Política de Rendición de Cuentas VS Corrupción e Impunidad

 

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Con la promulgación de la Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, el Presidente Peña Nieto atiende la demanda ciudadana de combatir la corrupción e impunidad en el marco de una política de rendición de cuentas que debe afianzar el modelo de Gobierno Abierto, sustentado en la gobernanza activa de una sociedad que es su origen y destino.

Más allá de la creación de este sistema, hace falta construir las leyes secundarias que lo concreten y den operatividad a las acciones del combate a la corrupción e impunidad.

Asimismo, debe implementarse un proceso de ciudadanización donde la corresponsabilidad social del Estado, constituye el eslabón de una nueva dimensión del quehacer público, que desde un enfoque integral, considera que la fuerza orgánica del sistema político, se encuentra en la interacción del tejido social con las estructuras gubernamentales.

El fenómeno de la corrupción, consustancial al grado de intermediación de las funciones administrativas gubernamentales, impone fortalecer el principio de representatividad ante su precariedad y anquilosamiento como noción política. Los impactos negativos de esta realidad en el ejercicio de gobierno, son consecuencia de no ubicar al ciudadano como actor protagonista en la toma de decisiones. Es necesario reorientar el camino de estos pasos extraviados.

La erosión del principio de representatividad democrática de nuestro régimen político y de gobierno, ha creado en los hechos un sistema de “rentas”, donde la distribución y concentración del poder, potencian la corrupción, la impunidad y sus efectos sobre los poderes regulatorios del ejercicio administrativo, produciendo sobornos y canonjías.

La causa directa de esta anomia política, se encuentra en la construcción de un “Estado proveedor y de una administración intermediaria”, donde los ciudadanos son clientelas de políticas asistencialistas. En los servicios públicos, las famélicas respuestas del quehacer operativo del Estado, propician que algunos servidores públicos quebranten la probidad del ejercicio gubernamental, sirviéndose de una relación maniquea entre el Estado como proveedor y el ciudadano como cliente.

Ante este fenómeno, el Estado ha actuado de manera reactiva creando una estructura legal enfocada a corregir sólo los efectos de la corrupción y la impunidad, sin atender a las causas de este cáncer público. Flagelo cuyo origen es la precaria rendición de cuentas de las estructuras institucionales. Hace décadas esta lección fue advertida por Nietzsche, al señalar que no se pueden confundir las causas con los efectos.

En este contexto se llevó a cabo la Semana Nacional por la Transparencia, donde el Presidente Peña Nieto, admitió el peso de dos realidades históricamente enfrentadas, puntualizando, “…en los últimos años, junto con el crecimiento, fortalecimiento y consolidación de nuestra democracia, también desde la política, se fue haciendo camino para lograr que México fuera más abierto y transparente. A veces lo olvidamos, lo omitimos y lo dejamos pasar de largo, simplemente porque tenemos memoria corta, pero si visualizáramos el México de hace 20 años o 30 años, éramos gobiernos auténticamente cerrados”.

Evidentemente es positivo refrescar la memoria, pero es mucho más significativo ilustrarla. Los ejemplos de lo que hoy implica la corrupción y la rendición de cuentas sin consecuencias, nos aleccionan sobre la urgencia de que toda acción gubernamental debe ser ciudadanizada y socialmente fiscalizada.

El investigador del CIDE, Mauricio Merino, invitado por el INAI, dentro de los trabajos de esta Semana Nacional por la Transparencia, encontró la hebra al ovillo, arguyendo: “…pienso que los Poderes Ejecutivo y Legislativo pueden y deben ponerse de acuerdo en torno de esa política pública, que garantizará la rendición de cuentas en México, y que sea sobre esa base que se redacten las leyes que he mencionado, y no al revés, ni sobre la marcha, ni sobre ocurrencias”.

Mauricio Merino no ha descubierto el hilo negro, pero deja en claro que no se puede improvisar. Es sobre la base de la construcción de un acuerdo previo, y no sobre ocurrencias, que las fracciones parlamentarias y las fuerzas políticas deben dar vigencia al principio de representación democrática atendiendo los intereses superiores de la Nación.

De este acuerdo, deberán surgir las leyes secundarias que sustenten una política pública de rendición de cuentas, como epicentro de la estructura político-jurídica que consolide los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción.

Los actores políticos deben entender que el problema fundamental, no estriba en formular nuevas iniciativas ni en la creación de leyes al garete, como parecen entenderlo algunas fracciones parlamentarias. Proceder de esta manera no  propiciará el reencauzamiento del quehacer gubernamental ni las respuestas que demanda la sociedad.

Las evidencias son palpables: no basta con el sistema de pesos y contrapesos constitucionales; hay que incorporar a los actores ciudadanos hasta ahora invisibles, a las estructuras formales porque constituyen el poder real del Estado; y vertebrar una política pública de rendición de cuentas, que rearticule a través de la planeación democrática, el ejercicio administrativo del Estado acatando de esta forma la voluntad del pueblo de combatir la corrupción con la participación corresponsable de la ciudadanía.

Es necesario crear desde la legislación secundaria los mecanismos genéticos de la rendición de cuentas. Profundizar desde el Contrato Social, la planeación democrática del Estado para generar la preeminencia de la participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales.

No podremos potenciar la inteligencia institucional para lograr una democracia de resultados, si no se garantiza la adhesión ciudadana en una nueva dimensión de la politización del Estado, en donde la inclusión del tejido social en la administración pública sea una constante, no la excepción de su quehacer.

Sin un Gobierno Abierto, centrado en la rendición de cuentas, se  socaba el poder del pueblo en la democracia. Sin una sociedad consciente, organizada y empoderada, la democracia es un fenómeno político extraviado y sin sentido.

Agenda

  • El Secretario de Gobernación Osorio Chong, reconoció los valiosos avances en la implementación del Sistema de Justicia Penal, mencionando que la experiencia de Hidalgo encausada por el Gobernador Olvera, la llevará como ejemplo nacional de trabajo conjunto, con buenos resultados. ¡Enhorabuena!
  • El miércoles 14 de octubre, se suscribió el Acuerdo por la Seguridad de Zacualtipán, promovido por el Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo y el Regional de Zacualtipán, instrumento inédito en la historia de la Entidad, por el valor de los compromisos específicos suscritos que vinculan a los tres órdenes de gobierno con la ciudadanía, la academia y el sector privado, mediante el Observatorio Ciudadano de Seguridad que fue puesto en operación.
  • Hoy es el “Día Internacional contra el cáncer de mama”, es fundamental conocer el problema y los mecanismos de prevención y control.

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