La Ley General de Archivos y la Participación Ciudadana

Perspectiva
Lunes 6 de julio de 2015
Por Esteban Ángeles Cerón

La Ley General de Archivos y la Participación Ciudadana

La ingeniería constitucional trazada en torno a la Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional de Transparencia y la ley de la materia, debe cristalizar la aprobación de la Ley General de Archivos, la de Protección de Datos Personales y las 32 leyes locales.

El cometido es vertebrar la memoria documental del país y testimoniar las acciones transversales de la administración, cuestión vital para salvaguardar la probidad del ejercicio gubernamental, ampliar los controles efectivos sobre el quehacer público, y desarrollar la fortaleza de la inteligencia institucional.

La protección de los Archivos de la Nación, constituye un proceso que valora la preservación del acontecer histórico para entender la articulación con el pasado, pero mucho más significativo, para comprender el presente, reconociendo bajo principios administrativos de equilibrio gubernamental, la importancia de concretar y resguardar el derecho de acceso y disponibilidad de la información que tutela la Ley General de Transparencia.

México vive tiempos difíciles de redefinición político-social, donde el marco legal que ampara la transparencia y el combate a la corrupción, está siendo actualizado e implementado para revertir los procesos de crisis y desencuentro social que han primado. Estas acciones darán solidez a la reinstitucionalización gubernamental, lo que es un acierto de la presente Administración Federal.

Por ende, la vigencia de la Ley General de Transparencia y la concreción del Sistema Nacional al que da marco, debe estar precedida de una práctica socializadora del quehacer público, que establezca las bases para su ejercicio y fomente el acceso a la información pública y la rendición de cuentas para la planeación participativa.
Al respecto, conviene precisar que el artículo 13. a. de la “Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública”, considera obligación de la administración pública, producir y proveer con suficiente anticipación, aquella información relevante y comprensible para posibilitar la participación ciudadana en el diseño y formulación de políticas públicas.
La Ley General de Archivos es parte fundamental para garantizar el derecho humano de acceso a la información pública, para una participación ciudadana efectiva, en la que el ciudadano es empoderado a través de información asequible, accesible, incluyente, oportuna, pertinente y gratuita, útil para incidir en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas.
La ley deberá ordenar que la información sea clara y accesible con independencia de la condición individual (étnica, religiosa, política, condición física, etc.); que fomente la planeación participativa, la toma de decisiones en forma deliberativa, promueva -en un proceso permanente- la interlocución y evaluación de la gestión pública de acuerdo al interés ciudadano; y genere redes de comunicación social desde las entidades públicas.
En este contexto, la Titular del Archivo General de la Nación, Dra. Mercedes De Vega, ha precisado la urgencia de contar con una Ley General de Archivos que establezca una organización y administración homogénea en los órdenes de gobierno federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, integrados en un Sistema Nacional de Archivos.
Bajo esta premisa, cabe plantear que el examen de la relación causal entre gobernanza y estabilidad político-social, se incuba no sólo en la transparencia documental del Estado, sino en lazos de certidumbre y credibilidad entre las instituciones y sus actores en íntima vinculación con las fuerzas ciudadanas.
La identidad pública, como proceso de comunión entre la clase gobernante y los ciudadanos, se ha deteriorado. Para el tejido social la “cosa pública”, ya no es “suya” o “nuestra”, es de “nadie”, realidad que confronta la isonomía de la ley, y provoca la pérdida de identidad ciudadana y el sentido de pertenencia hacia lo público.
En este escenario, concebir a los archivos como fuente de integración social, conlleva admitir que la ciudadanía no transita en su integración con el ejercicio de gobierno a través de lo “visible”, sino de las causas y efectos de esa visibilidad, por lo que la apertura pública al ser consustancial al grado de vinculación, comunión e identidad ciudadana con su Estado, resulta fundamental para combatir la opacidad y discrecionalidad que sobrepasan o violan el principio de máxima publicidad del ejercicio de gobierno.
En el proceso de transparentar la documentación del Estado, es necesario implementar mecanismos y acciones que adopten las proposiciones ciudadanas en la prescripción de las tareas públicas, su documentación permite corroborar el ejercicio del gobierno en público, e impedir las causas que propician la precariedad del acceso y la nulidad del escrutinio ciudadano a la información pública como forma viciada y subrepticia de contener la democratización institucional.
Por ello, en tanto la información gubernamental no adquiera un carácter público, que responda a los principios de integralidad, máxima publicidad y asequibilidad, y se integren archivos de calidad, ordenados, sistematizados, abiertos, oportunos y actualizados, se estará protegiendo los intereses de cofradías y élites políticas, y lo que es peor, se obstruirán las oportunidades sociales que se encuentran a merced de los imprevisibles apetitos que redundan en corrupción e impunidad.
Los gobiernos no deben tener prácticas de simulación y manoseos; información incompleta o insuficiente; páginas Web que sean vitrinas de imágenes que no se correlacionan con información sustantiva; prácticas que entorpezcan el connatural escrutinio de la opinión pública, ya que al hacer a un lado al ciudadano, obstaculizan el sistema democrático. Digámoslo claro: el peligro de obstruir el acceso a la información pública, es en el fondo, la pretensión de mantener la opacidad y el contubernio del statu quo.
La disyuntiva y desafío de los sujetos obligados, estriba en conciliar el respeto, protección, promoción y garantía del derecho humano de acceso a la información, y la custodia de los datos personales, sin que la reserva de la información, ya sea por seguridad nacional, pública o de carácter estratégico; impida reconocer la preferencia del derecho ciudadano que están obligados a respetar dado su interés público.
No nos olvidemos que el titular de la soberanía es el pueblo; que ello no es un legado o dádiva del Estado, sino una conquista ciudadana que hizo de lo público, equidad y justicia social para todos.
Agenda
• La visita de los Reyes de España refuerza el lazo histórico bilateral con México y fortalece la vertiente comercial, cultural y de inversiones.
• Felicito a los integrantes del Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo, que por conducto de su Consejero Presidente, Mario Pfeiffer Islas, rindieron cuentas de un año más de gestión.
• Lamentable fallecimiento de Jacobo Zabludovsky, su hijo Abraham lo describió como “un hombre respetuoso de los demás, digno de unos orígenes modestos, nunca olvidó de donde venía, era leal a su barrio, a su tribu y a su clan”, descanse en paz.

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