Usos y Costumbres de los Pueblos Indígenas y el Nuevo Sistema de Justicia Penal

El Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo y el Instituto Republicano Internacional (IRI) México, en el marco del “Programa de Seguridad con Justicia”, llevaron a cabo el “4º Taller para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil”, con el tema “Los Usos y Costumbres Indígenas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal”, toda vez que Hidalgo es un estado que tiene un número importante de población indígena que sigue con muchas de sus formas sociales tradicionales vigentes. http://www.ccceh.org.mx/UyCNSJP  

Hoy que hablamos de transparencia y visibilidad del Estado, de Gobierno Abierto, de “CoCreación desde lo Local”, ¿No es impostergable brindar soluciones a la inequidad, desigualdad y deterioro de la vida de nuestros pueblos originarios, como ya fue señalado en 2003 por el Relator Especial de la ONU?, ¿No es necesario preservar las lenguas originarias que están en franco proceso de extinción?, ¿Qué nos ha pasado como Nación, que ante nuestra indolencia e indiferencia, hemos justificado la dominación, la exclusión y la explotación de nuestros pueblos indígenas?
En el 4ª Taller, el activismo ciudadano asumió que el debate social estriba en  plantear, ¿Cómo lograr la vigencia plena de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, para que no sólo estén en el texto legal, sino también en la realidad?, ¿Cómo lograr la aplicación de un sistema normativo indígena, compatible con el paradigma de los Derechos Humanos?, ¿Cómo preservar la integridad cultural y humana de los pueblos indígenas, que implique un estatus de dignidad, que no los subyugue y condene a la aculturación?, ¿Cómo fortalecer al Nuevo Sistema de Justicia Penal, con los elementos adecuados para conducir la conflictividad de los pueblos indígenas?
Se requiere crear un ámbito jurisdiccional que asuma desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, una justicia que recupere la consulta de estos pueblos acerca de sus realidades y problemas y tener claro que los  límites y alcances del Nuevo Sistema de Justicia Penal, son insuficientes para entender esta realidad y asegurar su salvaguarda, ya que no parte del sentido expreso de “Integridad Cultural”, es decir, no dimensiona desde los usos y costumbres, la preservación de la dignidad humana de los pueblos indígenas.

Se trata en el fondo, no sólo de un debate legal, sino de la aceptación de una axiología indígena cuyos valores sociales, se articulan de acuerdo a su cosmogonía. No es lo mismo ser Tarahumara que Ñhäñhü, debemos respetar la especificidad de la identidad indígena, pues sus condiciones son expresas y en la mayor parte de los casos, sui generis.
Antonio Cassese advirtió: “… un valor fundamental del mundo contemporáneo, es la diversidad…”, que no se nos olvide. Por eso se deben considerar en vez de los problemas, las virtudes de la diversidad, pluralidad y diferencias entre etnias.
El entramado social de los pueblos y comunidades indígenas frente al del Nuevo Sistema de Justicia Penal, demanda fortalecer la capacidad y habilidades interpretativas de los servidores públicos vinculados a la procuración e impartición de la justicia, en cuya formación y profesionalización se reclama la participación corresponsable de las Universidades Interculturales.
Es necesario que sepan reconocer las especificidades indígenas; atender a víctimas y acusados, de forma integral y eficiente resolviendo su situación jurídica en la inmediatez, aplicando los protocolos de actuación y las medidas que preponderen a mujeres y niños para evitar duplicar su vulneración.
Hay que superar las posturas reduccionistas de incorporación de traductores indígenas, para transitar a la operación de facilitadores culturales, integrados por miembros de los propios pueblos que permite el entendimiento de la cosmovisión indígena. El reto es incorporar al sistema normativo que nos rige, los mecanismos tradicionales que tienen los pueblos indígenas para la resolución de conflictos.
En este cometido, los “Medios Alternos de Solución de Conflictos” constituyen la llave para el reconocimiento pleno, pues el ejercicio de esas funciones debe prevalecer por cuenta de los propios integrantes de las comunidades indígenas, con las limitantes que señala el Convenio 169 de la OIT, so pena de aculturizarlos, esto es, del respeto a los Derechos Humanos Universales, de los pueblos indígenas, y del Sistema Jurídico Nacional.
Nuestros pueblos originarios sucumben ante los apetitos sobre sus tierras, sus bosques o sus recursos naturales. Los hemos excluido desde la lengua, segregado desde la adjetivación de lo indígena, de lo aborigen, y demeritado desde lo que les es propio; rechazamos sus costumbres e imponemos las asimetrías, que los han condenado al ostracismo. Estas realidades conforman el mayor número de denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Es urgente perfeccionar el sistema normativo indígena reconociendo la legitimidad de la que gozan, y a partir de la mediación e interacción desde su propio lenguaje, así como desde la proximidad de su realidad, construir un derecho autónomo, que interprete fielmente su circunstancia con las leyes generales de la Nación. 
También es necesario garantizar la adecuada operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y asegurar un debido proceso, ello presupone que la estructura legal actual, deba capacitar a jueces, magistrados, defensores especializados en alguna cosmovisión indígena y con conocimientos de sus derechos, y agentes del ministerio público, para que la procuración e impartición de la justicia, asimile la realidad de los pueblos originarios.
México debe insertarse en una nueva racionalidad en materia de usos y costumbres de los pueblos indígenas, crear un auténtico derecho indígena, y reorientar la estructura del Sistema Penal para transitar de una sociedad digna de derechos, a una donde el derecho, sea digno de los seres humanos.
Agenda
El amparo otorgado por la SCJN a Mexicanos Primero, OSC, fue promovido en 2013 basado en informes de la Auditoría Superior de la Federación, que presume desvíos por más de 30 mil millones de pesos.

El Senado aprobó en comisiones, el dictamen de Ley General de Transparencia, que detalla las nuevas facultades del IFAI, garantiza el acceso a la información, señalando como sujetos obligados a los tres poderes de la Unión, a todos los niveles de gobierno, órganos autónomos, partidos, sindicatos y fideicomisos.

La licitación de las nuevas concesiones de TV, fueron ganadas por Cadena Tres y Grupo Radio Centro, esperamos que la competencia con TV Azteca y Televisa, se traduzca en una mejor programación.
 
El CCCEH y el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, signarán un Convenio de colaboración en el marco de la Conferencia Magistral  “El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México: Propuestas y Acciones para transformar al Distrito Federal”, que impartirá su Presidente Luis Wertman Zaslav. http://www.ccceh.org.mx/ConsejoDF

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