La Dignidad Humana como Axioma de la Vigencia del Estado de Derecho

poly-1La historia de la democracia en México es una experiencia política de conquista ciudadana. Por ello, no es aceptable que el tejido social permanezca ad perpetuam, anhelando la construcción de un país, donde impere la justicia y tenga vigencia el Estado de Derecho.

La administración del Presidente Peña Nieto, ante el deterioro y anquilosamiento de las estructuras institucionales, y frente al déficit político que durante años, no permitió la concreción de los acuerdos que México necesitaba; asume esta premisa como la génesis del Pacto por México, a partir de la cual, construye una alianza política para edificar las Reformas Estructurales.
En un nuevo camino de orden y gobernanza activa de la sociedad, las Reformas Estructurales centraron la discusión inequívoca de que, modernizar al Estado implica no sólo administrarlo, sino transformarlo; admitiendo que ni el autoritarismo ni la verticalidad del ejercicio de gobierno, son la solución para enfrentar el deterioro de la realidad política, económica y social de la Nación.

Las reformas constitucionales aprobadas, requieren ciudadanizar las estructuras institucionales y establecer en el marco jurídico, la preservación del desarrollo humano y social; no sólo desde la perspectiva de igualdad jurídica entre los hombres, sino a través de su autodeterminación, tanto individual como colectiva. Asimismo, demandan invertir el paradigma jerárquico de la institucionalidad del poder, para devolverle al ciudadano, el protagonismo político capaz de crear un auténtico sistema de contrapesos y deliberación social, para fomentar la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno.

Reconocemos que el camino no ha sido fácil. La complejidad de nuestra realidad, denota que el inmovilismo social y la precaria organización y participación ciudadana, aunados a la depuración y reestructuración institucional, advierten no sólo un problema de conciencia social, sino también de disfuncionalidad e ineficiencia gubernamental. Estas consideraciones, explican la carencia de oportunidades, la marginación y la pobreza.

El Estado no puede ser indolente ante la desigualdad y erosión política, porque son el caldo de cultivo para los enclaves de la delincuencia. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), “La desigualdad social se caracteriza por una concentración desproporcionada de los ingresos, que se agudiza ante el aumento de la pobreza y la marginación. Desde el año 2013, más del 40% de la población latinoamericana, vive por debajo del umbral de pobreza.”

Esto nos advierte que es necesario avanzar en la construcción y profundización de las Reformas Estructurales, para generar la riqueza y la justicia social redistributiva, que acorte la brecha de la desigualdad económica y social, reduzca la pobreza y devuelva el porvenir a la Nación; no como prerrogativa de la clase política, sino como mandato ciudadano.
La demanda social que enfrenta el Estado Mexicano, consiste en hacer compatible el desarrollo económico del país, con el rescate de la dignidad humana, que es el valor jurídico supremo que sustenta la vigencia del Estado de Derecho.

La presencia del Presidente Peña Nieto en la Cumbre de la APEC, en este momento delicado que vive la Nación, obedece a un compromiso de Estado, suscrito en el propósito de alcanzar mejores niveles de desarrollo, que eviten la incertidumbre y vulnerabilidad que amenaza el crecimiento de la economía mexicana.

La prescripción que nace de esta visita de Estado, es que ante la globalización económica, la construcción del desarrollo y equidad social, no pueden plantearse de manera aislada. Nuestro proceso de desarrollo está ávido de generar no sólo el intercambio comercial y cultural con otras economías, sino también el aprendizaje de la implementación de políticas públicas, de producción y de comercialización, de países exitosos como China, que se ha situado como la segunda economía a nivel internacional.

Mientras no seamos capaces de construir las bases del desarrollo económico, que permitan consolidar el crecimiento necesario para redistribuir la riqueza de la Nación y con ello combatir la vulnerabilidad que enfrentamos; no puede haber estabilidad social ni seguridad ciudadana, “… no se puede construir una política de seguridad y acceso a la justicia sin mirar y atender los elementos fundamentales del desarrollo humano,… no puede haber justicia cuando hay hambre,… no se puede construir seguridad cuando no hay confianza,… no se puede hablar de paz cuando no hay igualdad,… no se puede hablar de justicia, cuando no es plena para cubrir las necesidades elementales de la sociedad”. http://www.sinembargo.mx/30-05-2013/638312.

Para edificar un país donde impere la justicia social, se requiere introducir en el epicentro de la Agenda Política Nacional, los argumentos esgrimidos por el Jefe del Ejecutivo en la APEC. Es necesario activar la economía nacional para brindar las oportunidades que generen el equilibrio y la movilidad económica; el dinamismo de los sujetos sociales; y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Las carencias económicas, las asimetrías sociales, la desigualdad y la pobreza extrema, reclaman hacer de las Reformas Estructurales, el horizonte y porvenir de los anhelos de justicia social.

Hemos advertido que el síndrome de la democracia impedida ante la impolítica, obstruye significativamente el avance del Estado ante la falta de corresponsabilidad política entre ciudadanos y gobierno. La clase política no puede obviar la erosión y desigualdad del tejido social. Debemos apreciar que el desarrollo democrático y humano de la ciudadanía, son esencialmente complementarios como marco normativo de la convivencia social.

La gran tarea pendiente de la Nación, es hacer funcional el Estado de Derecho, para garantizar que la construcción de las grandes reformas, no se vean impedidas ante la inoperatividad del orden jurídico. Respetar el continuum político de la ciudadanización y democratización de las instituciones, frenará la involución en que se encuentra nuestro sistema político, que hoy debe recuperar la congruencia, la confianza, la credibilidad y la vinculación entre ciudadanía y gobierno.

Agenda

  • Felicito a Luis Raúl González Pérez, por haber sido electo por el Senado de la República como nuevo Presidente de la CNDH, con la consigna de aclarar los casos Iguala y Tlatlaya. El reto para el nuevo Ombudsman no es menor: su tarea implicará restituir a la CNDH, credibilidad, confianza, rumbo y sentido ante la sociedad.
  • La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, por cuatro billones 694 mil 677 millones 400 mil pesos, asignando mayores recursos a los rubros de seguridad y economía.
  • El Gobernador Olvera tomó protesta al Consejo Ciudadano de Seguridad y al Consejo Estatal de Participación Social en la Educación. En el CCCEH reconocemos estas acciones, porque privilegian la participación ciudadana en estos importantes ámbitos del quehacer público.

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