La Ciudadanización del Estado, Gobierno Abierto y Consulta Popular

PerspectivaEl Congreso de la Unión, dio inicio a los trabajos de la Reforma Político-Electoral, crearon el Instituto Nacional de Elecciones; aprobaron que el gobierno pueda ser de coalición, la reelección de legisladores y presidentes municipales, la trasformación de la PGR en Fiscalía General de la República, la autonomía constitucional del CONEVAL, la Ley de Consulta Popular, las candidaturas independientes y las iniciativa ciudadana y preferente.

Respecto a la Consulta Popular, se dio paso a una Ley, cuyas resoluciones sobre los intereses Superiores de la Nación, serán vinculantes para los poderes constituidos, a excepción de las seis materias que prevé la Constitución: los Derechos Humanos; la forma de Estado y de Gobierno como República Representativa, Democrática, Laica y Federal; la Legislación Electoral; la organización de las Fuerzas Armadas; la Seguridad Nacional; y los Ingresos y Gastos del Estado.

También, destaco que el Senado de la República llevó a cabo el Foro, “Semana de la Transparencia y Parlamento Abierto”, con el propósito de avanzar en los principios de transparencia, probidad gubernamental y responsabilidad cívica y social. Estos eventos impulsan las prácticas de Gobierno Abierto (Open Government), al fortalecer la ciudadanización de las estructuras gubernamentales, consolidar los procesos de gestión ciudadana y la horizontalidad del binomio sociedad civil-sociedad política.

En el mismo tenor, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer su plataforma de “Transparencia Presupuestaria y Observatorio de Gasto Gubernamental”, visible en la dirección web, http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/index.jsp, que brinda certeza, de cómo, dónde y en qué se invierten los recursos públicos, asignados en su oportunidad por la Cámara de Diputados a las entidades federativas.

Este contexto, muestra que los ejes de articulación política de la reinstitucionalización del Estado, deben establecer un nuevo paradigma para consolidar nuestro desarrollo democrático centrado en la participación corresponsable de la sociedad y el gobierno; y que la ciudadanización de las instituciones públicas y la transparencia, propias de un gobierno abierto y en público, sitúen en una Agenda Permanente de Probidad del ejercicio gubernamental, los procesos de modernización, cercanía, corresponsabilidad, estabilidad social y equidad con justicia para la seguridad humana.

Sin embargo, es necesario advertir que la Consulta Popular, como elemento de reestructuración política, se ve limitada por el hecho de que la voluntad ciudadana puede ser engañada por grupos de poder, ante la carencia de conducción política comprometida con un frente ideológico de responsabilidad social. Por ello, en preparación a la consulta, la difusión de su información, se encomienda al nuevo INE.

Este escenario, impone a los partidos políticos revalorar su función como elementos de cambio, canalizadores y catalizadores del sentir ciudadano, toda vez que en una sociedad democrática, deben ser ellos la fuerza orgánica de conducción social, que abra nuevas oportunidades a la participación ciudadana activa y efectiva, en la conducción corresponsable del Estado.

La ciudadanización debe ser integral, no puede estar centrada sólo en mecanismos de democracia directa, como la Consulta Popular, cuyos alcances no han sido abiertamente pertinentes en diferentes latitudes y realidades sociales que no podemos ignorar.

No debemos perder de vista que el Sistema de Planeación Democrática dispone de consultas permanentes a los sujetos sociales, para en una interacción con el gobierno, se rinda cuentas y se esté atento a escuchar, dialogar y resolver de manera abierta, las demandas y necesidades ciudadanas, con acciones públicas eficientes y eficaces, donde las prácticas de gobierno abierto, la transparencia y la rendición de cuentas, prevengan los hechos de corrupción, que demeritan la responsabilidad social del ejercicio público.

Casos como el de la empresa “Oceanografía”, que obtuvo préstamos de la banca privada con el aval de contratos apócrifos, suscritos con PEMEX, y la negligencia financiera y administrativa del proceso de licitación y ejecución de las obras para la puesta en marcha de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, advierten la necesidad de profundizar la auditoría ciudadana y la visibilidad de la esfera pública.
Ante estos hechos de corrupción, el Senado de la República y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, crearon Comisiones Especiales para darles seguimiento en el marco de la rendición de cuentas y probidad pública y exigir no sólo información sobre el uso de recursos públicos, sino sobre los actos de competencia de empresas de propiedad pública y servidores públicos.

Por lo que respecta a la responsabilidad que corresponde a las empresas privadas, debe cobrar fuerza un nuevo paradigma en una sociedad como la nuestra, cansada de ser espectadora del abuso indiscriminado del haber público; harta de los escenarios de corrupción, que tanto vulneran la vigencia del Estado de Derecho; que demanda que los recursos públicos se empleen de manera enteramente transparentes en su ejercicio; y que empresas privadas, como el caso de Oceanografía, que según se ha dicho, vivía en un 97% de ingresos de PEMEX, rindan cuentas a la sociedad, para que quienes somos dueños de dichos recursos, sepamos cómo y en que se utilizan.

Trátese de empresas del sector público o del privado, nos preguntamos, ¿Cuáles pueden ser los alcances de las atribuciones de las Comisión Legislativas para investigar? ¿Podrán fincar responsabilidades? ¿Las medidas correctivas que dicten, tendrán consecuencias para erradicar la corrupción y castigar a los corruptos? Las respuestas deberán ser contundentes, si se quiere recobrar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en sus representantes.

Es inaplazable fortalecer la transparencia y visibilidad del Estado; la cultura política, el conocimiento y la conciencia ciudadana, para fortalecer y armonizar las estructuras de la democracia. No basta la solidaridad y la voluntad de los sujetos sociales para garantizar la eficiencia y honradez en el ejercicio de los recursos públicos. Esta es una tarea que debe propiciar la custodia activa del ejercicio gubernamental por parte de los ciudadanos y en la que no cabe la indolencia y ausencia de probidad de los servidores públicos.

Agenda

  • El Gobernador Olvera instaló la Comisión Estatal de Productividad, con la presencia del Secretario del Trabajo del Gobierno Federal, Lic. Alfonso Navarrete Prida, y la encomienda de lograr un mayor crecimiento económico sostenido.
  • Destaco de la reunión del Comité Estatal de Seguridad en Salud, el enfoque preventivo, la integralidad de las acciones, y la coordinación interinstitucional, para enfrentar en la temporada de calor, el cólera y dengue. Hará falta una intensa campaña no sólo de difusión, sino de concientización de la ciudadanía, para fortalecer hábitos higiénicos.
  • Felicito al Maestro Humberto Veras Godoy, Rector de la UAEH, con motivo de su Tercer Informe de la Administración Universitaria.
  • Mañana, 18 de marzo, se conmemora el 76° Aniversario de la Expropiación Petrolera llevada a cabo por el Presidente Lázaro Cárdenas del Río.

Los comentarios están cerrados.

Crea un sitio web o blog en WordPress.com

Subir ↑