La Soberanía Ciudadana en el Mandato de la Rendición de Cuentas

LOGOASFEl Auditor Superior de la Federación entregó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012, correspondiente a la administración del ex-Presidente Felipe Calderón. Reporta los resultados de 1,163 auditorías realizadas a 127 dependencias, que identifican 6,524 observaciones de tipo preventivo; 4,347 de carácter correctivo; 1,738 pliegos de observaciones; 1,768 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria; y 147 denuncias de hechos.

La soberanía ciudadana, como capacidad para determinarnos a través de la creación de normas y mandatos, hace de la rendición de cuentas y su fiscalización, una consecuencia del deber básico de quien hace algo por encargo de otro, que es informar qué se hizo con lo encargado. En este sentido, la Cuenta Pública tiene un solo objetivo: “informar cómo se ejecutó el mandato ciudadano contenido en el Presupuesto, en términos de las disposiciones legales y administrativas y de los criterios y programas aprobados”.

La fiscalización es un acto constitucional que trasciende el ámbito de la transparencia y la rendición de cuentas, por encontrarse vinculada al mandato soberano que construye los planes, programas y políticas del quehacer público, razón por la que debe explicar los motivos y resultados que implican las decisiones de política y la aplicación de recursos.
La soberanía ciudadana como principio indisoluble del orden jurídico, debe representar por un lado, una nueva concepción de la rendición de cuentas como condición natural y necesaria del mandato ciudadano; y por otro, requiere concebir a la participación ciudadana y a la ciudadanización del ejercicio gubernamental, como bienes públicos de la cultura política, de la conciencia social y de la razón de Estado.

Sin embargo, la presentación del Informe se ha vuelto intrascendente, cada año se expresan recriminaciones por las irregularidades y desfalcos señalados y se condena la reincidencia de un manejo arbitrario del presupuesto público. Cabe preguntarse si sirve de algo que la ASF, acuse a las autoridades del desvío de millones de pesos, cuando estas ignoran las observaciones, o argumentan cualquier justificación para subsanarlas.

La existencia de estas irregularidades, sin que se tenga ninguna consecuencia, favorece un ambiente de impunidad; una burocracia incapaz de atender la demanda ciudadana; la necesidad de mayores niveles de eficiencia y eficacia en la operatividad orgánica de la función pública.

Esta correlación política y operativa de la Cuenta Pública, con la eficiencia administrativa del Estado, conecta los equilibrios que establece la ingeniería constitucional, con la gobernanza y la democracia, donde la aprobación ciudadana, es vital para afianzar la confianza y credibilidad social en las instituciones, y propiciar el desarrollo humano y la estabilidad política, con deliberación ciudadana y prácticas de gobierno abierto y presupuestos participativos basados en resultados.
La rendición de cuentas obedece al fortalecimiento de la corresponsabilidad del desempeño de las organizaciones públicas, concepto globalmente conocido como “Accountability”, que ubica a la interacción de los actores políticos y ciudadanos como custodios del control legal y administrativo del deber público.

En este sentido, debemos ponderar que la horizontalidad del poder político, es una realidad probatoria de la ciudadanía efectiva, que se edifica en los “Planes, Programas y Presupuestos con base en Resultados, en los Informes de Gobierno, en la Rendición de Cuentas, en la Trasparencia de los Recursos y su destino eficiente y que deben expresarse como ejercicios de Gobierno en Público”, para garantizar la probidad y funcionalidad de las instituciones, así como el privilegio que debe significar la oportunidad de ser un servidor público.

La Cuenta Pública, como elemento central de la fiscalización y de la rendición de cuentas de la Administración Púbica, debe permitir evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que se ajuste a los criterios señalados por el presupuesto; cumplir con los objetivos contenidos en los programas; buscar la interacción plena de la esfera pública con la comunidad ciudadana; y fortalecer las estructuras de un gobierno que la sociedad esté dispuesta a respetar y brindarle su confianza y credibilidad.

Para lograrlo, la Cuenta Pública debe articularse con un lenguaje sencillo, que permitan entender los tecnicismos del lenguaje institucional. De acuerdo a Roberto Salcedo, “la cuenta pública debiera ser un texto llano que pudiera entender todo ciudadano, dado que es el documento en donde se informa de la situación del país en todos los aspectos, lo que se logró, lo que no se pudo hacer y los riesgos y vulnerabilidades a los que el país se enfrenta, de tal manera que este documento incitara a los ciudadanos a exigir mayores resultados a sus gobernantes y a exigirse a sí mismos una mayor participación en los asuntos públicos.”

En este sentido, se impone que los avances obtenidos en la Reforma del Estado, se impulsen en un nuevo acuerdo de “Concertación Progresista”, para que la reinstitucionalización del poder político y la ciudadanización de las estructuras gubernamentales que se construye, condense los elementos vitales de la conciencia ciudadana y la participación corresponsable e indisociable del Estado, en la planificación democrática, y concrete los cambios de las reformas emprendidas y trazadas en el Proyecto Nacional.

Agenda

  • De la 49 Reunión de la CONAGO, destacan los acuerdos para armonizar las legislaciones locales en educación; en desarrollo social, para enfrentar pobreza y desigualdad; en seguridad; y en temas hacendarios, a favor de condiciones óptimas y de certidumbre jurídica, para atraer más inversión.
  • Con la firma del Acuerdo Tributario, se busca dar certeza y rumbo en tiempos de bajo crecimiento, desempleo e inflación; combatir a los grandes evasores fiscales; impulsar programas de eficiencia; y recortar el gasto corriente, para evitar el crecimiento de la deuda pública.
  • En su comparecencia ante Senadores, los cuatro comisionados del IFAI, fueron cuestionados por la crisis de credibilidad que ocasionaron sus disputas internas, constantes viajes al extranjero y baja legitimidad de su nombramiento, lo que derivó en el rechazó a su ratificación.
  • La declaración de inconstitucionalidad del arraigo por delitos graves en las entidades federativas, Hidalgo entre ellas, exige perfeccionar la eficiencia de la investigación de los delitos; e investigar para detener y no al revés, para garantizar un pleno Estado Democrático de Derecho.

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