La Participación Ciudadana en el Fortalecimiento de los Organismos Públicos Autónomos

logo-opam-hidalgoLa administración del Presidente Peña Nieto, está recuperando la estructura del Estado como vinculo unitario de acción ciudadana y razón del Proyecto Nacional. Dicho planteamiento, impide que la realidad institucional se perciba como fragmentaria de las condiciones operativas que deben concretar las tareas gubernamentales.

Históricamente, esta perspectiva de evolución política, ha fortalecido la visión unitaria del Estado, y generado condiciones políticas que han hecho posible que desde sus inicios, las ONG y las OSC, demandaran, gestionaran y obtuvieran respuestas en favor de sus causas; y representación política ciudadana frente al Estado, propiciando de esta forma, el surgimiento e impulso de los organismos públicos autónomos.

En este escenario de trascendencia política, el Estado de Hidalgo, el próximo 8 y 9 de agosto, será sede del “8º Congreso Nacional de la Red de Organismos Públicos Autónomos de México, Hidalgo 2013”, participando las Comisiones de Derechos Humanos, los Organismos de Acceso a la Información Pública, los Institutos Electorales del país, el Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo y otras entidades públicas con autonomía constitucional o legal.

Titulo el presente artículo, con el tema que desde una óptica multidimensional, tratará el Congreso, “La Participación Ciudadana en el Fortalecimiento de los Organismos Públicos Autónomos”. Lo anterior encuentra su razón, en reconocer que la ciudadanía debe fungir, no sólo como partícipe de las tareas públicas, sino como requisito de gobernanza y gobernabilidad democrática, y espacio de empoderamiento y apoyo a la Agenda Política, Legislativa y Administrativa del país, nutriendo desde la vanguardia de la ciudadanía organizada, una plataforma solidaria y de concordia del tejido social frente al Estado.

Los Organismos Públicos Autónomos hidalguenses, como anfitriones de este 8º Congreso Nacional, hemos trazado, los ejes de trabajo, que redimensionan lo construido por la Red OPAM hasta ahora.

Hemos propuesto impulsar una cultura de participación ciudadana, que mediante la identificación de estructuras institucionales, comunitarias y vecinales en municipios, pueblos, barrios y colonias, reconozca la urgencia de realizar acciones que consoliden su organización y funcionamiento, y facilite el fomento de la cultura de la comunicación, que como unidad central de integración ciudadana, afiance el diálogo y la deliberación pública, como vías para construir acuerdos, generar propuestas y celebrar compromisos, para propugnar por una administración pública con fuerza orgánica de gestión operativa, eficaz y transparente.

Asimismo, coincidimos que la orientación de la participación ciudadana, cuya virtud deviene del tejido social organizado, provoca impactos sociopolíticos que se vinculan con las Comisiones de Derechos Humanos, los Organismos de Acceso a la Información Pública, los Institutos Electorales del país; y desde luego, al Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo, creando en un “Continumm Político”, una prospectiva de empoderamiento ciudadano que fortalece la articulación de los sujetos sociales, con el ejercicio gubernamental.

Esto es así, porque la participación ciudadana es una fuerza orgánica que se autorregula en su operatividad y autonomía; cuestión que permite retroalimentar las tareas del Estado, fortalecer su planificación democrática, y afianzar los procesos de transparencia, transversalidad y gobernanza política.

En tal sentido, los insumos de acción política ya están prescritos por el Presidente Peña Nieto: Estado Unitario, Proyecto Nacional, Transversalidad Política e Institucional; Transparencia y respeto al privilegio de la acción de la Justicia y la Ley; recuperación del Contrato Social y Reingeniería Constitucional por medio de la Reforma del Estado; consolidación del tejido social en su empoderamiento legal y solidario frente al Estado y sus organizaciones.

Los instrumentos políticos referidos, denotan la corresponsabilidad de los órganos del poder público en torno a las tareas gubernamentales. Son acciones de exigencia jurídica, y expresión de justicia social, y están vinculadas al mandato de los organismos públicos autónomos, de brindar soluciones a las necesidades ciudadanas, reorientando y reencausando las tareas del Estado.

Compartimos la óptica que, el camino más directo para consolidar nuestro régimen político y de gobierno, y dar plena certeza, vigencia y efectividad a los derechos fundamentales, es promover la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones del quehacer público para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas; alentar la cultura de la legalidad; y disminuir la pobreza, la marginación, la discriminación, la desigualdad y la inseguridad, que son los grandes obstáculos para una democracia de gestión pública abierta, nutrida de pluralidad y de apego al derecho, alejada de la corrupción, la impunidad; y de ser un mero discurso, para transformarse en una de resultados y eficacia, donde se evalúe cada acto de la autoridad, y el cumplimiento de la función de cada responsable.

Para ello, se hace imprescindible un régimen de responsabilidades y consecuencias, que supedite el ejercicio de recursos públicos a la evaluación del desempeño institucional; que reconozca y sancione la responsabilidad individual, la institucional, y de manera explícita y directa, la responsabilidad política, en relación a las obligaciones vinculadas al carácter programático del voto ciudadano.

Debemos insistir, el Estado es Unitario, realidad integral de la solidaridad ciudadana; no puede edificarse en la fragmentación ni en el desapego a la institucionalidad, sino que se construye como expresión civilizatoria y como conquista de emancipación social y conciencia solidaria; es una fuerza orgánica fundada en el ciudadano empoderado y deliberante, que hace de su realidad histórica, el porvenir que en su compromiso social, expresa la voluntad del pueblo.

Agenda

  • La reelección de Ayuntamientos, tema de la Reforma Política, debe ser producto de un gobierno eficaz y eficiente, fundado en la profesionalización, en la transparencia y en la rendición de cuentas. De esta manera, podremos evitar seguir viendo todos los días, noticias de abusos, escándalos y atrocidades en el manejo ilegal, arbitrario e irracional de sus presupuestos, como la asignación de súper sueldos a presidentes, síndicos y regidores de algunos Municipios, en franca contravención a sus instrumentos de planeación. Seguramente piensan que, si no es ahora, cuándo.
  • Impedir estos sueldos exorbitantes, debe ser considerado en la agenda legislativa de los próximos diputados, ya que, en uso de las atribuciones concedidas a las Legislaturas estatales por la última fracción del artículo 127 de la Constitución, pueden legislar las disposiciones que prohíban a los Ayuntamientos, estas prácticas vergonzantes. Esperamos que candidatos y Partidos Políticos se pronuncien al respecto.

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