El Nuevo Paradigma Político de los Derechos Humanos en el Estado Mexicano

CNDH 2La politóloga Hannah Arendt, afirmó: “Nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública, nadie puede ser libre sin la experiencia de la libertad pública, y nadie, puede ser feliz o libre, sin implicarse y formar parte del poder político”.

Ni la sociedad ni el Estado, pueden tener una visión apocalíptica en la construcción del desarrollo humano, porque el principio que refuerza el valor del gobierno en su ejercicio ciudadano, se funda en asegurar y ampliar el horizonte de oportunidades de igualdad y de justicia.

En estos momentos críticos, no podemos soslayar el valor y fuerza unitaria del Estado. Sus instituciones vertebran una virtud orgánica indiscutible basada en el Estado Social, Democrático y de Derecho, como sustento que ha permitido históricamente, enfrentar la incertidumbre que ha querido quebrantar y derrotar al pueblo.

¿Pero, qué hace falta para consolidar y afianzar las instituciones que hoy no alimentan el desarrollo, ni la seguridad humana?
Sin duda, hay múltiples causas, pero es evidente que hace falta un nuevo paradigma político que debe edificarse para rearticular el valor de los derechos humanos; hacerlos transversales y replantear su protección desde las estructuras políticas y sociales.

Será entonces y sólo entonces, cuando la seguridad, la educación, la salud, la cultura, el trabajo y la igualdad, cobrarán un espíritu de gobernanza activa, generadora de estabilidad política y social, efectiva en la protección de los derechos humanos, como principio que legitima y justifica los fines y causas del Estado.

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha anunciado diez acciones para restaurar la vigencia plena del Estado de Derecho y con ello la Seguridad y la Justicia. Su concreción vincula a partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, que unidos a las Instituciones y Poderes de la Nación, amplían el compromiso y la corresponsabilidad en las tareas de custodia de los derechos humanos como patrimonio de Estado y dominio de custodia social, para exaltar el valor de la “Concertación Progresista” y el consenso ciudadano, que no admiten la violencia ni el deterioro del Estado de Derecho y de la institucionalidad, como “laissez faire” o simple expectativa de justicia.

En este contexto, ¿qué factores hacen posible la restitución del imperio de la justicia y la seguridad, para devolverle a la ciudadanía la protección, integridad y respeto a sus derechos humanos, en una democracia que se asfixia?

Sin duda, un nuevo paradigma político que contemple, como lo plantea Diego Valadés: “….una revisión completa de los aspectos políticos, administrativos y de justicia….un régimen de gobierno más democrático, un sistema representativo fortalecido y un mejor diseño jurisdiccional…Esta tarea renovadora implica energía e imaginación: México los tiene….”

En este sentido, hay que tener presente que sufrimos los flagelos de la pobreza, la marginación y la desigualdad, como efectos de una estructura legal y económica, que no garantiza la justicia distributiva; enclaustra las oportunidades en pocas manos; y es el principal lastre social y caldo de cultivo de la injusticia, el crimen y la corrupción.

Se tiene que considerar que el Adéndum del Estado en la protección de la Seguridad Humana, debe esgrimir el argumento de una educación universal como patrimonio de todos; garantizar que las oportunidades y el desarrollo social y económico, no sean prebenda de élites o privilegio de unos cuantos; y asegurar una gestión de calidad para fortalecer al tejido social.

En este contexto, es inaplazable afianzar el marco jurídico de derechos humanos; cumplir los compromisos que imponen las convenciones supranacionales; y diseñar y ejecutar políticas de Estado, que garanticen la armonía de las oportunidades de desarrollo y seguridad humana.

De igual manera, se precisa el reconocimiento de la participación ciudadana efectiva para fortalecer el respeto a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y aumentar su corresponsabilidad en las tareas públicas.

La dimensión de estas expectativas, debe acompañarse de reformas que impongan medidas de gobierno abierto, que garanticen el acceso a la información gubernamental y la transparencia del ejercicio público, que es también en público.

Estas prácticas, siempre acompañadas de encuentros y desencuentros, sólo pueden ser planteadas a través del consenso político como procedimiento para procesar los conflictos de la dinámica social, que exige abrir los canales de acceso a la información y sus estructuras de visibilidad, archivos públicos, cuentas nacionales, estatales y municipales; y transparencia de planes y programas tanto regionales como sectoriales, lo que fortalecerá la actuación de instituciones y servidores públicos frente a la ciudadanía.

De igual forma, se debe construir un marco jurídico con enfoque sistémico; fortalecer los protocolos de rendición de cuentas; auditar y establecer consecuencias a la comisión de actos de corrupción; revisar y corregir el anquilosamiento de las estructuras de cumplimiento de los servidores públicos; y evitar espacios proclives a la impunidad que deterioren y corroan la convivencia social armónica.

México necesita replantear la ciudadanización de las estructuras gubernamentales desde la reinstitucionalización del poder político; recuperar las oportunidades perdidas por el tejido social; hacer valer el desarrollo integral a una vida digna para todos; potenciar sus capacidades intelectuales y culturales; y hacer de la economía, una potestad de armonía y equidad social, que brinde igualdad de facto a los ciudadanos.

La redefinición y articulación de un nuevo paradigma político en materia de derechos humanos, debe ser una acción para acabar con la impunidad, la corrupción y la criminalidad. Nadie puede ser indolente cuando se ha vulnerado y violado la integridad física y moral de los mexicanos.

La designación del Senado de la Republica, de Luís Raúl González Pérez, como nuevo Ombudsman o defensor del pueblo, constituye un acierto ante el déficit de autonomía en el ejercicio efectivo que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y fortalece la prescripción de cambio de rumbo del Ejecutivo Federal, en materia de Seguridad y Justicia, por implicar un saneamiento y empoderamiento de la ciudadanía, como apoyo a la institucionalidad y al ejercicio de gobierno.

No podemos seguir recogiendo de la muerte, la gota amarga que le ha robado la esperanza a los mexicanos. No se puede naturalizar la violencia como diatriba de maldad, ni como prebenda política. La conciencia exige construir un México de todos y para todos.

Agenda

  • El Gobernador Olvera protestó como Presidente de la CIAPEM, comprometiendo vincular las políticas públicas con las estrategias de gobierno digital de estados y municipios, para el impulso de la innovación.
  • Se inauguró el Centro de Justicia para Mujeres con la presencia del Presidente Peña Nieto, abriendo un espacio de atención especializada e integral, para garantizar el acceso a una vida libre de violencia.
  • Promovido por el CCCEH y el INM, se integró en Apan el Consejo Regional para la Atención a Víctimas de Tráfico y Trata de Personas.

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