Construyendo el futuro de Hidalgo

Es alentador que el Gobernador Olvera, haya expresado en la presentación de su Segundo Informe de Gobierno que esta obligación constitucional va más allá de ser un mero acto protocolario y se inscribe como una oportunidad política para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas; así como una coyuntura para valorar y reconocer las acciones realizadas, los logros alcanzados y las necesidades pendientes de atender.

Con una visión regional y municipalista, informó de las acciones concretadas en la ruta de los propósitos que desde el inicio de su administración se planteó para atender los grandes retos sociales de la pobreza, la educación, la salud, el desarrollo agropecuario, turístico, industrial y comercial; la infraestructura de comunicaciones y el equipamiento urbano; la asistencia social; la seguridad, la procuración y la impartición de justicia; los retos del empleo, el financiamiento, el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

La transversalidad de estrategias como “Hidalgo Verde”, y “Beneficios”, otorgan rumbo y certeza a la acción de gobierno, a la vez que, los proyectos estratégicos de largo aliento, como “Hidalgo Centro País”; el “Corredor Quetzalcóatl”; “Pachuca, Ciudad del Conocimiento y la Cultura”; el “Proyecto de Movilidad Metropolitana Tuzobus”, el “Hospital de Especialidades” y la “Banca de la Mujer”, consolidan una visión en un horizonte de largo plazo.

Hoy la ciudadanía reclama transformar y cambiar muchas cosas, exige respuestas y resultados, sin embargo, ningún gobierno puede realizar sus promesas sin contar con la voluntad y el apoyo del pueblo. Sin consenso político, no puede haber gobernabilidad democrática y sin participación ciudadana, tampoco.

Destaco en este sentido, que los posicionamientos de las fracciones parlamentarias, la presencia de los dirigentes de los Partidos Políticos y la colaboración entre los Poderes, permitió avanzar en una amplia agenda legislativa que ha renovado nuestro marco jurídico en congruencia con lo que hoy demanda la realidad de la entidad.

El Informe señala que hoy Hidalgo vive una dinámica social sustentada en la determinación de consolidar el Sistema Estatal de Planeación Democrática, dándole un sentido de operatividad y concreción a las tareas gubernamentales con el trabajo eficaz fruto de una ciudadanía activa y de servidores públicos que encuentran en la corresponsabilidad ciudadana el mayor soporte del ejercicio público.

Al respecto, considero que la planeación del desarrollo, además de ser el espacio institucional y democrático para organizar la participación ciudadana, se está convirtiendo en una práctica que sentará las bases para consolidar el derecho político de los ciudadanos de participar en los asuntos de la cosa pública y establecer un diálogo permanente entre los sectores público, privado y social que hará posible que las propuestas ciudadanas, se integren en políticas públicas que den rumbo, orden, y racionalidad a los esfuerzo colectivos en favor de la gente.

En este sentido, el Gobernador Olvera, refrenda esta convicción al enunciar que “Es la unidad y la tolerancia, el horizonte que nos guía para consolidar la grandeza de nuestra entidad”, cuestión que aplaudimos, porque no puede existir unidad y tolerancia allí donde el tejido social es débil y el ciudadano no es partícipe desde el orden jurídico al pleno ejercicio de la horizontalidad que en nuestros días no podemos soslayar.

La ciudadanía efectiva es el status, el ejercicio que ha sido conquistado para garantizar la comunión del tejido social; dejemos constancia en Hidalgo que la racionalidad jurídica en un Estado no puede renunciar ni obviar la génesis de su razón de ser,….el ciudadano.

En este contexto, es necesario fortalecer el debate de propuestas que abonen al perfeccionamiento de nuestra democracia, por lo que con este fin, comparto algunas de las planteadas en el Primer Congreso Estatal de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, entre las que destacan: establecer mecanismos para que la ciudadanía tengan el derecho de participar en las decisiones de los asuntos públicos; fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas; desarrollar proyectos regionales y municipales basadas en las vocaciones productivas; promover la realización de consultas ciudadanas; impulsar una administración pública moderna, responsable e incluyente; poner en marcha políticas y acciones que tengan como fundamento la organización vecinal y comunitaria; avanzar hacia una Reforma Administrativa Municipal que precise el establecimiento e integración de los Consejos de Colaboración Municipal que los organice y proyecte como valiosos instrumentos para promover nuestro desarrollo democrático; establecer una regionalización administrativa municipal, y un Sistema de Presupuestos Participativos, entre otras.

Se trata de que la facultad ciudadana, el derecho político que nos otorga el Artículo 26., constitucional, se ejerza dotando de operatividad a nuestra planeación democrática y generando los elementos de integración ciudadana para la fraternidad comunitaria y vecinal como la visión más pura del Estado en torno al dinamismo y armonía de la comunión social, asegurando así, conformar una municipalización construida en la horizontalidad ciudadana. Fundamento vital que debe ser redimensionado ante el momento histórico que vive la nación.

Agenda

  • El Presidente Electo Enrique Peña Nieto apuntó en Durango que la política social que está definiendo, tiene un carácter más participativo que asistencial; que no sólo es para recibir, sino para formar y dar oportunidad a las familias mexicanas de incorporarse y de crecer económicamente y de hacer camino por sí mismos.
  • El Presidente de la República envió al H. Congreso de la Unión, junto con el Sexto Informe, dos iniciativas preferentes, una de reformas a la Ley Federal del Trabajo y otra a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
  • De acuerdo con las nuevas disposiciones constitucionales, el H Congreso de la Unión tiene un plazo de treinta días para resolver o de lo contrario quedarán aprobadas en sus términos.
  • Es evidente que será materialmente imposible resolver en el término constitucional, no sólo por no estar conformadas las comisiones dictaminadoras, sino por tratarse de reformas que por sus impactos, reclaman formular consultas y construir los consensos suficientes para aprobarlas
  • .

Los comentarios están cerrados.

Crea un sitio web o blog en WordPress.com

Subir ↑