Reconciliación ciudadana: restitución de la dignidad a través de los Derechos Humanos

imagen para perspectiva hoyLa reconciliación ciudadana es reconciliación política. La confianza del tejido social en sus instituciones debe sustentarse en la justicia, la verdad, la reparación del daño, la memoria histórica, el reconocimiento de la dignidad y el respeto de los derechos humanos. Atributos que son el fundamento de la convivencia social y salvaguarda del Estado Democrático de Derecho.

La indignación y la desolación parecen erigirse en el rostro de lo cotidiano. Los desaparecidos nos advierten sobre la necesidad de rectificar y aplicar el Estado de Derecho; de reconocer los retos del ejercicio de procurar e impartir la justicia; y de trazar una frontera entre la dignidad y los derechos humanos, ante los desafíos de una justicia cuyo anquilosamiento se traduce en impunidad y corrupción.

La comparecencia del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, ante la Organización de las Naciones Unidas, señaló el camino de la reestructuración de la procuración e impartición de justicia, desde el reconocimiento frente a las víctimas de las desapariciones forzadas, hasta la respuesta al clima de desconfianza y descrédito que organizaciones como Human Rights Watch (HRW), han formulado, demeritando erróneamente lo hecho hasta ahora por el Gobierno de la República en esta materia.

El subsecretario Gómez Robledo manifestó: “México reconoce sin la menor ambigüedad, que a pesar de los enormes avances que existen en el país en materia de derechos humanos, seguimos enfrentando retos que debemos superar”. El gobierno mexicano está reconociendo, que “no existe mañana sin ayer”, que la justicia no es una prerrogativa de Estado, sino una virtud civilizatoria para restituirle al pueblo la construcción de su porvenir y las oportunidades sociales en paz y armonía.

La reestructuración del sistema de justicia, consustancial a la voluntad institucional de respeto irrestricto a los límites de la dignidad y los derechos humanos, previene que el espíritu de reconciliación ciudadana no puede permitir “ni perdón ni olvido a los crímenes ocurridos”, lo que amplía la exigencia de custodiar la verdad histórica de los procesos, la imparcialidad de los jueces y autoridades, así como la profesionalización y capacitación permanente de los funcionarios públicos.

Aún hay mucho por hacer. El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no puede quedar reducido a un proceso legal. La verdad debe significar una herida abierta que propicie rectificar el camino de la justicia y su ejercicio, ampliando la memoria histórica y colectiva, por ser un hecho que hoy enluta nuestra conciencia y que no puede ser olvidado. Pero hay que evitar la confusión. El camino de la procuración e impartición de la justicia, es su ministración social.

Las estadísticas suelen nublar el entendimiento. Los indicadores cosifican el devenir cotidiano. Por eso, se tiene que hacer de la verdad, la premisa de validez de la Ley. Creer en el otro es el inicio de la armonía y convivencia social, porque ratifica el espíritu del Estado de Derecho, que hace de la confianza, la legitimación de sus fines.
En este escenario, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por el ombudsman Luis Raúl González Pérez, ha marcado como prioridad de su gestión, atender los temas relativos a las desapariciones forzadas, en un esfuerzo articulado con los familiares de las víctimas y organizaciones civiles, así como requerir investigaciones profesionales y transparentes, para hallar la verdad histórica de los hechos.

La CNDH ha informado ante el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, las insuficiencias del Sistema de Procuración e Impartición de Justicia, señalando entre otras, “…la caracterización de la desaparición como un delito pluriofensivo que lacera y atenta contra la víctima directa, familiares y sociedad; la inconsistencia de la definición jurídica de este delito en México en relación con los instrumentos internacionales; el hecho que en algunos estados de la República no se ha tipificado como un delito autónomo; la falta de una Ley General que regule todos los aspectos de la desaparición forzada; la ausencia de una coordinación vertical y horizontal entre las autoridades federales, estatales y municipales para perseguirlo y sancionarlo…”

Este informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es minucioso y extenso, perosu significación va más allá de su contenido inmediato, es la radiografía de una antigua y profunda herida social que no puede sernos ajena y que impide la restauración del tejido social.

También nos advierte, que la certeza del cumplimiento de la garantía jurídica de no repetición, subyace en el reconocimiento de una serie de inconsistencias y carencias que presenta la aplicación del Estado de Derecho, el anquilosamiento institucional y la precaria coordinación, transversalidad, interoperatividad e interoperabilidad institucional, que se suman, sin duda, a los problemas de transparencia, rendición de cuentas, corrupción e impunidad, como signos inequívocos de este flagelo y descomposición social que vivimos.
La reflexión de fondo de esta crisis de justicia estriba en replantear y reconceptualizar el valor de la vida humana y el derecho a la seguridad humana, como principios irrestrictos del Estado. Se debe trascender a las inconsistencias en la procuración e impartición de la justicia, para crear una nueva historiografía donde el atropello, la indiferencia e indolencia, no sean la constante de la realidad social.

AGENDA

  • La LXll Legislatura de la Cámara de Diputados en su último período de sesiones dio parte a las procuradurías de la República y del DF, de las investigaciones que se contienen en el informe de la comisión sobre la Línea Dorada del Metro, cuyo costo fue de 45 mil millones de pesos.
  • Se entregarán constancias de reconocimiento a 52 ciudadanos participantes del Curso-Taller “Cultura de la Legalidad en y desde las Organizaciones de la Sociedad Civil”. Esto reitera la importancia que el CCCEH confiere a la gran tarea pendiente de la Nación, que es hacer funcional el Estado de Derecho, para recuperar la congruencia, la confianza, la credibilidad y la vinculación entre ciudadanía y gobierno.
  • Alejandra Gasca, coordinadora de Proyectos Especiales de México Unido Contra la Delincuencia A.C., impartirá el próximo martes en el CCCR de Tulancingo a las 11.00 horas, la conferencia, “Empoderamiento Ciudadano”. Destaco la importancia de esta conferencia, ya que la Cultura de la Legalidad, como virtud ciudadana, consiste en conocer y vivir conforme a las normas sociales y jurídicas, porque son el eje racional vertebrador de nuestras relaciones cotidianas, que en este escenario emerge como el vértice idóneo para reivindicar la calidad del ejercicio de la ciudadanía para construir una sociedad más justa, con la participación de todos. www.ccceh.org.mx/CULTURADELALEGALIDAD

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