El Sistema Nacional Anticorrupción y El Desarrollo Democrático

AnticorrupciónEl debate público se ha intensificado en los últimos días ante la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.
Esto implica no sólo visibilizar las acciones del orden público, sino representa la consolidación democrática de las instituciones, y por ende, la estabilidad política nacional. En este contexto recordamos que está pendiente la aprobación entre otras, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El Sistema Nacional Anticorrupción aprobado, establece los mecanismos y acciones para la coordinación de las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes para prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.

Esta acción legislativa, se inscribe en el marco de la democratización del país que enfrenta el desafío político de salvaguardar las instituciones y la integridad del desarrollo humano y social; de encausar las tareas del orden público, no sólo desde la responsabilidad vertical del Estado, sino desde la responsabilidad horizontal ciudadana; y de evitar los efectos de una democracia incompleta y opaca, que intente encubrir vicios y precarios desempeños gubernamentales, que provoquen la desafección ciudadana hacia la esfera pública.
Nuestro desarrollo democrático está comprometido a corregir la concentración y verticalidad del poder político. En el proceso para postular candidatos, algunos partidos políticos, han caído en prácticas de compadrazgo, fraternización, nepotismo y abusos de autoridad. En lugar de procesos que seleccionen por méritos, capacidad, honestidad y compromiso con México, a quienes conformarán los órganos del poder público que se renuevan, podemos apreciar rifas y sorteos; anuncios en el aviso oportuno y tráfico de influencias.

Estas prácticas de extrema corrupción, impiden toda posibilidad de darle valor a la representación política de candidatos y servidores públicos, porque se trasmiten como cáncer a las estructuras políticas, a la estabilidad institucional, a la credibilidad, y a la confianza ciudadana, en demérito del orden público y de la calidad democrática, cuyo fin último es garantizar las oportunidades y bienestar de la ciudadanía.

La sociedad se escandaliza ante estos hechos, pero ello no es suficiente. Las actuales deficiencias del sistema político en materia de probidad y rendición de cuentas, requieren una nueva conciencia democrática, así como estructuras orgánicas y procedimientos que garanticen y eleven la cultura de la participación y corresponsabilidad ciudadana, porque los actos de corrupción no sólo devienen de los manejos del poder por parte de la clase política, sino en gran medida, del inmovilismo ciudadano, cuyo grado de asociativismo es precario e incluso aislado.

Los acuerdos suscritos por las principales fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, han abierto un nuevo horizonte con la aprobación de la iniciativa de reformas constitucionales que establecen el Sistema Nacional Anticorrupción, enfocado a combatir esta anomia como un problema sistémico, que puede ser extirpado desde las propias entrañas de las estructuras del poder público.

¡Enhorabuena! Nos encontramos en la antesala de una nueva arquitectura política, donde las fuerzas sociales claman por poner un alto a los abusos de poder que han generado impunidad y corrupción.
Como queda planteado en la iniciativa de reforma, es necesario rectificar las estructuras de poder para generar probidad y moralización en la función pública, a partir de un enfoque centrado en la prevención; en la Investigación a cargo de órganos independientes y autónomos; y en el juicio y sanción de actos de corrupción.

El Sistema Nacional Anticorrupción, dispone fortalecer a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos de control interno de todas las dependencias y organismos públicos; otorga facultades a la Auditoría de la Federación para realizar auditorías en tiempo real y para investigar a partir de denuncias ciudadanas; y a la Fiscalía Anticorrupción la autoriza para investigar y consignar ante jueces federales a quienes cometan delitos relacionados con hechos de corrupción.

Dispone que el Secretario de la Función Pública, sea ratificado por el Senado de la República y que ninguna falta grave prescriba, es decir, deje de castigarse por el simple paso del tiempo.
De igual manera, contempla que corresponderá a un tribunal autónomo, la responsabilidad de juzgar y sancionar a quienes cometan actos de corrupción, y que los servidores públicos podrán ser juzgados una vez concluidos sus cargos por faltas graves.

Asimismo, sujeta a revisión y fiscalización el 92% de los gastos de los Gobiernos Estatales y Municipales, así como el 100% del dinero que gasta el Gobierno Federal.
Los acuerdos logrados por las principales fracciones parlamentarias para aprobar esta reforma constitucional, son la ruta a seguir para lograr la transparencia, corresponsabilidad y eficiencia de las estructuras administrativas, para concretar las aspiraciones y necesidades sociales.

En este sentido, la reforma constitucional también significa, fortalecer la “Gestión con base en Resultados (GbR)”, ya que satisfacer la demanda ciudadana, es tan importante como hacer visible el manejo de los recursos que la posibilitan, porque se generan vínculos de credibilidad y se socializa el quehacer público. Este axioma político, incrementa la calidad de la democracia y convierte la voluntad ciudadana en expresión de legitimidad de las acciones gubernamentales de custodia social.

Los valores de nuestra democracia deben ir más allá de la transparencia. Transitar de la desconfianza a la confianza ciudadana, sólo se logra con la coparticipación en las tareas de la esfera pública. Nadie daña lo que le pertenece, nadie ensucia la casa cuando es suya y nadie vulnera a la patria cuando es partícipe de su construcción.
Es necesario hacer de la política, un efecto de la cultura del esfuerzo que dignifique al ciudadano. Apreciar que la Nación no es un hallazgo ni botín de unos cuantos, sino la expresión más sentida del pueblo, que lo único que espera de sus gobernantes, es que la voluntad de su mandato no sea traicionada.

Agenda

  • El Gobernador Olvera presentó la “Agenda de Innovación del Estado de Hidalgo” y el Director de CONACYT, anunció la inversión para establecer el “Centro de Investigación en Agrobiotecnología Alimentaria y el Consejo Estatal de Logística” lo que fortalece el concepto del Proyecto de Pachuca Ciudad del Conocimiento y la Cultura.
  • En el “Nuevo Polo de Desarrollo del Centro de México PLATAH”, se colocó la primera piedra de “Aircrete México”, empresa holandesa que se dedicará a producir paneles de construcción de concreto celular.
  • Mi reconocimiento al Lic. Jesús Murillo Karam por el valor y profesionalismo con el que se desempeñó al frente de la PGR. Como nuevo Secretario de la SEDATU, estoy cierto que con su visión, conocimientos y experiencia, sabrá impulsar el desarrollo que necesita la Nación.

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