Los Sistemas de Gestión Especializada y la Política Nacional Anticorrupción

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La corrupción e impunidad, abigarradas en un intrincado laberinto de opacidad pública, pretenden imponerse de manera antidemocrática para preservar el autoritarismo, el intervencionismo ciego y la anulación de la gestión pública participativa.

La Red por la Rendición de Cuentas (RRC), ha formulado una propuesta de Política Nacional Anticorrupción (PNA), cuyo propósito es transitar hacia un régimen de gobierno universalista, donde el interés privado no vulnere la autonomía del Estado ni el ejercicio pleno de derechos, dando cobertura a las fases de prevención, detección, corrección y sanción, con un enfoque de derechos.

Los cuatro ejes de esta PNA, son la profesionalización y generación de capacidades; la corrupción de ventanilla en los puntos de contacto de la ciudadanía con el gobierno; el fincamiento de responsabilidades y sanciones; el combate a las redes de corrupción; y como eje transversal, la participación ciudadana.

La resistencia de diversos sectores de la sociedad política hacia el control ciudadano sobre programas, procesos, procedimientos y políticas públicas a nivel internacional, resulta lamentable y revela la necesidad de fortalecer el concepto de accountability en la organización y funcionamiento de las estructuras gubernamentales, para otorgar consistencia a los elementos vitales de la administración pública y consolidar la Rendición de Cuentas (RC).

Las prácticas de accountability en la búsqueda y consolidación de la transparencia y probidad pública, permitirán generar parámetros sobre sus aspectos fundamentales; crear lazos de comunión entre sociedad civil y sociedad política; fortalecer el desarrollo democrático; y vencer el rechazo que sufre la RC.

En este trazo, la RC adquiere ante la creciente demanda de la ciudadanía por participar en los asuntos públicos, un valor intrínseco y consustancial al ejercicio de gobierno; por lo que su diseño debe considerar prácticas de competencia informativa, explicativa y de sanción, que permitan a la sociedad dar seguimiento y escrutar las acciones que marcan el ascenso de nuevos estándares democráticos de ciudadanía activa y complementar la PNA.

La RC debe integrar una cadena de valor, cuya dimensión estaría conformado al menos por los siguientes sistemas de gestión especializada: 1) Archivos; 2) Presupuesto; 3) Información pública accesible, confiable y oportuna que promueva prácticas de Open Government; 4) Contabilidad; 5) Adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios; 6) Monitoreo y Evaluación; y 7) Fiscalización de Políticas Públicas, con un marco normativo idóneo, vanguardista y óptimo para el desarrollo integral.

La certidumbre, confianza y legitimidad que otorga estos sistemas de gestión a la RC, además de ampliar el horizonte profesional de los servidores públicos; propicia la apertura a la participación ciudadana; y salvaguarda la asignación de responsabilidades; efectos que impactan la estructura orgánica del gobierno y crean espacios de operatividad pública que evitan la discrecionalidad y opacidad, al tiempo que generan andamios ciudadanos, de los cuales la sociedad es también artífice.

En México, la gestión y organización de Archivos Públicos debe sumarse a las dimensiones que integran la PNA, porque sin duda, el arqueo histórico de la administración pública y el resguardo de documentos, permite la evaluación continua de los procesos de planeación democrática, al tiempo que preservan la memoria histórica del devenir de los servidores públicos y del Estado.

El diseño de sistemas en materia Presupuestal y de Compras, debe cumplir altos estándares de especialización profesional, ya que la optimización en la asignación de recursos públicos, su ejercicio transparente y su registro contable, evitará discrecionalidad, abusos y corrupción.

En esta tesitura, la Información Pública constituye el piso firme de toda acción gubernamental, porque permite abrir los procesos para conformar la Open Data que hace posible apreciar lógicas administrativas; justificaciones en el logro de objetivos e impactos en la gobernanza; retroalimentación ciudadana hacia el quehacer público y prácticas de Gobierno Abierto; e impulso a la transparencia proactiva, para que todos los datos sean públicos y el ciudadano pueda acceder a la información que necesita.

Innegable resulta también que la administración pública fortalezca el desarrollo de sistemas contables, de fiscalización y de control, que no sólo permitan registrar el uso de los recursos y presupuestos, sino que se erijan como mecanismos estratégicos para garantizar su control y la plena operatividad de las tareas públicas de manera abierta y horizontal, presta al escrutinio ciudadano.

Sin duda, el monitoreo y evaluación de las políticas públicas y el significativo ascenso de la participación ciudadana a su creación, así como en la toma de decisiones gubernamentales, se afianza en la medida que requiere un trazo horizontal y deliberativo, con valores sociales que se plasman en el crisol que le da vida a la acción institucional en la toma de decisiones, donde los ciudadanos monitorean su realización, la evalúan y consolidan la custodia social necesaria para asegurar sus impactos y logros.

La pinza de la RC culmina con una participación ciudadana presente con un sentido transversal en todas las acciones del Estado, debido a que la soberanía es un principio que reside en el pueblo y debe ser preservado como una voluntad irrestricta que hace posible la génesis jurídico-política que da marco al espíritu del Contrato Social.

Mauricio Merino, al admitir el valor de la ciudadanía activa, señala que “para que una política de rendición de cuentas tenga resultados palpables, requiere no sólo de acciones concretas, coherentes y sistemáticas de parte de las organizaciones gubernamentales, sino también precisa de una ciudadanía que tenga interés por enterarse de qué, cómo y por qué, y bajo qué circunstancias suceden las decisiones públicas.” https://bit.ly/2Dvrnhv

Es evidente que una Política Nacional Anticorrupción es un planeamiento que implica reevaluar el papel de las instituciones públicas y denota la capacidad política del Estado, para hacer de la gobernanza el piso firme que permite trascender hacia las lógicas salubres de la distribución del poder, porque admite en la corresponsabilidad participativa de su gestión, el predominio de la voluntad del pueblo para construir los intereses superiores de la Nación.

Agenda

  • El Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a realizar una tercera consulta nacional sobre si debe tener un Consejo de Empresarios que lo asesore; si realiza una investigación contra Ex-Presidentes de la República por probables actos de corrupción; y si crea una Guardia Nacional.
  • El Gobernador Electo del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro expresó en un discurso que, “…señor Presidente, no estamos dispuestos a permanecer callados ante los intentos de vulnerar el pacto federal y el orden constitucional. Por congruencia histórica no podemos permitir que la imposición por medio del mayoriteo legislativo atente contra la autonomía y dignidad de Jalisco como estado libre y soberano”.

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