El Paradigma de la Participación Ciudadana en la Transformación Política de México

SENADOEn el presente periodo ordinario de sesiones, el Congreso de la Unión aprobará las leyes reglamentarias de las reformas constitucionales que transformaron nuestro sistema político y de gobierno.

A propósito, es pertinente tener presente que ninguna sociedad se edifica sólidamente al margen de la conciencia política, ni en menoscabo del orden Nacional, ni tiene como paradigma, los intereses individuales, la inequidad o la injusticia.

Desde esta perspectiva, es importante tener presente que la ciudadanización de las estructuras institucionales, es producto inequívoco del cambio social y del interés y determinación del ciudadano para construir una sociedad donde los principios de igualdad y justicia social, son la vanguardia que clarifica el quehacer del Estado y su fuerza política.

La “Reforma Integral del Estado” que estamos viviendo, no debe ser sólo la manifestación de reorientaciones tecnocráticas de la esfera pública frente a la realidad compleja, sino el epicentro de funcionalidad de sus estructuras que permita brindar las respuestas sociales desde la propia lógica de ciudadanización institucional.

En este contexto, es importante advertir que esta “Reforma Integral del Estado”, debe ser en esencia, la resignificación y replanteamiento de la operatividad, eficiencia y funcionalidad de las estructuras gubernamentales, y la construcción de equilibrios políticos que brinden la certeza de que la corresponsabilidad de las acciones institucionales entre ciudadanía y gobierno, edifican un nuevo modelo de ciudadanización para materializar la transformación de México.

En este imaginario colectivo, el ejercicio de gobierno abierto, cobra vida porque impulsa a través de la “Concertación Progresista” de las fuerzas políticas y sociales, una visión de modernizadora del Estado, que consolida su autoridad y poder y no una jerarquización despótica, a la vez que promueve la ciudadanización de las estructuras gubernamentales en la horizontalidad social, que sin sustituir al Estado de Derecho, garantiza su vigencia y fortalece su funcionalidad administrativa.

Lo anterior implica potenciar la participación corresponsable de los ciudadanos en la toma de decisiones del ejercicio de gobierno; asumir el compromiso de edificar las herramientas de planeación, programación, presupuestación, monitoreo, evaluación; y ponderar los alcances de las reformas y políticas públicas mediante la auditoría ciudadana, que asegure como condición primaria, que el ejercicio político y la planeación democrática, se instrumenten en la gestión por resultados (GpR), para hacer del ejercicio de gobierno, un modelo de poder en el que la visibilidad, es producto de la ciudadanización y horizontalidad del tejido social.

He advertido que ante una realidad profundamente desigual y asimétrica, la esencia de la “Reforma Integral del Estado”, no puede trocar la “Agenda Ciudadana”, ni puede construir con solidez la ciudadanización de las instituciones públicas, sin antes abatir el estigma de la pobreza, la miseria, la marginación y la desigualdad social con indicadores de eficiencia y eficacia gubernamental.

Asimismo, he afirmado que una sociedad madura converge en la construcción de acuerdos de largo aliento y no restringe su visión a la inmediatez; construye en el trabajo su porvenir y se disciplina ante los intereses de la Nación; no edifica la paz y armonía social en la opresión del que menos tiene, ni en el autoritarismo de los que toman la ley en sus manos. Un gobierno cierto no confunde las causas con los efectos. La democracia sustentable, no se labra en la desigualdad extrema de la concentración del ingreso, porque no hay democracia posible cuando se vive en la pobreza y menos aún, en la pobreza extrema.
Es preciso entender que el éxito de una sociedad, se construye en el compromiso ciudadano para refrendar los acuerdos del Proyecto Nacional, pero demanda de las estructuras del Estado: eficiencia, racionalidad técnica y política de resultados; racionalidad legal, y verdad histórica en el ejercicio de la justicia; probidad no como producto de la voluntad, sino como observancia del control cierto de la ingeniería constitucional; respeto al ciudadano y desempeño del servicio público en la convicción irrestricta del Estado de Derecho.

Estos elementos de corresponsabilidad en la ciudadanización de las estructuras institucionales, son imprescindibles en estos momentos para fortalecer los planteamientos operativos de la “Reforma Integral del Estado”. No se puede lograr la viabilidad operativa de las reformas emprendidas al margen de los vínculos ciudadanos y sus efectos de gobernanza. Ignorarlos, implicaría transitar a ciegas, negando el consenso político que se ha tendido entre ciudadanía y gobierno, cuyo frágil equilibrio debe alertarnos para fortalecer la transformación social del Estado.

El “Paradigma de la Participación Ciudadana en la Transformación de México”, no puede quedar en el ámbito de un debate conceptual de las fuerzas políticas, por el contrario, debe considerar las fuerzas que han sido adversas para construir la sociedad de oportunidades a la que aspira nuestro Contrato Social, que en 1917, fue vanguardia política en el mundo al erigirse como la primera constitución con visión social.

Los retos y desafíos de la Nación, indican no sólo la impostergable necesidad de diseñar e impulsar nuevos mecanismos de participación ciudadana, sino el ineludible cambio de las relaciones de poder existentes, para afianzar la reinstitucionalización del poder político y el camino cierto de la confianza y legitimidad de las acciones del Gobierno.
La Transformación de México no puede atravesar por la fragmentación política y la incertidumbre social, debe sustentarse en la construcción de estructuras y relaciones de poder que edifiquen un gobierno ciudadano; replanteen el ejercicio de gobierno y garanticen el derecho de la participación ciudadana corresponsable, vinculante y transversal, como prioridad y causa cierta de las acciones de gobierno.

Agenda

  • Se promulgaron la Reforma Político-Electoral y la de Transparencia que otorga nuevas atribuciones al IFAI, al tiempo que la Cámara de Diputados aprobó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.
  • Como estrategia para combatir la inseguridad, el Presidente Peña Nieto anunció para Michoacán 45 mil millones de pesos adicionales para más de 250 obras de infraestructura y atención social, medida que con justicia, compensa graves olvidos históricos. Asimismo, refuerza la tesis de que no es un Estado policivo el que afianza la perdurabilidad de la paz, la tranquilidad y el desarrollo, sino un Estado preventivo, cercano a la ciudadanía, que utiliza la inteligencia para restablecer el orden y la seguridad de sus habitantes.
  • El próximo jueves 13 de febrero el Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo, organiza la conferencia magistral “Democracia, Justicia, y Participación Ciudadana: ¿Dónde estamos?”; que impartirá el Dr. Ernesto López Portillo Vargas, fundador y Director Ejecutivo de INSYDE, en punto de las 12:00 hrs., en el Salón Aleria.

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