Los Organismos Públicos Autónomos (OPA) y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el nuevo sistema victimal

Sistema Nacional de Victimas 01En la emisión anterior, analicé algunos elementos primarios de la Ley General de Víctimas; pretendo aquí, brindar nuevos argumentos que permitan redimensionar la justicia victimal y fortalecer la lucha por el derecho a tener derechos.

El intenso activismo de diferentes organizaciones de la sociedad civil, impulsó al gobierno a reconocer la condición de las víctimas como entes vulnerables olvidados de nuestra sociedad, y provocó al mismo tiempo, su reivindicación desde la Ley, ahora corresponde a nuestra entidad, determinar el marco legislativo para su implementación.

En este contexto, “México cuenta ya con una herramienta para garantizar la protección de las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, que rompe el paradigma arraigado en la sociedad de que sólo se protegían los derechos humanos de los presuntos delincuentes, lo que generaba la percepción de autoridades coludidas con criminales y abandono para quienes sufrían sus actos”. http://www.inacipe.gob.mx

Las estructuras institucionales no pueden obviar el proceso de descomposición social que enfrentamos, como tampoco pueden dejar en indefensión a la ciudadanía. A partir de esta circunstancia, la LGV, establece una amplia protección a las víctimas de delitos y de violación de derechos humanos, condición reconocida por el Estado Mexicano como una importante conquista social, que establece y coordina de manera multidimensional, las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el goce y ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas.

Esta legislación, cuya prioridad fortalece las acciones en materia de protección de los derechos humanos, ha generado condiciones de transversalidad gubernamental para la vigencia plena del Estado de Derecho estableciendo para este efecto, un Sistema Nacional de Víctimas, encabezado por una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la que dependen el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas; y el Registro Nacional de Víctimas.

Consecuente con el principio de “Participación Conjunta”, como advertíamos en la entrega anterior, la Ley reconoce el primigenio carácter de las OSC como conformantes de un sistema de atención y asistencia integral a las víctimas del delito y coadyuvantes con el gobierno en la importante tarea restaurativa del tejido social.

La implementación del nuevo sistema victimal, reclama en su génesis la presencia permanente de OSC, pues la integración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dispone la participación de siete comisionados: cuatro, especialistas en derechos humanos, derecho, psicología, sociología o afines, propuestos por universidades públicas; y tres, en representación de colectivos de víctimas, propuestos por OSC y organismos protectores de derechos humanos.

En este tenor, la Comisión Ejecutiva Local de Atención a Víctimas, que conforme a la Ley de Atención, Asistencia y Protección a Víctimas de Hidalgo, deberá responder al mismo mecanismo de conformación, lo cual hace que la sociedad civil organizada y los organismos públicos autónomos, tengan un papel preponderante en representar los intereses ciudadanos para la dirección de la política estatal en materia de víctimas.

Este paradigma, demanda reconstituir el tejido social para articular la cohesión colectiva, elevando la calidad de la ciudadanía y la institucionalidad política con principios maximalistas e integracionistas. De acuerdo al Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, dichos principios, deberán referirse al Estado de Derecho y Justicia; a la Cultura de la Participación Ciudadana; a la Organización de Sociedad Civil; a la Vida Comunitaria y Vecinal; a los Valores Humanos y Sociales; y a la Justicia Redistributiva.

En este contexto, los hidalguenses debemos tener OSC fortalecidas que cuenten con el capital social que brinda la cohesión comunitaria y vecinal; hacer que coincidan para la atención y asistencia a víctimas, la participación de la ciudadanía organizada y los Organismos Públicos Autónomos; diseñar formas de organización jurídica eficientes; acceso a recursos públicos, conforme a objetivos y planes de trabajo bien estructurados, y recursos privados, obtenidos mediante los mecanismos de responsabilidad social empresarial.

Requerimos de organizaciones con un alto sentido de corresponsabilidad, que a través del sistema victimal, coadyuven con el Estado para lograr los fines de atención, asistencia y protección y que colaboren en un frente común, en el que sin distingos, compartan sus conocimientos y mejores prácticas con otras OSC.

Es indispensable también, que las organizaciones adopten mecánicas deliberantes, para que las víctimas postulen sus necesidades en la discusión de las políticas públicas; que hagan efectivos sus derechos y que ofrezcan a la sociedad, estudios y puntos de vista que propicien debates abiertos e inclusivos, sobre la temática relacionada con las víctimas.

Como nunca antes, la LGV establece un mecanismo para que las OSC, la academia y las asociaciones profesionales, puedan investigar las violaciones a derechos humanos, para hacer asequible a las víctimas, el conocimiento de la verdad, y patenta el compromiso para que las autoridades otorguen las garantías necesarias para realizarla de forma libre e independiente.

Al ser representativas de la voz de las víctimas, es necesario que las OSC propongan en las instancias de concertación de políticas públicas, la adopción de medidas que lleven a mejorar las condiciones de atención y asistencia victímales y postulen políticas públicas que con un enfoque criminológico y victimológico, coadyuven a la prevención de los delitos y sus factores predisponentes.

Las OSC en el sistema victimal, deben ser instituciones persistentes y comprometidas con el trabajo en favor de las víctimas; que den el seguimiento correspondiente al cumplimento de los programas; independientes en sus puntos de vista, y con plena autoridad moral para señalar asertivamente, lo que deba cambiarse para restituir la dignidad a los sujetos sociales.

En este nuevo enfoque integral de la justicia, su procuración e impartición, deben constituir una realidad transversal, fundada en el consenso, en la cognición y en la difusión del interés público; cuya horizontalidad, como principio de la ciudadanización del Estado, permita empoderar a la ciudadanía en la toma de decisiones.

La reinstitucionalización que vivimos producto de la Reforma Integral del Estado, no puede quedar reducida a las reconfiguración legislativa. Es una oportunidad histórica para restituirle al pueblo la vitalidad de su mandato, su potestad integracionista y el dinamismo en el procesamiento del conflicto, para salvaguardar un valor fundamental que nos ha constituido como Nación. La solidaridad humana.

Agenda

  • La Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado, organizó un “Foro sobre Pueblos Mágicos”, se destacó acertadamente que la cultura y las redes sociales son elementos estratégicos del programa y se les identificó como un producto turístico que debe responder a las lógicas del mercado para no ser excluidos.
  • Esperamos que los resolutivos del “Foro Nacional de Consulta, Financiamiento Especializado y Desarrollo de Esquemas de Aseguramiento. Sinergia para la Transformación del Campo”, ayuden a solucionar los graves problemas de rentabilidad y siniestralidad que afrontan campesinos y productores agropecuarios.

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