Nuevo Modelo de Seguridad Pública con Perspectiva Ciudadana.

He insistido en la necesidad de evitar que las acciones del Estado sean fragmentadas, dispersas e inconexasporque es verdaderamente urgente,enfrentarlo mismo a la pobreza y a la marginación, que a la inequidad de la distribución económica, porque ahí se encuentran los focos de fertilidad del delito y la violencia, y la oportunidad del crimen organizado para reclutar a jóvenes sin esperanza de vida.

En los males de la inseguridad,la violencia y la injusticia social, vemos la cabeza de la medusa: la incapacidad de nuestro sistema económico para generar las oportunidades sociales de desarrollo laboral y patrimonial; y la pobreza, como mal estructural que debemos atacar, no sólo con voluntad política, sino con las medidas propias de un modelo económico con justicia social.

La carencia de un modelo de Seguridad Pública estructurado en la “Paz Activa”, es decir, en la Cultura de la Prevención, ha llevado a la presente Administración Federal a la creación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que se afirma en las estructuras de la conducta y probidad social y se fortalece con la estabilidad que genera la gobernabilidad democrática del Estado.

Esta respuesta gubernamental, adquiere trascendencia y otorga certidumbre a las líneas operativas de la Comisión, al plantear una estrategia de transversalidad de acciones intersecretariales bajo el control del Secretario de Gobernación en su calidad de Jefe del Gabinete.

Aquí, considero pertinente recordar que en el pasado reciente, se intentó la orientación de los planes y programas de desarrollo rural, mediante la acción de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural con el Programa Especial Concurrente (PEC). Los impactos logrados han sido limitados porque en su funcionalidad y operatividad, la estructura intersecretarial experimentó un desencuentro y obstrucción en los cometidos del programa, por la participación dispersa de cada Secretaría.

Esta disfuncionalidad descrita, se subsana para el caso de la Nueva Comisión con la figura central del Jefe de Gabinete, que al erigirse como la fuerza orgánica y prescriptiva intersecretarial, permite articular la sana propensión administrativa, al equilibrio de un plexo normativo que orienta el control de las funciones intersecretariales.

El nuevo Modelo de Seguridad Pública, se funda en la “Paz Activa” de la ciudadanía, e implica: generar una cultura de la prevención de la violencia y el delito; la transversalidad institucional; y la participación activa y corresponsable de la sociedad, logrando que las instituciones del Estado puedan desarrollar obligaciones unitarias y no fragmentarias.

La trascendencia de este enfoque, es que presenta alcances y soluciones pertinentes para la ciudadanía en el control de estas anomias; ello, por el comportamiento del “Estado Punitivo”, desenvuelto por el Estado Mexicano, ha resultado en un evidente deterioro del tejido social, sin impactos positivos en el control de la inseguridad, ni de los delitos a causa de la proliferación de la violencia común y organizada.

Los signos de la descomposición del “Modelo Punitivo” contra la delincuencia fueron sustantivos: se pierde la capacidad de hacer cumplir la ley y de generar los factores de prevención y defensa legítima del orden social; escasa atención y respuesta jurídica a las víctimas, que empujó al Estado, por conquista ciudadana, a crear una Ley especial para superar su concepción netamente estadística y garantizar la reparación del daño; la corrupción y carencia de profesionalización y modernización de los cuerpos policiales; el anquilosamiento del sistema de impartición de justicia, con la pérdida de la verdad histórica de los procesos.

En este contexto, considero que tiene un enorme valor, el reconocimiento jurídico de la participación ciudadana en el Acuerdo que crea la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Muestra, como lo ha expresado el Presidente Peña Nieto, que la realidad inequívoca del Estado, es la de una estructura ciudadana, cuya organización administrativa es la respuesta funcional al mandato y prescripción política de la ciudadanía, lo que es irrevocable como razón de Estado.

La consolidación de la ciudadanía como corresponsable del orden público, la cultura de la legalidad y la prevención del delito; la apropiación ciudadana de los espacios públicos; la significativa generación de oportunidades y de condiciones de menor desigualdad; la atención a grupos vulnerables, a la salud pública y la orientación educativa para la prevención del delito; son dimensiones de una misma problemática social, que debe ser atendida sin fragmentación institucional, con la contundencia de la probidad del orden público y con la participación ciudadana.

En la coincidencia de la construcción del Proyecto Nacional, un nuevo criterio norma al Estado Mexicano: la ciudadanización de sus estructuras institucionales. Hagámoslo mecanismo de control solidario y expresión de seguridad jurídica de la conducta social, asegurando hacer de su génesis, forma y fondo ciudadano,en nuestro Contrato Social.

Agenda

  • Destaco la puesta en marcha de la Comisión Intersecretarial para Instrumentar la Cruzada Nacional contra el Hambre,como responsable de la estrategia para promover un cambio estructural a partir de una orientación focalizada; la corresponsabilidad y colaboración entre dependencias y gobierno en la erradicación del hambre; el fortalecimiento de las capacidades productivas; y el involucramiento de la energía comunitaria y social de todos los mexicanos.
  • Hay que tener presente que, cuando la planificación del Estado, genera equilibrios económicos y recupera la dignidad humana, muestra un enfoque institucional que atiende el mandato ciudadano y propicia la concordia social.Así, resulta atinado lo dicho por la Presidenta del Sistema DIF-HIDALGO, la Sra. Guadalupe Romero de Olvera, de prevenir el hambre y la desnutrición como un compromiso inaplazable.
  • El Gobernador Olvera tomó protesta a los 82 Consejos Ciudadanos de Colaboración Municipal de Pachuca, hecho trascendente al plantear el Presidente Municipal su profesionalización con la puesta en marcha de la Escuela de Ciudadanos.
  • Es urgente perfeccionar los protocolos de transparencia y moralidad de los servidores públicos: la falta de consecuencias para casos como el del ex-alcalde de Atotonilco de Tula, que reclamó falta de precisión de la Auditoria Superior del Estado, y la presentación de comprobantes falsos en la Cuenta Pública, son evidencia sobrada.

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