Los Principios Trascendentales de la Reforma Política

Democracia 04En la columna anterior, nos referimos a la Reforma Política y a los dilemas e incertidumbres que presentan las candidaturas independientes. De igual forma, centramos el análisis en los peligros de la personificación del poder, y advertimos que la crisis de representación por la que atraviesa el sistema político, ha incidido en el debilitamiento de las estructuras del poder y en la erosión del binomio sociedad civil-sociedad política.

México vive un momento decisivo de su historia. Frente a la necesidad de revertir la inadmisible paradoja que genera la distancia entre el Estado y los ciudadanos, se toma la iniciativa de reinstitucionalizar el poder público, por ser la génesis y la razón orgánica del sistema político.

El vacío provocado por la disfuncionalidad de las estructuras institucionales, llevó a la clase política a admitir que la erosión del tejido social, es una resultante de la propia anarquía del poder político, ya que la ausencia de un Ejecutivo Fuerte (en el pasado) y la degradación del sentido unitario del Estado, debilitó las estructuras del poder público.

Frente a estos hechos, el Presidente Peña Nieto comprometió su convicción de que, “lo fundamental de un gobierno no estriba en administrar el sistema político, sino en transformarlo”, lo que dio lugar al Pacto por México, y al inicio de la reestructuración del poder público. Destaco sus consideraciones en el sentido de que “la participación social en este proceso es crucial para transformar a México sobre bases sólidas,… la sinergia entre sociedad y Gobierno es clave para detonar el desarrollo”, esto es así, porque la voluntad ciudadana no puede ser obviada ni confinada a la lógica del gatopardismo político, es decir, a cambiar para que nada cambie.

El cuestionamiento de fondo de esta transformación, es definir el modelo político y de gobierno que requiere la Nación para el pleno ejercicio del poder público. La Reforma Política, no es un planteamiento más, no puede serlo. Esperamos, que señale el rumbo sustentada en la voluntad ciudadana como mandato político y garantía de legitimidad y certidumbre del Estado. Por tanto, las fuerzas políticas deberán enunciar con claridad, el criterio univoco de hacer de la reestructuración del sistema político y de gobierno, un nuevo modelo de poder público.

Frente a “los fines perdidos de la democracia representativa” y la precaria conducción de las fuerzas políticas, hay que admitir que la crisis de representación partidista, es lo que debe orientar la discusión de la Reforma Política. Debemos tener por cierto que, ciudadanizar la política no implica debilitar las estructuras de representación, ya que los partidos políticos no pueden ser obviados por ser la esencia de interés público que marca ideológicamente la razón de Estado; y porque las iniciativas legislativas de la Reforma Política, deberán ser fuente de acción ciudadana, e imperar en la realización de la ingeniería constitucional que fortalezca la operatividad legislativa del orden público.

La Reforma Política no puede soslayar los valores de la civilidad histórica nacional. Ellos imponen redimensionar las fortalezas y vitalidades del sistema de partidos, y entender y admitir, que la conducción de la sociedad, requiere ser representada en los órganos del poder público; pero no como parcelas de dividendos políticos, ni mucho menos como demagogia utilitarista, sino en un modelo político fundado en la democracia pluralista, en el que la representación política, contemple la diversidad de expresiones, y el entendimiento de que la realidad, no es parcela de poder, sino fuente de dignificación social y ejercicio de ciudadanía efectiva, fruto de un Estado fundado en la razón y no en la fuerza, en el consenso y no en el autoritarismo.

Por ello, la Reforma Política debe constituirse como el nuevo capital de acción del sistema político, debe devolver al pueblo la ciudadanización de su Estado, y garantizar la participación de la sociedad organizada en la fuerza de partidos políticos ampliamente ciudadanizados con el claro compromiso de salvaguardar lo público.

Definir este modelo político dando sentido y rumbo al poder público, es la premisa fundamental de la Reforma Política. Consolidar la democracia como régimen que irradia desde la ciudadanía, un gobierno cierto y abierto que edifica el porvenir, es el camino trazado en nuestro Contrato Social, cuya vigencia exigimos por ser expresión de la máxima conquista a la que puede aspirar el tejido social: hacer del Estado, mandato ciudadano.

Repensar estos alcances, devolverá a la clase política el sentido y significado de hacer política. Servir a la Nación, es el máximo privilegio que puede gozar un ciudadano y servirse del poder político vulnera el mandato que lo constituye, por eso, en el ejercicio de gobierno, hay que asegurar, transparencia, rendición de cuentas, probidad política, recobrar la credibilidad y la confianza, fortalecer el combate a la impunidad, impulsar la cultura de la legalidad, condiciones todas, garantes de seguridad, convivencia social armónica y la paz pública.

La Reforma Política, debe constituir forma y fondo del quehacer político y devenir en equilibrio de las fuerzas políticas, para hacer que el sistema de partidos, garantice el fortalecimiento de la representación ciudadana y asegure la reinstitucionalización del poder público, como premisa de desarrollo social. Su construcción, no puede estar disociada de la voluntad ciudadana, por el contrario, debe ser expresión de la interpretación cierta de los principios y valores morales del poder ciudadano, y su consumación, deberá ser el instrumento operativo de una nueva convivencia y conciencia política.

Agenda

  • La banca de desarrollo recibió esta semana la instrucción del Presidente Peña Nieto de llegar este año a la meta de un billón de pesos en créditos directos e inducidos. Se trata de un objetivo ambicioso y viable que requiere prudencia para evitar una burbuja financiera que sobrecaliente la economía.
  • El jueves 6 de junio, entró en vigor una reforma a los artículos 25 y 26, apartado A, de la Constitución Federal. Considera a la competitividad como primer elemento del motor del desarrollo nacional; establece las bases para una política industrial de Estado e instituye, periodos transexenales, no sólo en el diseño, sino en la ejecución de planes y programas, con lo que se abre la puerta para considerar horizontes de largo plazo en la planeación democrática que aseguren la estabilidad económica nacional.

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