Las víctimas del indebido proceso legal.

1313“Ningún hombre puede ser acusado, arrestado y mantenido en confinamiento, excepto en los casos determinados por la ley, y de acuerdo con las formas por ésta prescritas. Todo aquél que promueva, solicite, ejecute o haga que sean ejecutadas órdenes arbitrarias, debe ser castigado, y todo ciudadano requerido o aprendido por virtud de la ley debe obedecer inmediatamente, y se hace culpable si ofrece resistencia… Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto. Si se estima que su arresto es indispensable, cualquier rigor mayor del indispensable para asegurar su persona ha de ser severamente reprimido por la ley.”

Así, sentenciaría la Asamblea Nacional Constituyente de Francia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que hoy hace 225 años, en 1789, deliberaba en torno de las más elementales derechos, que derivados de la razón, tendríamos los ciudadanos del mundo, en una nueva era: la del constitucionalismo.

Después, los recién fundados Estados Unidos de América, incorporaron esta misma idea a su Constitución, quedando en la famosa Quinta enmienda, con la consagrada fórmula de que “…Nadie estará obligado a responder de un delito […] ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal…”.

Desde entonces, estos referentes mundiales, han obligado a los Estados modernos a cumplir con una serie de requisitos mínimos en la conducción democrática de la gobernanza, que ha de girar en torno del cumplimiento de la ley, como voz directa del pueblo soberano, a través de sus legítimos representantes, que prescriben la manera en que los ciudadanos seremos protegidos de y por el Estado.

Como vemos, originalmente la exigencia de garantizar el respeto a los derechos dispuestos por la ley, fue en favor de los presuntos responsables; ahora, corresponde por igual, gozarlos a las víctimas de los delitos. En la nueva política pública, encabezada por la Ley General de Víctimas, se impone a la procuración e impartición de justicia, enfrentar el deber de responder a la ciudadanía y en un sistema abierto y auditable, garantizar la responsabilidad institucional en el ejercicio de sus atribuciones, particularmente, las que impactan de modo sensible en la integridad física, las libertades, los derechos y el patrimonio de las personas.

La presunción de inocencia, se confronta en los tribunales, con las pruebas plenas de los hechos, que indican la responsabilidad de los sujetos que trastocaron con sus acciones, los valores más elevados que nuestra sociedad consagra en las leyes y que tienen la obligación de reparar a las víctimas y a la sociedad.

Sin embargo, la serie de inconsistencias en los procesos penales, han traído como resultado que éstos sean socialmente tildados como procedimientos indebidos, porque no se respetaron los protocolos jurídicos, ni se logró acceder a la verdad o a la justicia, ante un hecho delictivo. Al multiplicarse los casos, el resultado es obvio: no se otorga confianza ni certidumbre al tejido social y se incide en el descrédito ciudadano hacia sus autoridades. En esta realidad prevalece un estado de incertidumbre y una premisa dudosa seguridad humana, cuestión de la mayor importancia en el orden público, porque se coloca en entredicho, la tesis de un Estado de Derecho, de seguridad jurídica.

El caso de la francesa Florence Cassez, como uno de los variados ejemplos que lamentablemente tenemos, dejó una dolorosa lección indiscutible para el pueblo de México y su sistema de procuración de justicia para garantizar a las víctimas su derecho a la verdad y a la reparación del daño, que provocó la huida del país de los afectados para tratar de conciliar su pesar, más que de los responsables.

Los ciudadanos queremos tener un Estado Democrático de Derecho plenamente consolidado, que nos otorgue la certidumbre de que los procesados habrán de ser efectivamente sentenciados como responsables de los hechos que se les imputan, y que las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, gozan de la suficiente solidez y pulcritud, que no den lugar a dudas o a violaciones de los derechos humanos de los responsables, –de aquellos derechos que al comienzo listamos–, que generen mayor impunidad de la que hemos padecido.

El derecho ciudadano a la verdad, debe constituir una prescripción irrestricta del Estado de Derecho, que garantice la función judicial y salvaguarde el interés público para asegurar la probidad de sus acciones.

Por ello, es necesario que el sistema judicial encause de manera fehaciente sus protocolos, para garantizar que el apego irrestricto a la Ley y a la verdad jurídica, se constituyan en principios de orden y estabilidad social que garanticen el derecho de quién está siendo juzgado, pero también el de la víctima, quién sufrió la afectación del delincuente y lo único que pide es justicia. .

México ya no puede constituir un enclave de la injusticia. Sus ciudadanos merecen la acción cierta y abierta de sus estructuras institucionales; hacer de la verdad legal una verdad pública, es constituir la madurez de un Estado, cuyo axioma irrefutable es la justicia para cumplir el mandato del pueblo y con el pueblo.

Agenda

  • El pasado lunes 14 el Presidente Peña Nieto, promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que regulará las redes de telecomunicaciones, los servicios públicos de interés general de radiodifusión; la convergencia, la competencia entre concesionarios y los derechos de los usuarios y las audiencias.
  • Espero que lo anunciado por el Consejo Mexicano de Negocios, de invertir 356 mil millones de pesos en 2014, sea una realidad contundente y no un conveniente oportunismo. Preguntaremos a ese organismo empresarial, en que y en donde invertirán, cuántos empleos generarán; si exportará su producción o será para el mercado doméstico, y otros datos, que nos permitan valorar su responsabilidad social.
  • A pesar del descrédito, del bajo aprecio social y de la poca confianza por parte de la población, se otorgó el registro a tres nuevos partidos políticos, al Movimiento de Regeneración Nacional, a Encuentro Social y al Frente Humanista que junto con los siete existentes, participarán en las elecciones del 2015.
  • El turismo es una fuerza transformadora para activar la economía, aliviar la pobreza y llevar desarrollo a pueblos y regiones, así lo manifiesto la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, durante su visita a Hidalgo, con motivo de la presentación del programa “Vívelo para creerlo”.

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