Capacidad Institucional y Construcción de Políticas Públicas

justicia

Las virtudes de una democracia, no admiten ni su anquilosamiento, ni la precariedad del quehacer público. Lapidariamente, lo que se traza en verso, no se construye en prosa.

Todas las iniciativas de Reforma del Estado, pretenden a partir de fortalecer orgánicamente las estructuras institucionales, generar un esfuerzo extraordinario del gobierno, para encausar beneficios hacia el tejido social.

Lograrlo, necesita la sustitución del vetusto modelo asistencialista y unilateral del Estado, por una nueva arquitectura que facilite la construcción de políticas públicas, e instrumente eficientes soluciones, centradas en la operatividad, concreción y resultados.

En esta lógica, la Administración Federal procesó la ingeniería constitucional y rearticuló el marco jurídico para dar cabida a las reformas estructurales y propiciar graduales avances y afianzar directrices en la construcción de políticas de Estado.

Actualmente se construye y armoniza el entramado de leyes secundarias. Esto permitirá conjuntar los elementos que vertebren las políticas públicas, y fortalezcan la participación ciudadana corresponsable que enriquezca la democracia en el ejercicio de gobierno.

A toda costa, se debe evitar el empobrecimiento democrático. Sus efectos de inopia política, cuestionan el ejercicio de gobierno, al no concretar respuestas a las demandas ciudadanas.

No basta la voluntad política en el ejercicio de gobierno para erradicar los problemas que enfrenta el tejido social. Es necesario transitar a la generación de oportunidades sociales y sentar las bases de una eficiencia política, cuyo énfasis, recupere la dignidad y el respeto al cumplimiento del Contrato Social.

¿Cuál es el problema medular? Sin duda, la capacidad del Estado para el ejercicio del poder.

Por ello es necesario cambiar la forma de interactuar en el ejercicio de gobierno. La ciudadanía no puede darse el lujo de ser partícipe de una democracia incompleta. No basta con un modelo político que sólo se ocupa de regular el acceso al poder y no instrumenta las condiciones para atender un principio político fundamental de interés ciudadano: el ejercicio corresponsable del poder.

Un Estado cuyo desempeño público es saludable, alcanza las metas programáticas y evoluciona hacia una interoperatividad plena. Se desenvuelve en un hábitat de gobierno abierto, donde la transversalidad de sus acciones, le otorgan significado a la vida pública gubernamental, como expresión de la voluntad ciudadana, a la que debe aspirar el gobernante como mandatario y el ciudadano como mandante.

Pero en los hechos pareciera que transitamos otro camino. La clase política figura como élite distante, y para muchos ciudadanos, perversa y poco honorable, cuyas acciones en la labor pública, están acompañadas de impericia, de sentido reactivo y en ocasiones, unidas a la corrupción e impunidad, cuyos males endémicos dejan una estela de desencuentro, que no otorga certidumbre, sino ostracismo social.

El Estado ha dejado de ser un arquetipo mesiánico. La actitud de la ciudadanía frente a la falsedad de la demagogia, exige un proceder de probidad de sus estructuras y servidores públicos.

Un sistema democrático no puede tener cabos sueltos. Debe garantizar la vigencia del principio de representación, que da vida al sistema político y de gobierno. La partidocracia parece olvidarlo y constantemente ignora la voluntad política de los ciudadanos, expresada en favor de plataformas políticas y candidatos durante los comicios electorales. Cuando acceden al poder, suelen ignorar el voto. Incumplen la voluntad política del pueblo y causan la pérdida de legitimidad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Sabemos que la normatividad político-electoral no establece la obligación a partidos políticos y candidatos del ejercicio del poder vinculado a un voto programático, pero, ¿no sería más que pertinente que el sistema político emulara el tipo de ejemplos, como el que representa la Universidad Nacional Autónoma de México, que en la convocatoria de su proceso electivo para renovar su Rectoría, exige como requisito a sus aspirantes, la presentación de un programa de trabajo?

Si la clase política no es en verdad una élite distante y entiende que ha quedado atrás el jurásico político, debe exigir a los aspirantes a encargos públicos, transparenten su trayectoria y los compromisos políticos que sustentan sus aspiraciones, situación deseable que debe traducirse en un comportamiento orgánico de todo aspirante.

En este contexto, la sociedad tiene el mayor resentimiento legítimo, porque ha visto postergadas sus aspiraciones a una vida mejor; porque aspira sin duda a la concreción de sus necesidades, y porque exige que el Estado no sea una realidad estamental protectora de privilegios de una élite en el poder, sino que se signifique por la horizontalidad de sus conquistas sociales.

Por ello, es menester que la arquitectura de las políticas públicas cree un espacio de reempoderamiento ciudadano, fortalezca la democracia y se erija en una respuesta de comunión administrativa del Estado.

En esta estructura política y de gobierno, debe imperar la corresponsabilidad de las acciones en las que el ciudadano sea voz y vanguardia del Estado, y no el objeto residual de promesas políticas.

Es imprescindible recuperar  el ejercicio virtuoso de la política y sus respuestas sociales. Su olvido ha sido el germen que históricamente ha engendrado el resentimiento social.

Esta realidad impone entronizar los diálogos entre sociedad política y sociedad civil hacia las prácticas de gobierno abierto y corresponsable. Donde el ciudadano sea el epicentro de las políticas públicas, se asegure que la justicia sea para todos, y se restablezca la credibilidad institucional.

No permitamos que se prive al ciudadano de su voz pública, ni que se le haga comparsa política, hay que rescatar el poder orgánico de la participación de la sociedad, porque es la mayor fuerza para concretar la Reforma del Estado a la que aspiramos.

Agenda

  • En la Asamblea General de la ONU, el Presidente Peña Nieto alertó sobre las crecientes desigualdades y la crisis económica, propuso crear un esquema de protección a migrantes y demandó replantear la visión del combate mundial a las drogas.
  • En cumplimiento de sus compromisos, el Presidente Peña Nieto presentó la iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, para desarrollar el potencial productivo y logístico de Puerto Chiapas, Puerto Lázaro Cárdenas, y del corredor Transístmico. Se invertirán 115 mil millones de pesos para generar 115 mil empleos directos de calidad, ello permitirá cerrar las brechas de desigualdad, abatir la pobreza y brindar oportunidades de desarrollo y bienestar social.
  • Los integrantes de la Red Nacional de Consejos Ciudadanos, nos reunimos con Polaris, organización civil contra la “Trata de Personas” más importante de los Estados Unidos de América, para acordar acciones de cooperación para consolidar la atención a las víctimas y facilitar información estratégica a las autoridades.

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Un comentario sobre “Capacidad Institucional y Construcción de Políticas Públicas

  1. Bien paisano y colega, tu visión de la realidad política de nuestro país es muy clara y pertinente en estos tiempos turbulentos. Ojalá en tus siguientes artículos puedas abundar sobre los pasos prácticos para hacer posible y efectiva esa participación ciudadana. Un abrazo, Javier López Escárcega.

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