El Valor de las Instituciones Políticas del Estado Mexicano

Palacio
La vigencia del Estado de Derecho, implica para la democracia, la existencia de un sistema donde se protejan las libertades políticas y los derechos humanos; se establezcan redes de responsabilidad pública para rendir cuentas y se transparente el quehacer público. Dimensiones fundamentales del control democrático del Estado.

Hemos sido testigos de la involución del sistema político mexicano: en unas ocasiones, ciudadanos silentes y cívicamente omisos, y en otras, inconscientes frente al deterioro de las estructuras políticas. Quizá se nos olvidó la patria, porque al haberse convertido en botín de unos cuantos, se volvió tierra de nadie.

Esto, pese al valor de las expresiones de indignación ciudadana de los últimos días, que como manifestaciones reactivas, son efecto del silencio y de la falta de participación ciudadana permanente; y no proactivas, producto de la conciencia y de la organización social sistemática.

Sin embargo, la grandeza de las instituciones políticas nacionales, debe imponerse ante la corrupción y la indolencia de quienes, teniendo el deber de encausar las tareas de conducción social, como los partidos políticos, propician el marasmo en el cual nos encontramos al impedir la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, encriptando sus acciones y su lenguaje.

¿Esto, no parece advertir la crónica de una muerte anunciada de la partidocracia?, ¿no son acaso los ciudadanos, objetos residuales de las intenciones veladas de las élites políticas?; y en los hechos, ¿la obstrucción y abandono del mandato del pueblo por parte de los partidos políticos, no es en todo momento una derrota del Estado de Derecho?

El principal desafío que presenta nuestro sistema político, para encausar a México, no tiene que ver con enfrentar los retos del futuro, sino del presente, que amenaza con flagelar y erosionar los valores que históricamente hemos construido, como legado institucional. No requerimos un Estado más grande, sino más fuerte; son innecesarios plebiscitos, referéndums, consultas populares o candidaturas independientes, cuando los representantes populares hacen valer la voluntad del pueblo.

Es necesario insistir en el fortalecimiento y estabilidad de los partidos políticos, porque deben constituir la fuerza orgánica que permita a la ciudadanía ascender a la toma de decisiones públicas; generar una autentica corresponsabilidad institucional; y procesar el conflicto social, en los cauces de la racionalidad e imperio del Estado de Derecho.
Es lamentable el cisma que vive el PRD, porque en lo general, sus efectos impactan al sistema de partidos; y en lo particular, da paso a un profundo revisionismo político, que amenaza no sólo con la defección de sus miembros, sino a la viabilidad de su estructura partidista. Su líder moral fundador, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ha pedido que renuncie la dirigencia que encabeza Carlos Navarrete. Sin embargo, es insuficiente, porque no se trata de deponer a figuras políticas, sino de reestructurar la probidad, moralidad e integridad del partido.
Los estragos de la involución del sistema de partidos son evidentes. La amarga lección de los 43 estudiantes desaparecidos, no se reduce al encarcelamiento de José Luis Abarca y demás. Más allá de castigar con todo el peso de la ley a los culpables, llegó el tiempo de escrutar el desempeño de los partidos políticos, por ser organizaciones que deben representar el interés ciudadano y ninguno puede conducirse al margen de la sociedad.

Este escenario nos advierte que el ejercicio de gobierno presenta un déficit incuestionable en los Ayuntamientos. Iguala sólo es la punta del iceberg de la incertidumbre política; porque la realidad que todos ya saben, es que los partidos políticos han perdido la brújula de los valores institucionales, por limitar su actuación a una competencia que reduce la voluntad política del pueblo a “tener” que elegir la representación nacional.

Asimismo, marca un proceso que reclama mayor responsabilidad política. El marasmo partidista no es la única consecuencia negativa para el escenario social, ya que la desconfianza y precaria credibilidad internacional, pone en riesgo la operatividad de las Reformas Estructurales y la estabilidad económica y política.
El proceso electoral de 2015, debe enfrentarse no sólo pidiendo fichas curriculares a los candidatos. Los partidos políticos deben considerar que la gravedad de los acontecimientos, muestra con claridad que estamos frente a una crisis sistémica, que reclama medidas drásticas, que tienen que ver con la adopción de nuevos procedimientos que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas y la auditoría ciudadana, vinculada al “voto programático”.

El historiador Marc Bloch, sentenció: “Hay que comprender la historia para que no se repita”; ¿cuántos “Ayotzinapa” requerimos para comprender que los partidos políticos, deben ser ampliamente auditados y controlados por la ciudadanía?, ¿no es acaso Ayotzinapa un parteaguas para revalorar nuestras instituciones y fortalecerlas?, ¿hasta cuándo se hará valer el “voto programático”, para hacer que candidatos y servidores públicos, rindan cuentas a sus partidos, a los ciudadanos, y respeten nuestra institucionalidad?

No se puede olvidar que la voz ciudadana es la mejor defensa del Estado de Derecho, y que un gobierno ciudadanizado, corresponsabiliza su actuar en una fuerza unitaria que engrandece a su Nación.

No obstante que el ciudadano ha sido relegado a simple espectador, percibe la erosión de la democracia representativa y el debilitamiento del sistema de partidos, porque han perdido la virtud de hacer política en la conducción social y en el ejercicio de la ciudadanía efectiva. La que no admite la promesa ni la prebenda política.
Debemos rescatar el espíritu de nuestro sistema de partidos. Hagamos valer la virtud pública de las instituciones que hemos construido y que desde nuestro Contrato Social, han marcado el Continuum Político de nuestra democracia.

Los ciudadanos no pueden ser desplazados por élites de poder, ni por intereses mezquinos. Es el pueblo la verdad unívoca que le da sentido y valor al Estado. No se puede perder el rumbo del país, pese a que la inequidad y la corrupción, amenazan con su opacidad el destino de todos los mexicanos.

Agenda

  • Es loable que el Presidente Peña Nieto haya hecho pública su declaración patrimonial, acto que confirma su determinación por un ejercicio transparente del gobierno.
  • La conmemoración del CIV Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, debe refrendar el fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática, que es el camino para forjar el México que todos queremos.
  • Inició en Pachuca, la operación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial. Funciona separando las funciones de investigación, acusación y sentencia, y aplica principios que buscan garantizar la seguridad y los derechos de víctimas e imputados, que gradualmente sustituirá al sistema procesal penal clásico, en el resto del estado.

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