Pacto por la Justicia Frente a la Marginalidad Jurídica del Pueblo

El Informe de la Consulta sobre Justicia Cotidiana entregado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) al Ejecutivo Federal, parece ser el examen de conciencia institucional que nos faltaba ante la erosión que vive la ciudadanía frente a la injusticia de lo cotidiano. https://youtu.be/X-pxIxHNRWI
Las dosis de corrupción e impunidad sumadas al anquilosamiento de las estructuras gubernamentales, se erigen como la cabeza de la Hidra, que con sus tentáculos se cierne sobre los entramados sociales, pervirtiendo y quebrantando la marcha de la Nación.

Hacia lo cotidiano de los entretelones de la justicia, una de las más apropiadas concepciones la advierte el jurista John Rawls, quien señala que es necesario especificar los términos de la interacción y mediación entre ciudadanos libres e iguales, miembros de una sociedad en la que cooperan plenamente durante toda su vida. Para Rawls, la justicia y su praxis, es la justicia de todos los días, aquella que está abierta hacia la justicia redistributiva, donde las oportunidades sociales se deben concretar y no ser la ilusión del porvenir.
A este planteamiento, se adiciona la disfuncionalidad institucional que enfrenta la justicia y su fragilidad frente a la resolución de conflictos, cuyos procesos son un viacrucis que provoca que el ciudadano prefiera dirimir sus conflictos al margen de las condiciones del Sistema Judicial, de manera lícita o ilícita.
Esta realidad impone fortalecer en el marco de un sistema de justicia alternativa, las prácticas de mediación para el ejercicio pleno de la justicia a la que aspira la ciudadanía y evitar que sea sustituida y rebasada por la inoperatividad de procesos legales complejos, tardados y costosos, que obstruyen la composición pacífica de los conflictos individuales y sociales.
La investigadora del CIDE, Ana Laura Magaloni, describe acertadamente los efectos de la injusticia cotidiana como “marginalidad jurídica”, es decir, como la exclusión que obstaculiza a la ciudadanía el acceso a la justicia, donde sus causales recurrentes refrendan los problemas del contexto histórico-social de las estructuras de justicia en el país, cuyo desenvolvimiento, lejos de brindar certidumbre, expresan frustración y desaliento social de las más sentidas impugnaciones del pueblo mexicano.
El ciudadano se encuentra desvalido ante su marginación jurídica. Sufre la imposibilidad de ejercer sus derechos y hacerlos valer frente al Estado, no como un privilegio, sino como bien expresa el Presidente Enrique Peña Nieto, “como la causa última del derecho: la justicia”.
Esta realidad no sólo ha quedado manifiesta en el Informe de Justicia Cotidiana. Es más cruda. Se expresa en el sentido ciudadano que demanda un nuevo cauce para procesar y dirimir no sólo los problemas de la realidad inmediata, sino para hacer valer la voz y argumentos ciudadanos concretados en más de 200 recomendaciones para impedir la resignación frente a la inoperancia de la justicia.
El discurso homologador de los diferentes sectores políticos y sociales que suscribe el compromiso de construir una sociedad mejor en la corresponsabilidad de la justicia cotidiana, se enfrenta, como lo he referido en otras entregas a la tarea ineludible de coproducir agendas políticas para la participación ciudadana, cuyo epicentro salvaguarde el interés de la sociedad y la fuerza del ejercicio de gobierno, fortalecido por estructuras jurídicas dinámicas y vigentes.
La realidad imperante engendrada por liturgias anquilosadas, exige redefinir el camino de la impartición de la justicia, pero no para imponer una nueva liturgia o rito legal, sino para trascender del ritualismo oscuro a la concreción y operatividad de la justicia; es decir, para hacer valer la voz de la probidad ciudadana e ir más allá de las formalidades procedimentales para refrendar el compromiso del Estado de salvaguardar los intereses genuinos y solidarios del pueblo para darle rostro al que ha sido vulnerado. Esa es la esencia de la justicia, ahí está su valor y su fuerza.
Existen razones sobradas para entender que el país atraviesa por un momento delicado de su historia y por una aguda fractura de los lazos de cooperación y solidaridad. El consenso generalizado ante las demoledoras y amargas experiencias por las limitaciones y verticalidad que hoy presenta la administración de la justicia cotidiana, clama porque no sea más un camino incierto y oscuro y exige garantías para su acceso.
Por ello, las acciones comprometidas por el Gobierno Federal en torno a los problemas de injusticia cotidiana, deben ser escrutadas como loables y sin duda como su pauta legitimadora. Asumir este impulso transformador, es el primer paso para crear un nuevo realismo jurídico, que haga de los hechos y su concreción un escenario contundentemente visible para los ciudadanos.
Justicia e injusticia marcan los conflictos interpersonales. Advierten en la realidad que vivimos, que los procesos legales no han sido un camino eficaz y que la estabilidad social se construye no sólo desde la impartición de la justicia, sino con la generación de oportunidades sociales. No puede haber justicia ahí donde el pueblo tiene hambre y vive en condiciones de miseria extrema. La justicia carece de sentido, ahí donde la voz del rico tiene mejor derecho que la del pobre. No se hace justicia estadísticamente. Este no es el camino para la justicia cotidiana.
Se debe crear proximidad jurídica ciudadana. Garantizar que lo que se edifica en materia de justicia cotidiana, no sea ajeno para los sujetos sociales, quienes hasta ahora, se encuentran marginados de ella. El rol protagónico de la ciudadanía no debe tener un sentido esnobista o superfluo en el actuar institucional. Debe ser el activismo que en el despertar de la conciencia, revierta la legitimidad perdida que con el compromiso del Estado, construya corresponsablemente un futuro cierto para el pueblo y con el pueblo.
Agenda
• Reconocemos el valor de la niñez de nuestro país y el mundo, así como los vínculos del Estado Mexicano y la UNICEF en la salvaguarda de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ante la cruda realidad de los niños trabajadores, explotados y abusados, que no puede sernos ajena.

• Nuevamente, la reivindicación de los derechos de los trabajadores constituye una conquista social en el marco del Estado Democrático de Derecho, que conmemoramos este 1º de Mayo, ocasión propicia para tomar las primeras acciones en materia de Justicia Cotidiana y revisar el funcionamiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como la condición de los jornaleros agrícolas, trabajadores domésticos y la prevención de la trata y tráfico de personas.
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