La Inteligencia Institucional y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, producto de la acción comprometida de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Instituciones Académicas y Legisladores, se promulga en un contexto de dificultades del orden sistémico.

En primer término, enfrenta el desafío de lograr a partir del desarrollo de la inteligencia Institucional, la integralidad orgánica del gobierno hasta ahora fragmentada, dispersa e inconexa; impedida de coexistir con las estructuras sociales que demandan racionalización y eficiencia operativa del Estado.
Integralidad e inteligencia institucional son las premisas que deben concretarse en la observancia de la Ley de Transparencia lo que implica edificar una nueva gestión pública basada en prácticas de “Gobierno Abierto” (Open Data); observar y analizar con enfoques sistémicos los datos del quehacer público contenido en plataformas informáticas replicadas en Estados y Municipios; y en comprometer una creciente participación ciudadana.
No es suficiente el acceso a los archivos y documentos en posesión del gobierno, se requiere transitar a la concreción de propósitos definidos por la gestión, uso y divulgación de la información; forjar procesos de mejora continua en la ministración y aplicación de la capacidad orgánica del Estado; y generar confianza en el ejercicio gubernamental, para proteger las instituciones democráticas.
El reto es hacer operativa la aplicación de la Ley a las diversas dimensiones del quehacer público; establecer elementos que amplíen la oferta gubernamental para atender las necesidades sociales; e instrumentar las políticas públicas que consoliden vínculos de concreción con el Proyecto Nacional.
La Ley de Transparencia no puede quedar reducida a letra muerta, inocua a su prescripción normativa. Es imperativo crear las capacidades institucionales que adecuen los procesos, la gestión de la información para el cumplimiento de las nuevas obligaciones en materia de transparencia y sobre todo, abrir paso a la investigación, innovación, capacitación y difusión.
Esto significa establecer criterios de atención a las demandas ciudadanas, generar respuestas de calidad y sacar de la oscuridad la operatividad de las estructuras administrativas del Estado.
En este sentido, el Presidente Peña Nieto advierte los alcances de la Ley, al señalar que “…fomenta la honestidad y la integridad en el servicio público…ayuda a prevenir y a combatir la corrupción…promueve la responsabilidad y la eficacia en la gestión pública…empodera a los ciudadanos para evaluar a sus autoridades y exigirles que rindan cuentas…sin embargo, con todo y sus beneficios sociales, la transparencia es sólo uno de los elementos de un paradigma aún más amplio, el Gobierno Abierto…”
La prescripción presidencial es clara: la conversión y tránsito de las estructuras institucionales hacia las prácticas de transparencia, son sólo una vértebra en el camino del Gobierno Abierto, por lo que se deben refuncionalizar integralmente las instituciones, ampliar la corresponsabilidad ciudadana, y propender a la realización plena del mandato ciudadano. Esto significa avanzar de la ejecución operativa, a la inteligencia institucional.
En este sentido, la transversalidad e interoperatividad de las acciones del Estado, constituyen elementos consustanciales al desarrollo y funcionamiento administrativo de las nuevas lógicas legales de la transparencia y acceso a la información pública, al promover una dimensión de coparticipación ciudadana que va más allá de la auditoría social e impulsa a las instituciones a incrementar sus niveles de eficiencia y capacidad de respuesta.
Respecto a los alcances de la nueva Ley de Transparencia, destaca que las estructuras políticas, deben fomentar la creación de nuevas formas para generar no sólo valor agregado en sus respuestas, sino legitimidad como reconocimiento expreso de un poder que cumple, que no se oculta, ni responde a intereses de élite, sectarios o de grupo. Este es el basamento de un Estado que como macrosujeto político, está obligado con la legalidad, pero por sobre todas las cosas, está obligado con su pueblo.
No podemos olvidar en este diálogo institucional que el imperativo político es fortalecer el vínculo entre sociedad y gobierno. Esto requiere del dinamismo, confianza y autonomía de las estructuras y organizaciones de la sociedad civil, para garantizar que la democracia representativa se erija en una realidad contundente del ejercicio de la ciudadanía.
México requiere que la transparencia genere estructuras gubernamentales sanas, capaces de enfrentar y resolver el intrincado laberinto de impunidad y corrupción que se niega a morir; y disminuir los contrastes sociales en materia de desigualdad y pobreza, que como grandes déficits sociales, son preocupantes y claman porque la transparencia institucional se convierta en un camino cierto de concreción y edificación de oportunidades sociales.
No se trata de incomodar al poder público, sino de ser receptivos y sensibles para dar cumplimiento a las necesidades de la población. Más de cincuenta millones de mexicanos en pobreza, no pueden pasar inadvertidos y mucho menos, en un país donde impere la transparencia.
En este escenario, se instaura una nueva legalidad en materia de transparencia y acceso a la información pública. Sobresale la necesidad de incrementar y ampliar los marcos de control ciudadano frente al ejercicio del quehacer público y la rendición de cuentas (Accountability), para que la fiscalización social incida en el control de las estructuras gubernamentales. Esta es una dimensión alícuota de la inteligencia institucional, que hasta ahora no ha sido ampliamente incorporada ni satisfecha para el panóptico ciudadano.
Aplaudimos la promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El desafío institucional que apenas inicia, es operativizar y generar la activación del quehacer público; construir el porvenir digno que los ciudadanos merecen; y derribar el estigma de la fragmentación, dispersión e inconexión institucional que prima.
Juzgar sus alcances como herramienta transformadora, merece una reflexión de fondo porque permite recobrar la credibilidad y la confianza perdidas, y propicia nuevas condiciones de gobernabilidad.
El reto es claro: cuando el ciudadano se enorgullezca de sus gobernantes, la tarea estará concluida.
Agenda
• El Secretario Osorio Chong, al participar en el Diálogo de Alto Nivel sobre el Problema Mundial de las Drogas, llamó a proponer los ajustes necesarios a la actual estrategia internacional para combatirla y destacó que el mejor camino para fortalecerla es la coordinación a partir de una visión compartida, producto de un debate sustantivo y abierto.
• El próximo 16 de mayo se realizará la 2da. Carrera Recreativa organizada por el CCCEH y Craniosinostosis México A.C. en la Villa Deportiva “Mario Vázquez Raña” (Prepa 3) a partir de las 8:00 A.M.
• En México honramos el Día de las Madres, para reconocerles su responsable conducción en la edificación de la familia, una de las más sentidas virtudes en la estructura social. ¡Feliz día!
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