Desafío Social en el Derecho a la Justicia y la Dignidad Humana

Collag-608x320Nuestro Contrato Social, como expresión de libertad y autodeterminación política del pueblo, manifiesta que la dignidad humana no puede ser prebenda burocrática en la procuración e impartición de justicia.

Es destacable que en medio de la crisis de representatividad que erosiona las estructuras institucionales, políticas y legales, el gobierno de la Nación, hubiera emprendido un proceso inédito para reestructurar la justicia, el desarrollo y la seguridad humana, a partir de la promulgación de diversos ordenamientos, entre otros la Ley General de Víctimas.

En este proceso, el eje protagónico de la razón de Estado es el ciudadano, cuyo dinamismo sustenta la construcción de una sociedad que congrega un nuevo espíritu de unidad y convierte la fuerza orgánica de las estructuras institucionales, en génesis de una verdadera emancipación social.

La Ley General de Víctimas, promulgada por el Presidente Peña Nieto, fue abordada por el Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, Alejandro Straffon Ortiz, en el Foro “La Ley de Atención, Asistencia y Protección a las Víctimas de delitos y violaciones de Derechos Humanos, del Estado de Hidalgo: Situación Actual, Perspectivas y Desafíos”, donde de manera valiente y asertiva, expresó: “El sistema penal no sólo ha evidenciado que no cumple los fines para los que fue creado, sino que paradójicamente, su actividad se ha tornado altamente victimizante y de ello debe ocuparse la victimología.”

En este ordenamiento, el “principio de reparación integra”, reconoce el sufrimiento que experimentan las victimas ante el desarrollo indebido de los procesos penales, la corrupción, el abuso de poder, la violación a los derechos humanos, la cancelación de las libertades y el imperio de la impunidad. Esto impone, el encausamiento de los derechos de las víctimas en la reestructuración de políticas públicas sustentadas en los principios del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño.

Este Foro, sentó las bases para que el trabajo legislativo local, asegure la plena vigencia del nuevo sistema victimal, donde la praxis jurídica que orienta esta materia, se sustente en el paradigma de un Estado de Derecho, que no sólo castigue al victimario, sino que sobre todo, garantice el debido proceso, aplicando la ley sin distinción alguna. De no hacerlo así, se instaura una peligrosa inseguridad jurídica.

Se debe considerar además, una adecuada reparación integral del daño, con la finalidad de restaurar la dignidad humana de la víctima, en la lógica de buscar y encontrar la verdad histórica de las circunstancias que rodearon el hecho victimizante, que se materializa en el sufrimiento por la violencia física, psíquica, moral y económica, desplegada por un agresor.

Asimismo, destaca el hecho irrefutable de que el nuevo paradigma jurídico que la LGV preconiza, es sensible al sufrimiento y a la restauración integral del daño a la víctima, condición que depura la anquilosada concepción punitiva, de que el castigo per sé, es suficiente para remediar la crueldad, sanar el dolor, aliviar el sufrimiento y compensar la pérdida de las víctimas.

Esta condición, marca el camino hacia una era de horizontalidad y empoderamiento, donde la justicia victimal es el nuevo modelo jurídico en la humanización de la razón pública, por lo que es primordial, hacer de la isonomia social, igualdad real de derechos civiles y políticos de los ciudadanos para garantizar la preservación del tejido social y hacer frente a la violencia y la inseguridad, creando condiciones donde la desigualdad y la injusticia no sean foco fértil de la opresión humana.

En este escenario, la política debe apreciarse como capacidad corresponsable de los sujetos sociales, para actuar en concierto hacia la protección y auxilio de los derechos humanos, la equidad y la justicia y debe ser la fuerza valórica de la emancipación social y del rechazo legal y moral a la violencia simbólica y de facto, que hoy quebranta a nuestra sociedad.

Esto implica, que se establezca un sentido social de conciliación, mediación y reconciliación, que permita la reparación del daño del infractor, más allá de su punición; la compensación patrimonial y moral a la víctima; la asistencia médica y psíquica, extensiva a la familia; la asistencia y asesoría legal; así como su dignificación, dentro de lo que se incluye, la garantía de no repetición y un proceso permanente de hacer memoria de lo ocurrido para salir del escollo, pero sin perdón ni olvido.

Es necesario señalar que este nuevo paradigma jurídico de la LGV, ha roto el estigma de la macrovictimización social entre víctima y victimario, estableciendo una mejor compresión y actuación, en la asistencia legal al debido proceso, que amplía esta ley. Al respecto también debe reconocerse, que existe una realidad que no hemos querido ver: la de las estructuras burocráticas, políticas, legales y sociales injustas; aquellas que ante la omisión e inoperatividad, hoy se encarnan en la desigualdad e injusticia social, lo mismo que en la indebida actuación de los servidores públicos, al investigar y perseguir los hechos delictuosos, como fue denunciado por el Procurador Straffon.

La sociedad compleja en la que vivimos, parece admitir a la violencia y la vulneración de los derechos humanos, como una condición inevitable; inclusive, como un mal endémico, producto de la descomposición social, ante la desigualdad. Esta noción no es aceptable. No hay determinismos donde la fuerza unitaria de la ciudadanía, no sea capaz de dar una lección histórica y ética, de solidaridad y respeto a los valores humanos. Esto es claro y es fundamental.

La Ley General de Víctimas, deberá materializar su sentido axiológico, para restaurar el tejido social desde su raíz y evitar la impostura de la sinrazón, ante el privilegio más elevado que tiene el hombre: la acción política para crear el porvenir de una sociedad.

Agenda

  • La Comisión Ejecutiva de Víctimas llevó a cabo en Morelia, el Tercer Foro Regional para la elaboración del Primer Programa de Atención Integral a Víctimas. Su titular, mencionó que los gobiernos y legislaturas locales, deben dar una respuesta comprometida y transparente a favor de las víctimas. También, se convocó a la sociedad civil y a la academia a que sumen su experiencia e investigación, para la elaboración de un nuevo modelo de atención.
  • Renato Sales Heredia, Zar Antisecuestro, visitó la entidad para evaluar la estrategia de contención y abatimiento de ese delito, desplegada por los encargados de la seguridad pública. Estuvo acompañado de representantes de las OSC México Unido Contra la Delincuencia y Alto al Secuestro, informando resultados favorables para los hidalguenses. A pesar de ser un problema sensible, no se advirtió la participación de alguna OSC del Estado de Hidalgo. Necesitamos ciudadanía y gobierno, estar en sintonía con la estrategia nacional.

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