Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia

México enfrenta graves problemas que parecen insolubles, la inseguridad pública generalizada, la violencia, la criminalidad y el ataque del crimen organizado a las instituciones de la República.

Este deterioro creciente de la vida institucional impacta los más diversos aspectos de la vida nacional, por lo que desde hace tiempo se ha señalado la importancia y trascendencia de concretar acciones que modifiquen la forma de enfrentar la inseguridad, hacer justicia y darle rumbo al país ante los principales problemas y carencias que enfrenta.

En este contexto resulta alentadora la propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional presentada el pasado lunes 8 de agosto, llamada “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”. En la misma se puntualizan los contenidos que con un enfoque integral, conforman la Agenda para un Nuevo Pacto Social para fortalecer nuestras instituciones, decidir colectivamente, vigorizar nuestro régimen democrático y mejorar el presente y el futuro del país.

La propuesta de la UNAM abarca muchos temas que deberán ser analizados con detenimiento, en este sentido, destaco del documento algunos argumentos que sustentan la urgente necesidad de reorientar a las instituciones de seguridad y justicia; redefinir la estrategia de lucha contra el crimen organizado; privilegiar, con énfasis en la juventud, la prevención de la violencia y la delincuencia; impulsar la transparencia en la rendición de cuentas; la atención prioritaria a quienes enfrentan mayor riesgo y vulnerabilidad, así como la política de género y el abatimiento de la impunidad.

Establecer una política de estado en seguridad pública y justicia en democracia, implica según nuestra Máxima Casa de Estudios, un replanteamiento institucional entre órdenes, niveles y poderes de gobierno, coordinación interinstitucional, profesionalización de las fuerzas del orden y vigilancia y control de las acciones policíacas y judiciales, tareas en las que la participación de la ciudadanía debe garantizarse por ser fundamental para verificar y evaluar su desempeño.

En una época de incertidumbre como la que desafortunadamente vive el país, este tipo de ejercicios son una esperanza, ya que con seriedad y sustento institucional proponen acciones para avanzar en la búsqueda de una sociedad más justa y más segura, una democracia fortalecida y una efectiva protección de los derechos humanos.

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