El Legislativo, uno de los tres poderes de la República. Parte IV

Nuestro diseño constitucional debe o debería encuadrar permanentemente, un equilibrio entre poderes y niveles de gobierno, que se traduzca para la población en garantía de bienestar general, libertad y seguridad. Fines primordiales del Estado.

El artículo 41 constitucional establece entre otras disposiciones, las relativas al sistema de partidos políticos, las bases de la legislación electoral, la creación del Instituto Federal Electoral como Organismo Público Autónomo y mandata además que el pueblo ejerza su soberanía por medio de los Poderes de la Unión.

Al respecto, en diversos artículos de nuestra Constitución Política, se estipulan las funciones, atribuciones y competencias que corresponden a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a las Entidades Federativas, a los Municipios y a los Organismos Públicos Autónomos Constitucionales que conforman nuestro sistema político de gobierno.

Hoy me ocupo de comentar brevemente la función legislativa asignada al Congreso de la Unión con el propósito de que, integre la diversidad de puntos de vista, valores, principios, intereses y opiniones que conforman el complejo entramado social y plasme en leyes las respuestas a necesidades sociales, políticas, económicas y culturales, en actos legislativos que crean el derecho como norma jurídica general, abstracta e impersonal.

Queda claro entonces que legislar no es un asunto de buena voluntad o de buenas intenciones, exige de los congresistas, un profundo compromiso ético con la sociedad; sensibilidad, visión y compromiso; estar atentos y esmerarse; distinguir su desempeño, por la prudencia y compromiso político con el pueblo que los eligió, y también con el partido que los postuló; orientar su trabajo y esfuerzos, a perfeccionar el Estado Social de Derecho que sustente e impulse el desarrollo y la justicia social.

En este sentido, considero que, el artículo 26 al señalar los atributos que debe tener la organización de la planeación del desarrollo nacional, para imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación, define con toda claridad que estos mismos atributos son los principios que Senadores y Diputados deben observar para legislar el marco jurídico que la haga posible.

En esta línea de pensamiento, es oportuno recordar a Ignacio Ramírez, el Nigromante que recomendó hacer buenas leyes al decir, “Sujétese, pues, los pueblos a las leyes, y las leyes a las necesidades y circunstancias de los pueblos”.

El reto del trabajo legislativo es en consecuencia, buscar articular el marco constitucional y legal para alcanzar el modelo de sociedad plasmado en el Artículo Tercero de la Ley Suprema, con la visión, los principios y los fines del proyecto nacional que se contienen entre otros, en los artículos 25, 26, 27 y 28.

Atender las necesidades y aspiraciones de la sociedad, reivindicar sus conquistas; combatir la desigualdad, la marginación, la pobreza, la exclusión; recobrar para el Estado su papel de rector de la economía, crear la estructura institucional para gestionar el desarrollo y apoyar a la micro, pequeña y mediana industria; rescatar al campo e impulsar el desarrollo rural; cuidar las tierras y las aguas, los recursos naturales, la energía eléctrica, el petróleo, la energía nuclear, las relaciones laborales y las de seguridad social. En éstas y muchas otras materias señaladas en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 los Senadores y Diputados tienen facultades para legislar. El pueblo espera que lo hagan.

Finalmente señalo que el proceso legislativo está regulado por lo establecido en los artículos 71, 72 y 89 que disponen que las iniciativas se discutirán de manera sucesiva por ambas cámaras observando el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones hasta su aprobación y, que una vez aprobado en la Cámara de origen, pasará para su discusión a la otra y si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente,

Estos mismos artículos determinan que el Poder Ejecutivo tiene, en el proceso legislativo, el derecho para iniciar leyes, promulgar y publicar las leyes y decretos del Congreso, formular observaciones a los proyectos de leyes o decretos y, convocar al período extraordinario de sesiones que apruebe la Comisión Permanente. Por último, mencionamos que el artículos 49 otorga al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar en los casos de excepción previstos en el artículo 29 y en el segundo párrafo del artículo 131.

Agenda

• Muy interesante resultó la presentación de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia por la Diputada Carolina Viggiano Austria.

• Esta Ley establece una política pública que fija el rumbo, los propósitos y los objetivos en la materia; tiene un enfoque integral, multidisciplinario e interinstitucional; metas evaluables por instituciones académicas, profesionales, especialistas y organizaciones de la sociedad civil; un programa nacional que optimiza los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación; y, considera la participación coordinada de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en la planeación, formulación y evaluación de las acciones necesarias en los temas de prevención social de la violencia y la delincuencia.

• Este ordenamiento pretende articular, homologar y complementar las diversas políticas, programas y acciones de las áreas de impartición y procuración de justicia, seguridad pública, salud, educación, economía, cultura y derechos humanos; se orienta a las comunidades, a las familias, a los niños, a las mujeres, a los hombres y a los jóvenes en situación de riesgo; y establece el propósito de garantizar los cambios socioculturales en el mediano y largo plazo, mediante mecanismos de participación ciudadana comunitaria y vecinal.

Los comentarios están cerrados.

Crea un sitio web o blog en WordPress.com

Subir ↑