La Disciplina Financiera de Estados y Municipios

 

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La reinstitucionalización política en el ejercicio de la Rectoría del Estado, impulsa un sentido de unicidad jurídico-administrativa, y privilegia los criterios de orden y disciplina de los componentes orgánicos del quehacer público.

En este escenario el 1 de diciembre de 2012, el Presidente Peña Nieto anunció que para atender un justo reclamo ciudadano, habría una reforma al marco constitucional en materia de endeudamiento de estados y municipios, perfilando nuevos paradigmas para que dichos órganos de gobierno hicieran suyos los principios de responsabilidad financiera y hacendaria.

Aprobada la reforma constitucional, se presentó la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, cuyo objetivo es lograr una gestión eficiente de los recursos públicos y una correcta rendición de cuentas en el ámbito local.

Esta iniciativa, prioriza la armonización de criterios y reglas, y propicia una gestión responsable y equilibrada de las finanzas públicas a nivel estatal y municipal, frente a un escenario con síntomas de descomposición en estos órdenes de gobierno, tanto por el monto del endeudamiento, como por las inconsistencias en la racionalidad del gasto público.

La denominación de la iniciativa como Ley de Disciplina Financiera, es el preludio de la necesidad de corregir las anomias de diferentes estados y municipios que por impericia o por uso indebido de su gasto, han incurrido en un endeudamiento cuya magnitud es insostenible, cuya tendencia de crecimiento entre 2008 y 2013, pasó de 1.7% a 3.1% del PIB, o sea, más de 510 mil 30 millones de pesos, de los que 54,670 millones de pesos, corresponden a los  municipios.

De modo que orden y disciplina presupuestaria, no es sólo una prescripción sistémica frente al riesgo de deuda, sino un acicate de máxima racionalización del ejercicio de las finanzas públicas. Dispendio y abuso público tiene que evitarse antes de que el endeudamiento se convierta en una pandemia. Esta iniciativa pone el cerrojo a conductas desordenadas del quehacer público. Con racionalidad, reorienta el gasto hacia la generación de oportunidades de desarrollo social, y cuida de que no se convierta en una lapidaria práctica de inoperatividad e ineficiencia con cargo al ciudadano.

En la presentación de la iniciativa de ley, el Presidente Peña Nieto resaltó: “Esta reforma establece que es responsabilidad del Estado en su conjunto, de los tres órdenes de Gobierno: el Federal, el estatal y el municipal, velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, para coadyuvar en la generación de condiciones favorables para el crecimiento económico y la generación de empleo.”

La vitalidad de este andamiaje jurídico, estriba en la prescripción de principios, criterios y normas para un ejercicio presupuestario responsable, ya que hasta ahora la legislación es insuficiente por carecer de instrumentos integrales, que incluyan plenamente al ámbito local, en la responsabilidad de velar por la estabilidad y el desarrollo de la Nación.

La realidad es evidente. Hace falta redefinir lo hecho en torno al control del gasto y endeudamiento público; incorporar un enfoque vinculante de los tres órdenes de gobierno; y evitar la dispersión, fragmentación e inconexión de las tareas del quehacer público en su conjunto.

De forma y fondo, esta Ley le otorgará coherencia orgánica a las acciones que se emprendan desde la planeación democrática de la Nación, y tiene la virtud de complementar las disposiciones en materia de transparencia y anticorrupción.

En este nuevo dispositivo legal, imperan como principios legitimadores: máxima visibilidad publica, rendición de cuentas, transversalidad administrativa, responsabilidad hacendaria y sostenibilidad de las finanzas públicas, así como una gestión administrativa que garantice un umbral mínimo en la lógica operacional del quehacer público.

Los principios básicos que sustentan esta Ley, prescriben en primer término reglas de disciplina financiera que pretenden impactar en la salud de las finanzas públicas, y con ello trazar un camino de responsabilidad hacendaria.

Asimismo, articula un sistema de alertas, que marcan el nivel de liquidez para el endeudamiento y su riesgo, cuestión que se suma a la obligación de que la contratación de la deuda, se destine mayoritariamente a inversión productiva.

Sobresale a su vez en estos principios rectores de la iniciativa de ley, el concepto de “Deuda Estatal Garantizada”, que respaldada por la Federación apoya a estados y municipios, reduciendo las tasas de interés y generando mayor sustentabilidad de equilibrio en el manejo de la deuda.

De igual manera, compromete medidas de Gobierno Abierto, con la creación de un “Registro Público Único”, en el que entidades y municipios deben inscribir y transparentar sus obligaciones financieras.

Establece también, como principio básico de disciplina financiera, que las iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuestos de egresos de las entidades federativas, se elaboren con base en objetivos, estrategias, metas e indicadores, consideren los Criterios Generales de Política Económica, y guarden congruencia con las finanzas públicas nacionales y con las transferencias y participaciones federales.

Destaca la transversalidad del quehacer de las estructuras administrativas en la concreción de planes y programas de desarrollo, como un componente del pragmatismo administrativo que pretende agilizar y flexibilizar las acciones del quehacer público.

Los regresionismos económicos y políticos, marcan en la responsabilidad hacendaria, una responsabilidad social que no puede darse sin un manejo prudente del endeudamiento acotado al desarrollo y a perspectivas de crecimiento económico, con equidad social; elementos indispensables que hacen del ejercicio de gobierno, un estadio de seguridad humana.

La iniciativa de Ley de Disciplina Financiera, parece articular tácitamente un principio fundamental de equilibrio político y económico: que la gobernabilidad del ejercicio público es consustancial al grado de oportunidades sociales que genera el Estado. Lo inverso es el fracaso histórico de aquellos países que han edificado la injusticia y la desigualdad social, la pobreza y la pauperización de sus pueblos, al amparo de la perversión política de un gasto y endeudamiento desmedido.

Agenda

  • El Presidente Peña Nieto presentará su tercer informe de gobierno el próximo 1 de septiembre, se esperan definiciones respecto a la orientación de la administración para la segunda mitad de su administración. Asimismo, realizó movimientos en el gabinete, les deseo que enfrenten con éxito las nuevas circunstancias y desafíos de la administración pública.
  • Se llevó a cabo la sesión constitutiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados y se integró la Mesa Directiva. Considero que la Agenda Legislativa atenderá la aprobación de las leyes secundarias de las reformas estructurales, anticorrupción, seguridad, disciplina financiera de estados y municipios, así como, las zonas estratégicas en el sur del País, el paquete económico, particularmente la aprobación del presupuesto base cero, entre otros temas.

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