Refundar la Democracia

El orden económico mundial determinado por la especulación financiera, demanda ser revisado porque está causando severos daños a la economía de muchos países y deben tomarse urgentemente las medidas necesarias para prevenir y evitar seguir causando crisis generalizadas y graves flagelos a la población más desvalida. Sin embargo, poco o nada se hace.

Frente a la crisis se manifiesta el malestar y la inconformidad social. En todas partes del mundo se deja sentir la injusta desigualdad que priva en la mayoría de poblacion y en las regiones, son evidentes, la falta de alternativas, de oportunidades y de expectativas. Las personas intempestivamente ven desesperadas la cancelación de su presente y su futuro.

La reacción social, articula como respuesta el movimiento de los “Indignados “, que comenzó el pasado 15 de mayo en la Puerta del Sol de Madrid y cinco meses más tarde, el 15 de octubre fue elegido como el día para globalizar la protesta, surgió con tal fuerza que en todo el mundo se hizo presente en 951 ciudades y en 82 países.

Miles de ciudadanos tomaron las calles, desde América hasta Asia y de África a Europa, se denunciaron los abusos e injusticias causadas por la disfuncionalidad de un sistema económico que está al servicio de las oligarquías financieras que especulan con el hambre y las necesidades de los más pobres y que deja de lado el objetivo de un desarrollo equitativo de la población.

Los manifestantes en Nueva York o en Madrid, en Roma, en México o en Santiago, con diferente poder de convocatoria pero con una fuerte carga de indignación, están exigiendo democracia real, justicia social y un freno a la corrupción. Están, los que claman democracia y libertades en los países árabes; los indignados de España y de otras naciones de Europa que protestan contra la crisis económica, el desempleo, los abusos de los políticos y la codicia de las grandes firmas financieras; los indignados en Estados Unidos que protestan contra la creciente desigualdad en la distribución del ingreso, “somos el 99%”, dicen; los estudiantes chilenos que exigen educación pública gratuita y de calidad.

La Unión Europea, considerada hasta hace poco como un bloque económico, solido, estable y profundamente democrático, ha dejado de serlo por la grave situación que viven Grecia, Italia, España, Portugal e Irlanda y por la crisis financiera y política que la amenaza y cimbra sus cimientos, se suman a las protestas el desencanto y la desesperanza, la falta de credibilidad y de confianza y se formulan severas preguntas que quieren como respuesta, saber si para eso sirve la democracia.

En nuestro país el desánimo ciudadano por la política es preocupante, así lo revela el Latinobarómetro 2011 que señala que el 73 por ciento de los mexicanos se dice descontento con la democracia, fenómeno acentuado por la desconfianza hacia los partidos políticos, la ola de violencia y la crisis económica que afecta la situación de las familias.

Estamos obligados a una reflexión sobre el destino del mundo, pero en México, considero que es evidente que requerimos revisar nuestro modelo político, económico, social y cultural, que impulse de manera armónica, un proceso de desarrollo integral de la Nación Mexicana sobre nuevos paradigmas, nuevas propuestas, soluciones alternativas a la conflictiva política y social que aliente a nuestra marchito modelo de democracia representativa y propicie que los ciudadanos participen de manera efectiva en los procesos de toma de decisiones en los asuntos de interés público.

Los partidos políticos, el gobierno y demás instituciones, están obligados a entender y atender estos fenómenos con prácticas cada vez más abiertas que respondan a las exigencias del protagonismo participativo de la sociedad.

Nuestra democracia debe servirnos para formar un Estados fuerte, con capacidad rectora sobre la economía y con un compromiso claro con la defensa del ciudadano frente a las imperfecciones del mercado y frente a las distorsiones inducidas y determinadas por la especulación, que sin regulaciones, sin principios éticos y sin responsabilidad social en la producción de los bienes o servicios, pueden afectar a la sociedad y al sistema democrático en su conjunto.

