Desaparición forzada: Una Afrenta a la Humanidad

desparicion 1El Presidente Enrique Peña Nieto, el 27 de  noviembre de 2014, anunció diez medidas, que refrendan su compromiso de combatir los problemas de inseguridad y vigencia de los derechos humanos. Señaló: “A raíz de la tragedia de Iguala, México está nuevamente a prueba… El asesinato de seis personas, las lesiones a 20 más y la privación de la libertad de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, por policías y autoridades municipales al servicio de la delincuencia organizada, nos han indignado y agraviado profundamente… En la tragedia de Iguala se combinaron condiciones inaceptables de debilidad institucional, que no podemos ignorar: Un grupo criminal que controlaba el territorio de varios municipios; autoridades municipales que eran parte de la propia estructura de la organización delictiva; policías municipales que en realidad eran criminales a las órdenes de delincuentes…”

La trascendencia de este mensaje a la Nación, confirma que la desaparición forzada es un crimen que enluta a la humanidad, porque vulnera no sólo la vida, la integridad corporal o la libertad del disenso político, sino la dignidad de las personas. Es una afrenta que insulta y pone en riesgo la viabilidad del orden sistémico.

En este contexto, la desaparición forzada, de acuerdo al investigador Elías Padilla Ballesteros, trazó  su modus operandi y su impacto social, advirtiendo que el objetivo de una desaparición forzada es atemorizar, crear un monstruo social aleccionador, que nulifique cualquier forma de oposición social.

Como antecedente, en 2011 el Gobierno Federal invitó a un grupo de trabajo de la ONU, en materia de desapariciones, el cual recomendó que el delito de “desaparición forzada”, debiera ser incluido en todos los códigos penales de las entidades federativas, lo que sólo fue atendido por Nuevo León y Coahuila.

Esta recomendación de la ONU, reafirma lo expresado por el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el país, Javier Hernández Valencia, en las Audiencias Públicas del Senado de la República, donde se abordó la iniciativa del Presidente Peña Nieto en materia de Seguridad y Justicia el pasado 21 de enero. Refirió: “Llegamos hasta aquí desde hace mucho tiempo y no sólo desde los sucesos de Iguala. Llegamos hasta aquí desde que en cada desaparición forzada, en cada acto de ejecución extrajudicial, de tortura y en cada acto de violaciones a los derechos humanos, no actuamos con prontitud y no detectamos la continuidad de nuestra inacción, la inhabilidad que tuvimos para ponernos de acuerdo, y la carencia de identificación de los problemas que nos aquejan…”

Ante esta inoperatividad, cuyas consecuencias se reflejan en deterioro social, corrupción e impunidad, se planteó la necesidad de reestructurar el sistema penal, mediante una reforma constitucional que establezca un Sistema de Competencias; así como, operar integralmente el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio; atender la Justicia Cotidiana y promover ante el Poder Legislativo, la aprobación de la legislación sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Sistema Nacional  Anticorrupción, entre otras medidas.
Pero también, debemos asumir la responsabilidad de entender que muchos de estos delitos son de naturaleza global. Que no son sólo problemas unilaterales de México. Que su dimensión mundial demanda la cooperación entre Estados Nacionales, por lo que la labor del Gobierno Mexicano en la lucha internacional que enfrenta de manera conjunta con organismos internacionales, debe reconocerse y resignificarse.

Pero, ¿Qué medidas debe tomar el Gobierno de la Republica en este combate a la desaparición forzada?
Asegurar la coordinación vertical y horizontal de los trabajos del Congreso Federal y los congresos locales en materia del Sistema Nacional de Competencias Penales; crear mayores lazos de interacción con organismos de la sociedad civil, supranacionales e internacionales, dedicados a la protección de los derechos humanos y de nexos transversales en esta materia, como lo implican organismos de equidad de género, indigenistas, de activismo social, entre otros.

También, ampliar las prácticas de gobierno abierto y en público; profundizar la ciudadanización de las estructuras de gobierno; garantizar el acceso ciudadano a la conducción del quehacer público y sus tareas; asegurar la corresponsabilidad del ejercicio político, para recuperar de abajo hacia arriba la experiencia social, como forma que norme el proceder de las instituciones.
Igualmente, es necesario garantizar la reparación del daño, para restituir a las víctimas directas e indirectas, su integridad física, psíquica y material, y hacerlo público para generar un aprendizaje ciudadano, que impida que las actuales  y futuras generaciones guarden en el olvido, en la indiferencia o en el silencio, la derrota de la razón y del Estado de Derecho.
Se trata de reconocer el valor de la vida humana a través de acciones donde la memoria individual y colectiva, se afirme en un acto que rescate el duelo social que dignifique el recuerdo de nuestros compatriotas, y constituya una lección moral para aquellos que no han entendido que la vida no puede ser segada, porque hiere al tejido social, que hace suya la muerte del otro.
Debemos gestar una nueva conciencia social: ni el crimen ni la muerte pueden sernos indiferentes. Ha llegado la hora de que el ciudadano recupere la confianza y la fe en sus instituciones. Es el momento de derrotar la apatía social que ha generado la autoexclusión ciudadana del quehacer público, y es causal de la autocracia de algunos servidores públicos, que violan el mandato de nuestra Carta Fundamental, como mandato del pueblo que los eligió y les otorgó el privilegio de servir a sus conciudadanos.

Agenda

  • Lamento el fallecimiento de Don Mario Vázquez Raña, quien fuera Presidente y Director General de la Organización Editorial Mexicana y Presidente vitalicio hasta el 2001, del Comité Olímpico Mexicano, acaecido el pasado 8 de febrero. Descanse en paz.
  • Se llevó a cabo el Encuentro de Congresos de las Entidades Federativas, en el que participaron representantes de congresos locales, académicos y activistas. Deliberaron sobre los cambios establecidos en las funciones del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez; la  adopción total de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la armonización de las legislaciones locales, actividad para la que cuentan con menos de 180 días.
  • No dejen de leer el libro del periodista y escritor, Ricardo Raphael, “Mirreynato, la otra desigualdad”. Raphael nos habla de la impunidad, la ostentación, la corrupción y de la falta de la capilaridad social, que hace que la peor de las violencias en México sea la terrible desigualdad.

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