Participación Ciudadana, Profesionalización del Servicio Público y Reforma del Estado

la fotoEl Estado no puede confundirse en la retórica, ni perderse en la indefinición. Su institucionalidad, alecciona que el mandato ciudadano cobra vida a través del Contrato Social, cuya vigencia es la tarea que instruye y mandata el quehacer público para garantizar la justicia y el orden que encausa el sentido de la Nación.

La crisis de representación política por la que atravesamos, no puede obstruir la visión manifiesta de la sociedad. Tampoco puede negar que la vitalidad y estabilidad política, son el referente que marca para el orden social, el rumbo y el espacio de oportunidad para elevar la calidad de vida de la población e incidir en el amplio escenario de trabajo y comunión, al que aspiran los sujetos sociales.

El problema de fondo del ejercicio de gobierno, no estriba en cómo se quiere representar (gobernar), sino en cómo queremos ser representados (gobernados). Este cuestionamiento ciudadano exige y mandata hacer funcionales las estructuras gubernamentales; resignificar el quehacer público; modernizar sus estructuras para administrar la transformación del país, inserto en el mundo global; y vertebrar el tejido social a quien debe sus respuestas.

El horizonte del Estado, estriba en la generación de oportunidades sociales, en hacer de lo público la dimensión política que promueva el equilibrio, la integración y el bienestar; en encausar la participación política corresponsable de los ciudadanos para el procesamiento y solución de los conflictos.

Superar la fragilidad de la gobernanza y la democracia, debe ser la aspiración de la Reforma del Estado. Esta circunstancia, consecuencia de la descomposición del principio de representatividad, impone la visión de rearticular al Estado desde el ciudadano; rescatar la cultura política; fortalecer a los partidos políticos, como formas de comunión e integración ciudadana; dar valor a lo público como espacio de construcción solidaria del ejercicio gubernamental; y garantizar oportunidades de desarrollo humano y social.

Estas son cuestiones sustantivas para que la Reforma Política que pretende modificar la organización y funcionamiento de las estructuras del Estado, acredite sus alcances e impactos de beneficio y desarrollo social. En su esencia, no debe ser sólo una propuesta para refuncionalizar las estructuras gubernamentales. Tiene que hacer de la transformación del Estado, un paradigma de autenticidad solidaria con la Nación.
Se debe generar en la conciencia de la corresponsabilidad sociedad-gobierno, el anhelo de un orden sistémico en el que impere la justicia social, donde se dignifique la gestión transversal de las estructuras gubernamentales y sociales, donde la probidad y la limpieza del servidor público, no esté en duda; y la calidad de vida social, se traduzca en las oportunidades que prescribe el Contrato Social.

Asegurar esta lógica de transformación del poder público, implica garantizar el Continuum Político: la esencia del Estado mexicano, como federal, representativo y democrático, que defiende el sentido de unidad en la diversidad; que se solidariza con el que menos tiene y que admite en la pluralidad ciudadana, el valor máximo de la justicia social.

Las fuerzas políticas están frente a la oportunidad de hacer vigente la ingeniería política del Estado, pero lamentablemente, con una visión anacrónica, buscan en la Reforma Política, traspolar figuras de otras latitudes, como el referéndum, plebiscito, candidaturas independientes, gobiernos de coalición e inclusive, la segunda vuelta electoral.

El sistema político no debe caer en diálogos de sordos, e imaginarios sin sentido; la respuesta, no está en la inclusión de modelos y paradigmas externos, sino en devolverle al pueblo lo que es del pueblo; es decir, el sentido unitario, que no centralista de su Estado, que brinda en nuestro Federalismo y en la Democracia Representativa, de nuestro Contrato Social, la unidad de lo diverso, de lo plural, de lo horizontal, para provocar certidumbre, y por sobre todas las cosas, solidaridad social.

No se debe ignorar que la ciudadanía es responsable y no se equivoca, que su alejamiento de la clase política, no indica desinterés nacional, sino el reclamo del interés cierto de la nación; que ante la precaria funcionalidad de las estructuras gubernamentales y la erosión de la democracia representativa, abre nuevas manifestaciones y nuevos diálogos, como los que se darán durante el 8º Congreso Nacional de la OPAM que se llevará a cabo el próximo 8 y 9 de agosto en Pachuca, nuestra Ciudad Capital.

En este sentido, una de las deliberaciones del Congreso, es la que impulsa Mauricio Merino, en relación, no sólo a la ausencia de un efectivo servicio público profesional, sino al hecho de que el tema no esté inscrito en el debate, ni en las agendas que establecieron los partidos políticos para reformar al Estado. Categórico afirma: “En términos llanos, mientras no haya en México una administración pública verdaderamente profesional, y mientras ésta siga siendo el premio a repartir para los ganadores de votos, no habrá democracia. Así de simple.”

Su reflexión propone diversas acciones: “Desde la reformulación del catálogo de puestos de las administraciones públicas del país, hasta el diseño de un sistema de evaluación e incentivos realmente vinculado con la calidad del servicio público, pasando por un sistema completo de reclutamiento y de otro destinado a la capacitación y la actualización permanentes; y redefinir la carrera de administración pública que se imparte en las universidades.”

Como práctica de unión social, en el Modelo de Participación Ciudadana del Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo, se prescribe que la visión política que debe imperar, está en la certeza de que la transformación que requiere el país, se presenta en la unión solidaria de un Estado unitario, que no centralista; con un Ejecutivo fuerte, que no autoritario; con una clase política que mandata el poder ciudadano, que hace operativa la vigencia del Contrato Social, que no propone visiones políticas inconexas e incongruentes ante la realidad social; y que hace de la democracia representativa, la fuerza que demanda la ciudadanía para hacer funcionales, eficaces y eficientes las estructuras institucionales que son el referente de la Nación.

Agenda

  • El CCCEH firmó un convenio de colaboración con México Unido Contra la Delincuencia A.C., y se inició la inscripción en la “Agenda Ciudadana para la Cultura de la Legalidad”, de los 84 proyectos elaborados por los participantes del curso-taller, “Cultura de la Legalidad en, y desde las Organizaciones de la Sociedad Civil”.
  • Resultó todo un éxito la 4ª Feria Ambiental que organiza la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Consejo Consultivo Ciudadano de Tula, esta vez en colaboración con la SEMARNATH.

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