El espíritu de la Ley en la vanguardia ciudadana del Estado

ciudadaníaEl derecho es un orden civilizado de la actividad humana, producto de una construcción social y racional, característica del ser humano, que encuentra en la comunidad política, la institucionalización de la ciudadanía.

En el escenario político, la razón se cierne como el instrumento civilizatorio que nos brinda, en lo individual y lo social, la posibilidad de ser conscientes de nuestro pasado, de percatarnos de nuestra realidad; idealizar aspiraciones, proyectar nuestro devenir y crear un orden legítimo, con la autoridad suficiente para realizarlos, que permanezca vigente a través de su renovación incesante, en la que prive el consenso.

El Estado encuentra en las reforma de sus estructuras, la generación de un nuevo orden social, cuya estrategia es lograr la integración política y ciudadana a través de un Poder Ejecutivo Fuerte, y hacer del espíritu de la ley, la vanguardia ciudadana del Estado; al tiempo de admitir el quehacer institucional como un orden multidimensional e integral, donde nada es ajeno al Estado, ni nada puede quedar al margen, o fuera de él. Ese es el doble espíritu de la Ley. Derecho y Razón.

Las Reformas institucionales, como esencia de la visión a largo plazo de la planificación democrática, son evidencia de un nuevo ejercicio gubernamental. Priorizan la dignidad humana como génesis y sentido de la gobernabilidad; hacen de la transversalidad de las estructuras gubernamentales, la operatividad instrumental del mandato ciudadano; propician el encuentro y la concertación ciudadana en la búsqueda de la integración Nacional, y no admiten, ni el paternalismo político, ni la fragmentación del poder institucional.

Las distintas reformas suscritas en el Pacto por México, dan cabida a dos reflexiones ampliamente aleccionadoras. En primer término, el Poder Ejecutivo, ha reencausado su sentido unitario e integrador en el ejercicio gubernamental, denotando fortaleza y operatividad democrática. La consecuencia de este acto político, orienta la segunda reflexión: ninguna fuerza política está por encima de los intereses superiores de la Nación.

Por ende, la vitalidad de las prescripciones realizadas en los acuerdos de las reformas emprendidas, requieren de la coherencia y disciplina de las fuerzas partidistas y políticas, así como de la cohesión de la ciudadanía para privilegiar las vías institucionales, al ser producto del orden racional y civilizado plasmado en el Derecho, como premisas irrestrictas del ejercicio gubernamental que admiten en el mandato ciudadano, el privilegio de gobernar por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo.

La operatividad de las estructuras del Estado ha propiciado el diálogo en la transversalidad institucional; la corresponsabilidad de los actores políticos y sociales; el empoderamiento jurídico de la participación ciudadana; el reposicionamiento de los derechos humanos; y la unión de los ciudadanos en sus regiones, comunidades y barrios.

Ante este contexto de reformas progresivas y progresistas del Estado, se destaca la “concertación política”, como instrumento de “mediación-integración”, no sólo de las fuerzas partidistas y políticas, sino también ciudadanas. En este sentido, particular mención merece que la clase política y sus representaciones partidistas, asuman como agentes del cambio social, el inaplazable compromiso de una reconducción ciudadana e interlocución política.

Cabe advertir que el debilitamiento y anquilosamiento de los partidos políticos como estructuras de poder real y entidades de interés público, presenta un costo social inadmisible, toda vez que su función es normar la cohesión del sistema político y sus instituciones, y que en sus plataformas político-electorales, plasmen no sólo los planes de acción y ejercicio gubernamental, como compromiso programático a los clamores ciudadanos, sino también, la cohesión de su militancia.

Este hecho, pone en perspectiva el valor que del Pacto por México como ejemplo de unidad política de la Nación. La inserción institucional de los Partidos Políticos, delimita una dimensión de integración pluripartidista que rompe los esquemas de intervención política tradicionales, para rearticular formas de participación, que redefinan las estrategias de sus fuerzas para propiciar en los intereses superiores de la Nación, un nuevo rol histórico de conducción social.

La reflexión de fondo sobre la articulación de las fuerzas políticas en torno al Pacto por México, estriba en que los Partidos Políticos son, en gran medida, quienes deben encausar el Proyecto Nacional, porque presentan objetivos de Estado; porque su formación, a diferencia de otras formas de organización social, no es coyuntural ni emergente, pues sus principios trascienden los intereses de grupo, al constituirse como portadores del mandato ciudadano y guía del Estado Nacional.

El Régimen de Partidos requiere fortalecerse. Apreciar en él, la virtud de la institucionalidad del poder político como génesis de la voluntad ciudadana; para inaugurar una nueva dimensión de la política y de la cultura social, y transitar de la confrontación hacia la cultura de la solución.

El Estado y su fortalecimiento, requieren crear en el orden jurídico los elementos y mecanismos legales que empoderen a la ciudadanía y su participación organizada; para propiciar una vanguardia ciudadana cuyo horizonte común, edifique la estabilidad política en amplia gobernanza, más allá de hacer del Estado, un proveedor eficiente de servicios, un armonizador social donde la vida y los derechos humanos no sean un privilegio, sino el signo inequívoco de la evolución hacia un nuevo orden racional y social.

Agenda

  • La detención del ex Alcalde de Ixmiquilpan por presuntos delitos de peculado y desvío de recursos públicos, muestra la imperiosa necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas y revela un severo problema de diseño institucional por una autonomía municipal mal entendida que se presta al abuso y a la corrupción y sirve de pretexto para no rendir cuentas y amparar la impunidad de los alcaldes.
  • Quedó tipificado en Hidalgo el delitico del feminicidio y el Instituto Nacional de las Mujeres aceptó la solicitud para declarar la Alerta de Género en la región de Tula. El plazo perentorio es de 30 días para conocer el resultado del proceso de investigación que comenzó a correr a partir del 20 de marzo.
  • El Secretario de Hacienda anunció que fortalecerá la capacidad financiera del Estado, mediante un sistema fiscal que dé competitividad y simplifique las actuales reglas del sistema tributario. Será una reforma justa, “que quienes deban pagar, paguen, y quienes ganen más, paguen más, como lo marca la Constitución”.

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