La Participación Ciudadana en el Fortalecimiento de los Derechos Humanos y el Derecho a Saber

LogosLa nueva conciencia ciudadana de la democracia, desplaza la concepción de los ciudadanos limitados al sufragio; prima hacia nuevas formas de organización social; y demanda reinstitucionalizar las estructuras gubernamentales y las jurídico-normativas para que sean funcionales, pues sus alcances no han hecho del Estado, el patrimonio de concordia y justicia social al que el pueblo tiene derecho.

Este escenario, invita a reflexionar sobre los vínculos entre la gobernanza y la participación ciudadana en el esquema jurídico de los derechos humanos, y de entre ellos, el derecho a saber.

La reforma en materia de derechos humanos, del año 2011, por la cual se conquistó la plena admisión en el orden jurídico mexicano, de estas prerrogativas universales, reconocidas en instrumentos internacionales por el Estado mexicano, vino a ser una revolución jurídica, robustecida por la nueva Ley de Amparo, publicada en abril pasado.

La agenda del “Pacto por México”, establece importantes compromisos para culminar esta reforma, a través de las leyes reglamentarias de: la reparación del daño a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos; el uso legítimo de la fuerza pública, prevenir la tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes y la desaparición forzada; y la defensa de los migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas.

En este sentido, la participación ciudadana para el fortalecimiento de los derechos humanos, debe orientarse a hacerlos prevalecer, no sólo en las relaciones entre gobernantes y gobernados, sino entre ciudadanos; el camino es establecer una cultura de la legalidad que comprenda estas dimensiones del orden sistémico, para ver cumplido el propósito de asegurar la dignidad humana.

La solidez de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, como Organismo Público Autónomo, y el compromiso político en la materia, se visualiza en la Ley hidalguense de noviembre de 2011, que establece la capacidad del Congreso Local para llamar a cuentas a la autoridad que no observe una recomendación pública emitida por la Comisión, con el fin de que informe a la soberanía, los motivos que le llevaron a decidir no aceptarla. Este avance reconoce la validez y pertinencia de la Comisión en las decisiones de su competencia.

El fortalecimiento de la comunicación sistémica y el derecho a saber, son elementos proclives al fortalecimiento de la gobernanza en el ejercicio de gobierno, por lo que debe ser custodiado y defendido por el ciudadano porque es su derecho y la expresión que confirma su voluntad política.

El derecho a saber y acceder a la información pública, es un derecho humano de nueva generación, cuya proyección rebasa el reconocimiento que la autoridad hace de la libertad pública. Esta perspectiva es la que permite identificar las posturas de los actores políticos, que concurren en la propuesta de reforma al IFAI.

Comprendo este derecho en distintas dimensiones: por una parte, es una herramienta para conocer el ejercicio gubernamental en toda su extensión, lo que facilita la rendición de cuentas; por otra, es la capacidad de conocer información confiable sobre nuestra realidad y también, contar con los mecanismos eficientes que nos permitan a los ciudadanos acceder a estos datos públicos. Bajo esta perspectiva, se articulan armónicamente los organismos de acceso a la información pública, el INEGI y la Comisión de Telecomunicaciones.

Esta triple dimensión del “saber-acceder”, no se circunscribe al plano conceptual, trasciende a la ejecución y posibilidad de garantizar plenamente el derecho en cuestión. Su concepción como derecho humano, garantiza que el ciudadano utilice la información y enriquezca su participación, coadyuvando en el control del poder, permitiendo concretar –en mayor y mejor medida- la rendición de cuentas, como máxima aspiración social, lo que rebasa concepciones reduccionistas, que lo consideran sólo una potestad pública.

En esta tesitura, la posibilidad de acceder a la información pública, no puede estar circunscrita únicamente al reconocimiento del derecho por parte de la autoridad, sino a su efectivo cumplimiento, a través de crear una cultura de comunicación social, instruida, proclive a la deliberación pública, libre, abierta y plural, para retroalimentar las acciones del ejercicio de gobierno, y de facilitar universalmente, los mecanismos tecnológicos que lo permitan, como es el dotarnos de Internet libre de banda ancha, iniciativa que también recoge el Pacto por México.

Así las cosas, la propuesta impulsada por el Presidente Peña Nieto, para reformar al IFAI; avalada por unanimidad en el Senado y turnada a revisión a la Cámara de Diputados, propugna por un ejercicio pleno del derecho, privilegiando la máxima publicidad y democratización de la información. De arriba hacia abajo, en el que la autoridad abra y difunda la información relativa a su actuar para que sea de fácil acceso al ciudadano; pero también de abajo hacia arriba, para que el ciudadano, la utilice como insumo para proponer, evaluar y participar en la cosa pública.

La intención de otorgarle al IFAI la facultad de atraer y revisar las solicitudes de información hechas a gobiernos estatales; de incluir como sujetos obligados, a los partidos políticos, sindicatos, fondos, fideicomisos y cualquier organismo que reciba recursos públicos; amplía y fortalece no solo la transparencia y la rendición de cuentas, sino la participación democrática de los ciudadanos.

La fortaleza de los Organismos Públicos Autónomos, debe apoyarse en la participación ciudadana, para evitar el poder de las élites y generar verdaderas condiciones de horizontalidad social. Esto es así, porque son el espacio y esencia de la expresión social ante el Estado, que exige ampliar los derechos ciudadanos en la búsqueda de consolidar un Estado, en el que la corresponsabilidad de los sujetos sociales se manifieste en un real interés por participar, como sucede en el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, cuyos Consejos son ejemplo de probidad.

Convengamos en tres vertientes principales para el fortalecimiento de los Organismos Públicos Autónomos en derechos humanos y en derecho a saber: primero, reorientar el ejercicio de gobierno abierto hacia el empoderamiento constitucional de la participación ciudadana; segundo, la instauración de la auditoria ciudadana como figura multidimensional de gobierno en público y, tercero, la extensión de los vínculos entre sociedad y gobierno, traducidos en los trabajos de los OPA’s para reorientar un nueva cultura de la participación ciudadana.

Agenda

  • Hidalgo recibirá 189.5 millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura, a través BANOBRAS, para materializar el proyecto del TUZOBUS, transporte masivo moderno, seguro y eficiente para los hidalguenses.

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