Extirpar la corrupción e impunidad obliga a no equivocar el rumbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 135 de 180 países calificados por este organismo, lo que revela la erosión de la probidad gubernamental y una cruenta e insostenible realidad cuyas consecuencias sociales predicen un panorama incierto y devastador.

La corrupción e impunidad sistémica tienen una correlación directa con el grado de desarrollo y seguridad humana; e inciden en el deterioro de las expectativas de vida de los ciudadanos, creando vacíos legales y cotos de poder donde la discrecionalidad asume un rol que pervierte el ejercicio público.

La corrupción, como cáncer endémico de la institucionalidad, advierte la descomposición del aparato público, que de acuerdo a Gianfranco Pasquino, se presenta como “…el fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa…”. Tipificación cuyo costo social atiende a múltiples procesos de deterioro político, ya que son las instancias de poder, y paradójicamente sus funciones decisorias, las que ocasionan su práctica.

Ante este desolador panorama, ¿qué debemos hacer para liberar al gobierno de la corrupción e impunidad, y generar progreso y bienestar social?

La respuesta la planteó desde su candidatura el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al reiterar el imperativo de garantizar la honestidad y probidad de las estructuras gubernamentales y el combate a la corrupción e impunidad; postura pertinente y loable del nuevo gobierno, pero que merece una precisión ante las dudas que hoy generan diferentes medidas.

El escenario de la transformación política, económica, cultural y social, plantea una profunda incertidumbre ante los riesgos de las medidas emprendidas desde el Ejecutivo y Legislativo Federal, y producen efectos contrarios al propósito de corregir y extirpar las anomias de la corrupción e impunidad, amenazando el establecimiento de una Política Nacional Anticorrupción en agravio del pueblo de México.

En este contexto, es un despropósito que la procuración de la justicia siga bajo criterios de discrecionalidad desde el Ejecutivo, ya que el Presidente de la República propondrá una terna de la cual emergerá el Fiscal General de la República, situación contraria al discurso de apertura política y de autonomía de la que debe gozar.

Controlar la corrupción impone crear una Fiscalía Autónoma, con plenos poderes para acusar los actos de corrupción. Se requiere un diseño institucional que establezca procedimientos y criterios de elegibilidad, proclive a la transparencia y a criterios de fiscalización sólidos, para que como organismo con plena autonomía, brinde rumbo y certidumbre a las acciones de procurar la justicia. Una medida verticalista sólo ahonda el problema.

En este escenario, también resulta de pleno oscurantismo, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya que contrariamente a cualquier lógica plausible, le retira a la Secretaría de la Función Pública la facultad de conducir la Política Nacional de Adquisiciones, que ahora queda en manos de la Secretaría de Hacienda, y la Política de Gobierno Digital, que se ejecutará por la Oficina de la Presidencia.

¿Cuál es la razón para desmantelar las facultades de la Secretaría de la Función Pública, cuando sus potestades son un contrapeso inmejorable para el control, fiscalización y probidad del ejercicio gubernamental?

De esta reforma, también resulta lapidaria la autorización de crear comisiones presidenciales para formar grupos de investigación y fiscalización paralelos, medida desatinada porque rompe la armonía de los organismos con los que ya se cuenta, en vez de fortalecerlos en sus funciones y autonomía.

Estas reformas permiten entender el peso demoledor que tiene una postura gubernamental obstruccionista, ya que su injerencia en materia de Organismos Públicos Autónomos, olvidan que nacen impulsados por la sociedad como instrumentos para cubrir deficiencias administrativas, actuar como contrapesos y control de los poderes del Estado, y garantizar los derechos de los ciudadanos.

Cuando se cruza la línea de las conquistas ciudadanas, lo próximo es atravesar la línea de la autonomía de poderes, condición que sólo presagia tiranía y autoritarismo, no importando si se disfraza de legalidad o buena voluntad política.

Toda conquista social debe reflejarse en un poder corresponsable, horizontal y decisorio, que en el juego de pesos y contrapesos genere estabilidad y equilibrio de los poderes públicos y se convierta en la brújula de la armonización política del Estado. Lo contrario es la antítesis de la democracia.

Liberar al gobierno de la corrupción e impunidad obliga a no equivocar el rumbo.

En esta prescripción reside la racionalidad de una ingeniería constitucional que impida excesos, anarquía y autoritarismo y haga de la función pública el vínculo que frena el atropello societal.

México vive una encrucijada en la redefinición política y en la reinstitucionalización del poder público. Revitalizar la democracia y la ciudadanía activa y efectiva, implica fortalecer los poderes públicos e incrementar el asociativismo, como signo inequívoco del ejercicio de gobierno. No hacerlo, atenta contra las acciones para la transformación de la vida política nacional, pero mucho más importante, impide devolverle al pueblo la esperanza que la corrupción e impunidad le han arrebatado.

Agenda

  • De acuerdo al Plan Energético del Presidente López Obrador, el titular de Pemex Octavio Romero Oropeza, será responsable de aumentar la producción petrolera, mientras que la secretaria de energía, Rocío Nahle García, atenderá la rehabilitación y construcción de las refinerías, y Manuel Bartlett Díaz titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), implementará las mejoras del servicio eléctrico.
  • El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018, expresó al Presidente López Obrador, que “México demanda un cambio y una transformación. Pero sustentada en el respeto a la Constitución, a las leyes, a los derechos, así como a los recursos y garantías que nuestro sistema jurídico concede y reconoce a todas las personas.”
  • Se presentó la iniciativa de reforma constitucional, que deroga la Reforma Educativa y entre otras medidas, desaparece al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), como organismo autónomo y crea el Centro para la Revalorización del Magisterio y la Reforma Continua de la Educación.
  • Se anunció la desaparición del Seguro Popular, para ser sustituido por un sistema de salud pública que garantice atención médica de calidad y medicamentos gratuitos y plantea inicialmente la federalización de los servicios en ocho estados de la República.

 

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