; y haga que el trabajo sea visto como una función socio-cultural y dimensión científica e intelectual que valore la inserción laboral en el desarrollo humano de nuestra Nación, y no sólo como un ámbito que incumbe a la producción y la productividad industrial y del campo.

Las condiciones procesales de la nueva reforma laboral y su implementación, implican retos mayúsculos para las estructuras institucionales, que deberán hacer posible el cambio de paradigma político y social que plantea la reforma laboral.

En los próximos cuatro años se tienen que revisar miles de contratos colectivos de trabajo que en su mayoría son contratos simulados o de protección; registrar a los sindicatos y expedirles el certificado de reconocimiento de representatividad; sancionar la legalidad de la elección de las dirigencias sindicales mediante el voto libre, secreto, directo y personal; cuidar que la aprobación de los contratos colectivos de trabajo sea mediante el voto de los trabajadores; garantizar que se respete la decisión de los trabajadores de pertenecer o no a un sindicato y que sus cuotas sindicales sean descontadas de su salario si así lo autorizan.

De igual manera, tendrá que desterrarse el control político-económico y la opacidad con que se han manejado los contratos colectivos de trabajo, que si bien garantizaron la paz laboral, lo hicieron afectando los salarios de los trabajadores, que ignoraban todas las condiciones salariales pactadas, mismas que ahora tendrán que aprobarse con la participación y el voto de los trabajadores y hacerse públicas en una plataforma de internet, lo que significa un parteaguas en la vida sindical del país.

Ahora es pertinente preguntarse, ¿cómo se aplicarán las disposiciones constitucionales y legales de la reforma laboral a los sindicatos del Apartado B del Artículo 123 constitucional? Si el T-MEC sólo se refiere a “sindicatos” y no establece distinción entre sindicatos de los Apartados A y B, ¿cómo se aplicará la reforma laboral a los sindicatos de la FSTSE y en particular al SNTE? ¿Cómo garantizará la autoridad la democracia sindical y los derechos de los trabajadores en sindicatos como el de PEMEX o el de la CFE o en los sindicatos universitarios o en el SNTE? ¿A la luz de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, se reformará el Reglamento de las Condiciones de Trabajo del SNTE y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado?

Es imperativo dar respuesta a estos cuestionamientos ya que el cambio del sistema político que se precisa, no puede constreñirse a la intención y veleidad de la voluntad gubernamental, que parece decisoria de todo logro nacional, condición quimérica y distante de las verdaderas necesidades sociales y de lo que requiere la competitividad internacional del país.

En este marco laboral, los ciudadanos esperamos que la transformación del país se logre al amparo del nuevo rol de las relaciones entre trabajadores, sindicatos y empresarios, que sea el arquetipo de un país que es capaz de refuncionalizar sus estructuras productivas a través de lógicas de equidad social y de competitividad internacional.

Esta premisa presupone que la reforma laboral incide en el plano de la dignidad y los derechos humanos revalorizando las funciones culturales y cognitivas que deben permear en el desarrollo de los trabajadores. De no ser así, estaremos maquillando los diálogos sustantivos de la reforma laboral y echando por tierra una vez más, la oportunidad que tenemos de generar el valor agregado del trabajo al desarrollo del país.

Agenda

  • El Presidente López Obrador anunció un acuerdo con HSBC, JP Morgan y Mizuho Securities para fortalecer las finanzas de PEMEX, mediante un fondo por 8.000 millones de dólares.
  • La crisis ambiental mostró la incompetencia de la Jefa de Gobierno de la CDMX que no supo tomar las medidas para atenuar el impacto de la emisión de contaminantes y evitar daños a la salud.

 

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