La Integridad, Valor Democrático Contra la Impolítica

croquis_integridadCuando persisten el anquilosamiento de las estructuras políticas y la escisión entre sociedad civil y sociedad política, se ingresa en una época de desconfianza, donde la ciudadanía clama por revitalizar el sistema político y de gobierno, para que responda a los auténticos intereses populares.

Este proceso de descomposición y perversión política, propio de una democracia obstruida, manipula las funciones del Estado para favorecer los privilegios de los grupos empoderados de la gestión pública y advierte que la fragmentación, impunidad, corrupción y pérdida de legitimidad, que la caracterizan, generan acciones en sentido contrario a los fines del Estado.

Estas condiciones de contrademocracia, incertidumbre social, de democracia impedida, obligan a revisar la integridad y probidad de las estructuras políticas y de los servidores públicos, a la luz de una ciudadanía que trasciende su activismo político y genera desde su conciencia, la fuerza orgánica de una voluntad irrestricta, para hacer valer sus “instituciones invisibles”: la legitimidad y la confianza.

Fortalecer el orden democrático y sus instituciones, requiere que la transparencia constituya un acto de integridad social, que no sólo exija probidad, sino que sancione legal y efectivamente, la corrupción. Demanda restablecer el diálogo, hablar claro, para que el ciudadano comprenda los alcances de las acciones públicas y su corresponsabilidad. Reclama frenar la demagogia y la simulación, que hieren y ofenden la voluntad del pueblo. Postula hacer de la concertación progresista, fundada en el consenso asertivo, la fuerza ciudadana de acciones corresponsables, abiertas y horizontales.

En este contexto, la crisis por la vigencia del Estado de Derecho en Guerrero, no puede convertirse en una guerra fratricida de cálculo político de la partidocracia. Por el contrario, debe ser el parteaguas para que el Estado de Derecho, la justicia y la probidad, se constituyan en una lección solidaria de la sociedad, toda.

La designación de Salvador Rogelio Ortega Martínez, académico comprometido con el desarrollo educativo y social, como Gobernador del Estado de Guerrero, es una oportunidad para resarcir y superar la crisis de derechos humanos, ante la desaparición de los estudiantes normalistas y de la violencia que ha vulnerado al tejido social, impidiendo que la institucionalidad se imponga con probidad en apego al mandato ciudadano.

Iguala es dolor y afrenta ciudadana; advertencia suficiente sobre la pérdida de credibilidad y legitimidad institucional, producto de la corrupción. Es un momento para hacer un alto en el camino, para reevaluar la complejidad social e impulsar la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, como piedra angular de la lucha sistémica contra la opacidad y la impunidad, y para asegurar de una vez por todas, un Gobierno Abierto y del pueblo, cuya transparencia no sea letra muerta ni saldo rojo de un México sin porvenir.

Requerimos un Sistema Nacional Anticorrupción, pero no debemos confundir las causas con los efectos. No se trata de crear un monstruo burocrático más. La raíz de las anomias del poder, reside en la carencia de rendición de cuentas. Ello exige hacer de la función pública, un nuevo paradigma ciudadano: instituciones abiertas y de ejercicio en público, y auditoría ciudadana corresponsable y solidaria entre la ciudadanía y el gobierno, para construir un Estado donde la ética y la probidad del ejercicio público sean la regla y no la excepción.

En este sentido el Programa Especial de Rendición de Cuentas (PERC), propuesto por la RRC, es un ejemplo de reivindicación de la integridad pública, que no sólo custodia el capital ciudadano en la toma de decisiones del ejercicio de gobierno, sino también, el cumplimiento de los servidores públicos, que tienen la responsabilidad de concretar la voluntad ciudadana. Prescripción de la planificación democrática debe trascender a todo el sistema político y de gobierno.

En este escenario, el Instituto Nacional Electoral (INE), ha dado inicio al Proceso Electoral Federal 2014-2015, en el que se renovarán nueve gubernaturas, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 903 ayuntamientos y 639 diputaciones locales.
En las actuales circunstancias, la elección del 2015, debe exigir de los partidos políticos no sólo hacer públicas las trayectorias de sus candidatos, sino garantizar ante la ciudadanía, su integridad y probidad, además, comprometer como responsabilidad vinculante para el candidato y para el partido que lo postula, una plataforma político-electoral cuyo incumplimiento este sujeto a ser sancionado, política y penalmente.

Esta coyuntura inédita de erosión social que es acompañada de una profunda crisis política, crea el síndrome de la “soberanía obstruida”, dolorosa experiencia que impide combatir la corrupción, la impunidad y las prebendas de grupos en el poder, que alejan y reducen a los ciudadanos a comparsa electoral y reflejan no sólo la pasividad de los sujetos sociales, sino la impolítica, es decir, la carencia de aprehensión y conocimiento sobre los problemas del quehacer público y los de su propia existencia.

Derribar la impolítica es responsabilidad de los partidos políticos, cuyo mandato es promover la participación del pueblo en la vida democrática, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan.

Debemos advertir que la crisis política e institucional por la que atravesamos, demanda integridad democrática frente a la inoperancia y disfuncionalidad del sistema en su conjunto. Nos advierte una indolencia que encubre intereses oscuros y sectarios, que inciden en el clima de violencia, impunidad, pobreza y desigualdad; signos indiscutibles de la injusticia y la desesperanza que ha fragmentado a la ciudadanía, hasta enclaustrarla en la negación de sus más elementales derechos humanos.

No podemos seguir transitando en una democracia fracturada y sin porvenir. La clase política, los partidos políticos y los representantes populares, no pueden ser actores silentes, preocupados sólo por reproducir su estatus e intereses ante el proceso electoral en puerta. Tampoco los ciudadanos podemos convertirnos en individuos atomizados, porque ello encierra la disolución de la Razón de la Nación.

Agenda

  • Recordemos que el Pacto por México sentó el precedente de que la voluntad política no basta para hacer frente los retos de la Nación; hoy, la crisis de vigencia del Estado de Derecho, reclama la construcción de un Acuerdo Nacional de Seguridad Ciudadana, fundado en la cooperación y corresponsabilidad de los Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno y la sociedad organizada, para terminar con el flagelo de la corrupción e impunidad, causales de la delincuencia y erosión institucional que vivimos.
  • El Poder Judicial de España, realizó un acto anticorrupción, denominado “operación púnica”, dictando ordenes de aprehensión contra 51 funcionarios públicos acusados de corrupción; precedente histórico que denota la demanda y exigencia de probidad y honestidad de los servidores públicos.

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