El Principio de Representatividad Democrática y la Voluntad Ciudadana

 

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Hidalgo vivirá en 2016, la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y los gobiernos de los 84 Ayuntamientos. La significación de este proceso electoral, se presenta en un escenario donde partidos y fuerzas políticas, tendrán nuevamente la oportunidad de afianzar la voluntad de los hidalguenses, acatando el principio de representatividad.

Ante las serias dificultades del clima político nacional, la observancia de este principio democrático cobra especial importancia para afianzar la legitimidad institucional. Primero, tiene la virtud política de la voluntad ciudadana expresada a través del sufragio universal, libre, secreto y directo; segundo, garantiza la atención de los intereses ciudadanos por los poderes constituidos, principal objetivo del sistema de partidos; y tercero, otorgan a los representantes electos, integrantes de los poderes públicos, la fuerza orgánica del quehacer público, la planeación democrática y la conformación del capital humano institucional.

El efecto consustancial de esta trilogía del poder, consolida la legitimidad del Estado; otorga gobernabilidad y gobernanza al ejercicio público; provoca un salto cualitativo al generar acciones corresponsables e incluyentes con la ciudadanía; y evita la verticalidad y opacidad de las acciones y programas del quehacer público.

Sin embargo, el inmovilismo político de la partidocracia y el anquilosamiento de sus estructuras de conducción social, provoca la erosión de este principio de representatividad.

En este escenario, los ciudadanos demandan la democratización de las estructuras institucionales, acompañada de la democratización interna de los partidos políticos. Piedra angular que está faltando para consolidar las lógicas de Gobierno Abierto, transparencia y rendición de cuentas, dado que el ejercicio de gobierno es un bien público y jamás deja de ser patrimonio humano.

La máxima aspiración de un pueblo al ser representado, es que su voz sea gobierno. No obstante, la clase política olvida con singular denuedo, que no se representa a sí misma; y que el financiamiento público de sus campañas no es una prebenda política, es porque su existencia es de interés público, para tener procesos electorales transparentes e impedir vicios como el clientelismo, la opacidad de recursos privados y la inequidad electoral.

Los partidos políticos, como conductores sociales, han sido deficientes y omisos en  la construcción de los mecanismos de inclusión ciudadana, democratización y corresponsabilidad interna. Les falta renovar su marco ideológico y jurídico, así como sus estructuras, para concretar las propuestas programáticas a las que están obligados, virtud del voto programático.

Sorprende su indiferencia social, que quebranta la voluntad del pueblo, e ignora la facultad orgánica que les permite constituir gobierno. Su indolencia y nepotismo ha pavimentado el camino para que corrupción e impunidad, sean hoy la pandemia que impide al tejido social construir el futuro cierto de la Nación.

La clase política ha perdido la brújula; con su inmovilismo, han infringido una derrota tácita para la institucionalidad, cuestión que no es noticia, sino la crónica lastimosa que olvida que sin partidos políticos, no hay democracia.

El efecto lapidario de esta amnesia de la partidocracia, marca el ascenso de “candidatos sin partido”, que la cuestionan e intentan desplazar, al impugnar su vigencia y su papel de conducción social, pretendiendo hacer del plebiscito, la patente de corso que permita su destierro.

Nos encontramos en una recesión democrática, en la que el principio de representatividad que da vida al sistema político y de gobierno, se ha diluido, y lo que es peor, ha traicionado la voluntad del pueblo, que es la voluntad de la Nación.

En este escenario, se llevará a cabo el proceso electoral donde los partidos políticos, deberán cumplir el principio de representatividad y postular candidatos que lo acaten. Debe terminar el mesianismo, atenderse las impostergables demandas ciudadanas, y no caer en el vicio de reinventar al Estado.

Los logros de la actual administración estatal, imponen retos importantes para la sucesión del Poder Ejecutivo. El trazo de una administración que se significó por impulsar un cambio estructural del Estado, emprendiendo un proceso de fortalecimiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática, marca una visión política y una sinergia institucional que exige su continuación.