Es urgente fortalecer la política y revisar el regimen de partidos para que asuman el compromiso de atender las demandas ciudadanas, reivindicar la ética de la política y la construcción de instituciones eficientes, que reclamen el bienestar social como objetivo fundamental del gobierno.

Es necesario, por tanto, repensar la democracia, ciudadanizar la política, propiciar una mayor participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones, más transparencia en la información y el compromiso, tanto de los servidores públicos como de la sociedad, de promover un gobierno abierto y receptivo, dispuesto a escuchar las propuestas de los ciudadanos para mejorar la política y la gestión de los asuntos público bajo los criterios y principios de libertad, democracia, respeto, pluralidad, tolerancia, inclusión, equidad, corresponsabilidad y solidaridad.

Agenda

La semana pasada se renovó el Consejo Consultivo Núcleo para el Desarrollo Sustentable como órganos de consulta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se integra por representantes de los sectores académico; empresarial; los jóvenes, las ONG’s; las mujeres; los pueblos y comunidades indígenas; y el sector social.

Sin duda estos Consejos facilitarán el conocimiento y análisis de temas nacionales e internacionales en materia de medio ambiente y recursos naturales, estoy cierto que los consejeros con la mejor intención, contribuirán a generar soluciones a las problemáticas ambientales, pero con seguridad advierto que seguirán siendo insuficientes para hacer que la participación ciudadana en la política ambiental, se funda con el gobierno en acciones de corresponsabilidad concurrente.

Un comentario sobre “Refundar la Democracia

  1. Estimado Lic. Ángeles, su reflexión sobre la democracia en la víspera del proceso electoral para renovar los Poderes ejecutivo y legislativo federal, motiva la conveniencia de revisar lo que hacemos o dejamos de hacer los ciudadanos para entender el concepto de estado de derecho y de legalidad que prevalece en México.
    Para la ONU, el estado de derecho es: “Principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal»
    La falta de credibilidad en los partidos políticos, la inseguridad y la creciente ola de violencia y delincuencia en todo el país, ha propiciado en la ciudadanía la percepción de que no se están haciendo bien las cosas, que no obstante la existencia de leyes éstas no se aplican o se aplican mal; que aún cuando vivimos en un sistema representativo y democrático, en poco o nada se promueve la participación ciudadana, a no ser para atender el reclamo colectivo cuando hacen crisis la inobservancia de la ley, la falta de transparencia y el hartazgo por la falta de resultados en el desempeño del poder entregado en las urnas a las autoridades electas.
    Sin duda que el sistema de partidos en México ha sufrido retrocesos. Es fácil recordar que para hacer más transparentes los procesos electorales, los Organismos Electorales fueron ciudadanizados; es decir, se desplazó la presencia del gobierno y la función estatal de organización de las elecciones federales y se asignó a un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, en el que los Consejeros Ciudadanos cuentan con derecho de voz y voto para el ejercicio de su responsabilidad y los partidos políticos únicamente con derecho a voz –opinan pero no votan-. Con el tiempo la función se degrado, al punto de que a la fecha el IFE opera incompleto, en espera que la representación “popular” de la ciudadanía en el Congreso consense o negocie la designación de los Consejeros faltantes.
    Coincido en la necesidad ciudadanizar la política propiciando una mayor participación ciudadana activa en la toma de decisiones y revisar el régimen de partidos. Es necesario hacer prevalecer el estado de derecho y privilegiar la legalidad como parte de nuestra convivencia; en efecto, para conseguirlo solo hay un camino: hagamos que se cumplan las leyes, que los partidos políticos desempeñen su función de entidades públicas responsables de promover la participación del pueblo en la vida democrática; y no sólo para integrar la representación nacional o el acceso al poder público; o de lo contrario, propongamos su adecuación y exijamos su cumplimiento.
    Si la legalidad es una cuestión de constitucionalidad y es el principio rector del desempeño de las autoridades, o como garantía de los actos, procesos o resoluciones jurisdiccionales, propugnemos por que prevalezca y señalemos a los omisos, así abonamos a construir una ciudadanía participativa.

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