Atención a Víctimas: Solidaridad y participación ciudadana.

Octavio Paz dedicó gran parte de su obra al más olvidado de los pronombres personales: el “nosotros”. En “El laberinto de la Soledad”, nos recuerda que para transitar hacia el llamado bien colectivo, debemos empezar por entendernos en esa colectividad.

Esta visión nos ofrece una perspectiva integral de lo que somos. Señalaba el Nobel de 1990: “No somos gente segura y nuestras respuestas, como nuestros silencios, son imprevisibles, inesperados. Traición y lealtad, crimen y amor, se agazapan en el fondo de nuestra mirada. Atraemos y repelemos…” Quizá por eso criticamos mucho y participamos poco en el ámbito público.

Vivimos criticando un sistema, pero somos incapaces de participar en nuestras comunidades. Nos quejamos de que no hay árboles, pero tampoco salimos a plantar uno. Odiamos el crimen, pero exaltamos la forma de vida de los criminales. Rechazamos la corrupción, pero nos metemos en la fila. Buscamos acabar con la impunidad, pero queremos tiempo de tolerancia en todo cuanto hacemos: a la hora de entrar a trabajar, en las fechas límites de pago, en el acceso a un evento…

No nos victimicemos ante la cultura de las culpas aunque sea difícil señalar errores sin que el de enfrente se sienta agredido. Pero entonces: ¿Cómo salir de este laberinto si las autoridades se sienten atacadas en lo personal? ¿Cómo exigir a los ciudadanos que participen? ¿Cómo hacer que lo público, se entienda que es de todos? ¿Qué “todos”, somos un ente indivisible que no admite salvedades?

El trabajo con las víctimas, durante muchísimo tiempo fue un territorio inhóspito. No fue sino hasta que ellas mismas decidieron organizarse, para participar en lo público, que se exigió una intensa actividad del gobierno, para brindarnos seguridad. Testimonio de este trabajo, fue el activismo que logró reunir a cientos de miles, en la denominada Gran Marcha Blanca, del 27 de junio de 2004, hoy a diez años de distancia.

Esta labor surgió de una conciencia de no dejar pasar, de solidaridad y del verdadero valor de los derechos humanos, para garantizar la dignidad humana, llevándoles a no permanecer estáticos ante los actos que ponen en desventaja, a otro ser humano.

La Ley General de Víctimas, que entró en vigor el año pasado, es una conquista social, fruto del importante esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil, que persistieron en el reconocimiento de derechos para las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos, y del establecimiento de un sistema para su atención, asistencia y protección, con un catálogo de 33 derechos, entre los que destacan el de acceder a la justicia, a la verdad y a la reparación integral.

Pero no obstante, los mexicanos escasamente los conocemos y menos, tenemos la cultura de exigir que las autoridades o empresas los respeten. Nos victimizan y adoptamos una actitud pasiva. Mientras la sociedad no sepa defender sus derechos, está condenada a ser victimizada, a soportar cualquier maltrato, ofensa, acoso. Hay que enseñarle cuáles son sus derechos, su importancia, trascendencia y qué dependencia o servidores públicos tienen la responsabilidad de hacerlos valer.

Es necesario advertir que el crecimiento de la sociedad civil nos coloca en una fase de construcción de ciudadanía, que empieza a ser contrapeso del gobierno. Hemos transitado por un proceso de reconfiguración política e institucional, en el cual el tema de las víctimas se incluye. En este panorama, el Congreso del Estado de Hidalgo convocó el pasado miércoles 25 de junio, al Foro: “La Ley de Atención, Asistencia y Protección a las Víctimas de Delitos y Violaciones de Derechos Humanos: Situación Actual, Perspectivas y Desafíos”, normatividad correlativa a la LGV, en el que estuvimos invitados en el tema relativo a la participación de las organizaciones sociales, para la aplicación de la ley en comento.

Ante esto, considero que existen tres primordiales desafíos, que incidirán en la aplicación y vigencia de la legislación victimal. El primero, es forjar una cultura de la participación ciudadana, que opere mediante la constitución y fortalecimiento de las estructuras institucionales, comunitarias y vecinales. La organización para participar no se puede dar en otro ámbito que en el comunitario, aquel en el cual los sujetos son horizontales y se logra la sinergia de sus esfuerzos en torno de un objetivo común.

Tenemos que partir de un enfoque local y modelos comunitarios, en las colonias, barrios y comunidades, que tengan cercanía con las personas y conocimiento profundo de sus problemas, para permear con mayor efectividad el conocimiento y vigencia de la legislación victimal, que impulse la apropiación del tema por parte de dichas organizaciones.

La LGV destaca como uno de sus principios el de la Participación Conjunta, fundado en una amplia inclusión, prácticamente en todos los ámbitos de tutela de las víctimas, puesto que podrán intervenir las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, grupos o colectivos de víctimas, para su ayuda, atención, asistencia y reparación integral, teniendo su máxima expresión en la capacidad de investigar y entregar los resultados de éstas, a las autoridades competentes.

El segundo reto, es poder reunir voluntad y sensibilidad política, en la administración del sistema victimal, en una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. Uno de los grandes avances de la LGV, es que dispone en la estructura de las Comisiones Ejecutivas, la inclusión de la ciudadanía organizada: como sujeto pasivo, recibiendo apoyos institucionales, y como sujeto activo, en los procesos de rendición de cuentas y evaluación. Los servidores públicos que integren estas Comisiones, deben de ser sensibles y acostumbrados a este ejercicio de gobierno abierto, de lo contrario, se generarán suspicacias, desconfianza y tendrá como consecuencia la toma de distancia de la ciudadanía y las víctimas.

Dignificar a las víctimas es el reto más grande, se logrará haciendo desaparecer el estigma de la criminalización y trabajo sistemático y comprometido que atienda oportunamente sus necesidades, facilite el acceso al ejercicio de sus derechos y realice el acompañamiento para su plena reinserción social. Que el hecho vulnerante, no quede impune y se brinde a la victima una reparación integral, pues si ciudadanía y gobierno, no responden a sus cometidos, continuará sucediendo la crisis de desconfianza y desvinculación de los ciudadanos, respecto del sistema de apoyo a las víctimas.

Como nunca antes, el “nosotros” se ve reflejado en el trato a las víctimas, para corresponsabilizarnos sociedad y gobierno, en restituir la dignidad humana, eje de los derechos humanos, razón del Estado.

Agenda

  • En Sesión Especial del CCCEH, se presentó la “Memoria del “8° Congreso Nacional de la Red OPAM, Hidalgo 2013, La Participación Ciudadana en el Fortalecimiento de los Organismos Públicos Autónomos”, en el que participaron los 16 organismos convocantes.
  • Tragedia humanitaria la de los miles de niñas y niños que ingresan a Estados Unidos de América, problema que trasciende fronteras y reclama soluciones comprometidas.

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