Para promover el desarrollo integral del Estado, este gobierno identificó y redefinió las vocaciones regionales que hoy se entronizan en el proyecto “Pachuca Ciudad del Conocimiento y la Cultura”, con una sociedad que a partir de la ciencia, sustenta una economía del conocimiento, cuestión que deja huella en la prospectiva y marca el rumbo de la gestión pública, aspirando a un mayor bienestar, con equidad social.

La elaboración, actualización y alineamiento del Plan Estatal de Desarrollo con el Plan Nacional de Desarrollo, alecciona sobre la seriedad con que se han atendido  los espacios y foros ciudadanos, que encausan de abajo hacia arriba, los intereses de la sociedad en las tareas del quehacer público.

Este trazo político indica un aspecto significado de la democracia: se gobierna para el pueblo y con el pueblo, jamás a sus espaldas.

La evolución del sistema político en Hidalgo, aún tiene un gran desafío: lograr en una entidad de contrastes, que el impulso político se convierta en equilibrio social. Es vital seguir avanzando en el desarrollo de las vocaciones regionales a través de los vínculos entre gobierno, empresa, academia y ciudadanía, componentes de una misma vértebra para el desarrollo humano.

Es allí donde el sistema de partidos debe experimentar un cambio trascendente en la forma de hacer política y asumir el compromiso de que sus candidatos, una vez constituidos como poder público y fuerza orgánica, consolidarán una sociedad del conocimiento en una tierra de trabajo y trabajadores.

Los atributos de la actual administración estatal en Hidalgo, no pueden ser ignorados por los partidos políticos. Se ha marcado el camino para que la clase política, asuma que el ejercicio público debe satisfacer al tejido social, sin improvisaciones ni ocurrencias, sino con base en la prospectiva política construida en la corresponsabilidad ciudadana como protagonista de planes y programas.

El Proyecto “Pachuca Ciudad del Conocimiento y la Cultura”, no fue sólo un planteamiento operativo que vinculó las acciones gubernamentales, sino el importante llamado de la sociedad, para crear una nueva dimensión en la forma de hacer gobierno. La  partidocracia no puede ser indolente y cometer el error de inadvertir este clamor ciudadano, negando la dinámica social y el derecho al porvenir.

 Agenda

  • Con éxito, el Gobierno del Estado de Hidalgo, la Red Emprendia y el IPN realizaron la “Conferencia Iberoamericana de Ciudades del Conocimiento, Innovadoras y Emprendedoras”. Primer paso de una estrategia para comunicar socialmente la importancia del proyecto “Pachuca Ciudad del Conocimiento y la Cultura”, y sumar el esfuerzo de todos los hidalguenses.

Twitter: @Esteban_Angeles

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Blog: https://perspectivahgo.wordpress.com/

2 comentarios sobre “El Principio de Representatividad Democrática y la Voluntad Ciudadana

  1. No podemos más que coincidir con ese vigoroso llamado a los partidos para reasumir su papel, “acatando el pricipio de representatividad”. Felicidades por ese continuado empuje al proyecto “Pachuca Ciudad del Conocimiento y la Cultura”.

  2. Estimado paisano, tu artículo me gusta por la valentía al señalar los vicios de la partidocracia que, como dices, atenta contra la democracia. Reconozco lo atinado de tu aseveración de seguir avanzando en el desarrollo de las vocaciones regionales a través de la vinculación entre gobierno, empresa, academia y ciudadanía.
    La planeación democrática ha caracterizado a la administración estatal actual. Esto es muy importante y lo ha hecho la clase política priísta que gobierna. Entonces me resulta difícil de entender por qué dices que estos atributos no pueden ser ignorados por los partidos políticos, donde incluyes implícitamente al PRI. Entiendo que una parte importante de la clase política priísta no tiene cargos en la administración estatal, pero no me queda claro si es a ella a la que te refieres poniéndola a la par que a las de los demás partidos.
    Finalmente, con mi mayor consideración, te sugiero revisar cuidadosamente el noveno párrafo de tu artículo en general y particularmente el primer renglón.
    A la espera de tus artículos subsecuentes, me despido como siempre con un abrazo afectuoso y un saludo cordial. L.E. Javier López Escárcega.

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