Calidad Ciudadana y Suficiencia Institucional: Premisas de la Transformación Política en México

Anticorrupcion 01El estatus de ciudadanía, no sólo otorga derechos políticos plenos y da capacidad a los sujetos sociales de participar en la vida política, económica, social y cultural de un país. Es la raíz que sustenta la potestad ciudadana y el sentido unitario del vínculo jurídico-político emancipatorio de las libertades del hombre, capaz de lograr en la inclusión social, la construcción de un espacio común, que no admite la fragmentación, la discriminación y la atomización de los fines colectivos.
En este sentido, la responsabilidad del Estado, además de garantizar el disfrute de nuestros derechos fundamentales, conlleva la exigibilidad de rendir cuentas, de transparentar y visibilizar sus acciones y de combatir males endémicos como la corrupción, la impunidad y la precaria representatividad del sistema político, producto del anquilosamiento de sus estructuras.

Frente a este panorama, se impone reorientar la eficiencia y suficiencia de la institucionalidad del poder, y propiciar prácticas de gobierno abierto que fortalezcan la dinámica del espacio público hacia la deliberación participativa de las fuerzas ciudadanas, para que coadyuven a la conducción corresponsable de las tareas del ejercicio de gobierno.
Sin embargo, avanzar en este propósito, implica superar la percepción de que el mandato ciudadano es letra muerta, como lo muestran las encuestas de credibilidad y confianza y las de calidad ciudadana, que revelan, no sólo el repliegue de la sociedad civil, sino su divorcio con la sociedad política, que no incorpora y no interpreta en su justa dimensión, las necesidades y las demandas sociales, debilitando la participación de la ciudadanía y causando un creciente malestar y una reacción social antipolitica.

Esto ha producido un creciente aislacionismo ciudadano, que vemos reflejado en el abstencionismo electoral y en la autoexclusión política, fenómenos que sin ser nuevos, al parecer no preocupan a las élites del poder, pese al estruendo de la ingobernabilidad y la desconfianza social, típicas de una sociedad devastada por la inequidad y las asimetrías del desarrollo humano, que erosionan gravemente la calidad ciudadana.
Es necesario entonces, que el fortalecimiento del Estado de Derecho, instituya condiciones que afiancen la gobernanza activa como premisa de un ejercicio gubernamental corresponsable, que propicie los valores ciudadanos para rescatar la credibilidad institucional, a partir de considerar la configuración de las potencialidades de los sujetos sociales, en un orden gubernamental ciudadanizado, que demanda una actitud proactiva de la clase política, capaz de interpretar y concretar los anhelos de justicia social del pueblo.

De igual manera, el reflejo de la voluntad ciudadana, debe cobrar vida en la operatividad y refuncionalización de estructuras institucionales, que en su letargo, dejaron de responder con eficiencia administrativa, a los requerimientos sociales creando un déficit de representatividad, que impone modernizar las estructuras, cambiar la calidad del ejercicio de la ciudadanía efectiva para reforzar el desarrollo humano y revitalizar la operatividad de los recursos y potencialidades nacionales.
Este paradigma, sustenta y hace posible la legitimidad del orden sistémico, porque la formación de ciudadanos, en la corresponsabilidad de los valores del Estado, es indispensable para garantizar la cohesión social.

La ciudadanización de las estructuras del Estado, reclama que la política no permita que lo público se desvirtúe custodiando privilegios privados, ni mucho menos, consintiendo actos de corrupción, que atenten contra la probidad gubernamental, y fracturen la cohesión social, deteriorando la calidad de la ciudadanía efectiva, al ocasionar un debilitamiento cultural de la sociedad.

En este escenario, la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto, para crear un Órgano Anticorrupción, resulta significativa. Sobre el tema, la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), plantea, trascendiendo la visión convencional, crear un “Sistema Nacional de Responsabilidades; generar una cultura de la prevención; y corregir las conductas ilícitas, tanto en la esfera pública como en la privada.”
Con esta visión de ética pública, la Red por la Rendición de Cuentas, “estableció que es necesario resolver los conflictos de las lógicas derivadas de la fragmentación de los sistemas de la administración pública; definir con claridad y jurídicamente, qué son los actos de corrupción; y evitar, como sucede actualmente, la presencia de “fugas” a la eficiencia en el combate de actividades ilícitas que dañan a la hacienda y al patrimonio públicos.”

Este órgano, deberá presentar una autonomía efectiva para salvaguardar la transparencia en la rendición de cuentas. Sustentarse en un modelo que evalúe, corrija fallas de funcionalidad, establezca criterios y parámetros para calificar y en su caso, sancionar a servidores públicos.

Asimismo, insta a tipificar el delito de corrupción y a otorgarle facultades resarcitorias para los afectados y para impugnar decisiones del no ejercicio de la acción penal.

Respecto a su integración, plantea como requisitos reunir saberes y capacidades institucionales y exige, que los Órganos Internos de Control, sean autónomos y profesionalizados, debiendo provenir de un servicio profesional de carrera, certificado por el órgano anticorrupción.

Esta propuesta, reconoce la participación ciudadana, a partir de que se puedan iniciar investigaciones por la vía de la denuncia, y considera, incluir la responsabilidad de las empresas y la participación del sector privado, en el combate a la corrupción.

La vertebración de una sociedad nacional fundada en valores personales, familiares y sociales y en la ética del servicio público, debe centrarse en el compromiso de lograr, que desde la cultura y la educación, se edifiquen y resignifiquen, los vínculos solidarios entre los sujetos sociales en una nueva conciencia social, que enfatice la transformación del país, en la lógica de la equidad y la justicia, como paradigmas de la razón política de la calidad ciudadana y la suficiencia institucional.

Agenda

  • Sorprendió la solicitud de información del cineasta Alfonso Cuarón, que desde su visión, cuestionó los alcances de la Reforma Energética. Es significativo que el Titular del Ejecutivo Federal, haya contestado con la mesura que dignifica el mandato ciudadano.
  • Se conmemoraron este 1º de mayo, las reivindicaciones obreras que han logrado hacer del trabajo un derecho humano, que dignificado desde nuestra Carta Fundamental, hace de la justicia social, el pabellón de que su disfrute, asegura la dignidad humana y el desarrollo individual, familiar y social.
  • Recordamos hoy, la gesta heroica de Puebla, que logró contener al invasor y defender nuestra soberanía. La Batalla del 5 de Mayo, debe afianzar en nuestra memoria histórica, el nacionalismo que nos unió y que debe estar presente para edificar la solidaridad y hermandad de los mexicanos, como muestra de que, cuando la unidad societal se hace presente, no hay destino manifiesto, sino la construcción de un porvenir producto de la fuerza irrestricta del pueblo.

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